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Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, acusado de recibir dinero del narco
Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, con el candidato del PRI y el PVEM, Enrique Peña Nieto.
- Twitter
Ordenan su detención
CIUDAD DE MÉXICO - Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e invirtió el dinero en bienes raíces en Texas, según los fiscales federales en dos solicitudes de confiscación de propiedades que fueron presentadas.
No se ha iniciado todavía ningún cargo penal contra Yarrington, pero las medidas presentadas ante el fuero civil afirman que cuando fue funcionario público recibió "millones de dólares en pagos" de los cárteles de la droga "y de varios esquemas de extorsión o soborno".
En ese entonces Yarrington utilizó a varios testaferros y negocios para “convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero” según los documentos interpuestos en Corpus Christi. El otro caso fue presentado en San Antonio.
Las autoridades de EU intentan decomisar un condominio en la isla South Padre y una propiedad de 186 hectáreas en San Antonio
EU busca decomisar propiedades de Yarrington
El ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba aceptó millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico e invirtió el dinero en bienes raíces en Texas, según los fiscales federales en dos solicitudes de confiscación de propiedades que fueron presentadas ayer.
No se ha incoado todavía ningún cargo penal a Yarrington, quien fue gobernador entre 1999 y 2004, pero las medidas presentadas ante el fuero civil afirman que cuando fue funcionario público recibió “millones de dólares en pagos” de los cárteles de la droga “y de varios esquemas de extorsión o soborno”.
En ese entonces Yarrington utilizó a varios testaferros y negocios para “convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero”, según los documentos interpuestos en Corpus Christi. El otro caso de confiscación fue presentado en San Antonio.
Las autoridades estadounidenses intentan decomisar un condominio en la isla South Padre y una propiedad de 186 hectáreas (46 acres) en San Antonio.
Un abogado de Yarrington en Houston dijo que estaba revisando los documentos que fueron divulgados el martes por la noche. Declinó pronunciarse de inmediato sobre los casos.
Yarrington fue también alcalde de Matamoros, la ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, entre 1992 y 1995. Matamoros ha sido el centro de operaciones del cártel del Golfo.
Según el caso presentado en Corpus Christi, Yarrington Ruvalcaba recurrió a un empresario mexicano que fue contratista para la alcaldía de Matamoros para que fuese el comprador oficial del condominio de 450 mil dólares en South Padre en 1998. La propiedad fue puesta a nombre de esa persona para evitar la detección de la policía, según los fiscales.
PRI se deslinda de ex gobernador
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se deslindó del ex gobernador Tomás Yarrington.
El coordinador de la campaña presidencial, Luis Videgaray, dijo en MVS Radio que es "condenable" que un político incurra en actos criminales como el que se le acusa al ex gobernador Tomás Yarrington y lo llamó a que comparezca ante las autoridades.
"Como priistas hacemos la más enérgica condena y un deslinde claro y completo", señaló el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto.
Además el partido mandó un comunicado a todos los medios de prensa en el que aclaró que esta situación la debe de aclarar el mismo Tomás Yarrington.
"El PRI no solapa, bajo ningún concepto, impunidades. Donde se compruebe que ha habido faltas a la ley, ésta debe aplicarse con todo rigor", escribió el partido en el comunicado de prensa.
Pedro Joaquín Coldwell, presidente nacional del PRI, solicitó a la Comisión Nacional de Justicia Partidiaria que "sesione en brevedad a efecto de proceder, de conformidad con los estatutos y los reglamentos partidiarios, a la suspensión inmediata de la militancia del señor Yarrington, en tanto que la Corte que lo juzga determina de manera definitiva su situación jurídica.
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