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Ex funcionarios de Tamaulipas, México, siguen en la mira
Tamaulipas es una de las entidades mexicanas más afectadas por la violencia del crimen organizado.
- Getty Images
Investigaciones por presuntos nexos con el narco
El pleno del Instituto Federal de Aceso a la Informacion (IFAI) pidió a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) buscar información sobre la denuncia interpuesta por un ciudadano en 1997 contra ex funcionarios públicos de Tamaulipas, por presuntas actividades relacionadas con el tráfico de drogas y armas.
El sujeto obligado de localizar la información deberá entregar la versión pública de la resolución del no ejercicio de la acción penal; en caso de haber sido emitida, así como el estado que guarda la averiguación previa y la oficina o delegación en la que radica.
En su respuesta, la PGR, por conducto de diferentes unidades administrativas, declaró la inexistencia de los datos, razón por la que el solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que fue turnado a la ponencia de la comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño.
En alegatos, la entidad pública reiteró su respuesta; no obstante, después de analizar la normatividad aplicable, la comisionada ponente advirtió que la PGR no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes, como lo son la delegación de Tamaulipas y la Agregaduría de la dependencia federal en San Antonio, Texas.
Además, se advierte que la denuncia fue dirigida al director general del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Salud, la cual fue sustituida por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en 2003.
Por lo tanto, la comisionada Pérez-Jaén propuso revocar la respuesta de la PGR e instruirle a llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de la información en todas sus unidades administrativas, sin omitir a la delegación de Tamaulipas y a la Agregaduría de la PGR, en San Antonio, Texas.
La propuesta fue aprobada por mayoría, con el voto disidente de la comisionada Sigrid Arzt Colunga.
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