La violencia perdura en Egipto pese a toque de queda

Las ciudades egipcias de Port Said, Suez e Ismailia se encuentran en estado de emergencia, ante las 50 víctimas que ha cobrado la reciente ola de violencia  tras el anuncio de las sentencias de muerte para los 21 involucrados en los choques después un partido de fútbol el año pasado.

El presidente de Egipto Mohamed Morsi impuso un toque de queda desde el primer minuto de este lunes y tendrá una vigencia de al menos 30 días, tiempo en el que también se impondrá un toque de queda nocturno entre las 21:00 horas y las 06:00 del día siguiente (19:00 y 04:00 GMT).

La medida fue aplicada ante la creciente violencia y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que han salido a las calles para expresar su rechazo a la pena de muerte contra 21 implicados en la tragedia de futbol del año pasado en Port Said.

Podrán arrestar a civiles

El gabinete egipcio ha aprobado un proyecto de ley que da al Ejército el poder para arrestar civiles y ayudar a la policía a proporcionar seguridad, dijo una fuente del gabinete a Reuters, después de conocerse que la cifra de muertos en unas protestas antigubernamentales que duran seis días asciende a 50.

La fuente dijo que el Ejército "se comportaría como una fuerza policial", lo que significa que cualquier detenido iría a un tribunal civil y no militar. No dijo si la capacidad del Ejército para hacer arrestos se extendía a todo Egipto o sólo se aplicaba a las ciudades del Canal de Suez donde el presidente ha declarado el estado de emergencia.

Además, se autoriza la cooperación del Ejército y la Policía para proteger las instituciones vitales del estado, según una ley que estará en vigor hasta que terminen las elecciones legislativas, previstas para los próximos meses.

Con este nuevo marco legislativo, refuerzos militares llegaron hoy a Suez y Port Said, donde ya se habían desplegado tropas egipcias el pasado sábado

"Viernes de Ira"

Coincidiendo con el aniversario del denominado "Viernes de la Ira", una de las jornadas más sangrientas de la revolución de hace dos años, los disturbios se impusieron sobre cualquier intento de manifestación pacífica.

Miles de personas se congregaron en Tahrir en protesta contra Mursi y la violencia, horas después de que los opositores marcharan con ese mismo objetivo hacia el Parlamento y recordaran a los fallecidos desde la revolución en un rezo colectivo.

Mientras, otras tres personas murieron hoy por las heridas sufridas en los recientes choques de Port Said, intensificados tras la condena a muerte de 21 acusados por la masacre de hace casi un año en el estadio de fútbol local, lo que elevó a cuarenta el número de muertos en esa localidad del noreste del país.

La ola de violencia que desde el viernes pasado -cuando se conmemoró el segundo aniversario de la revolución- se ha cobrado la vida de medio centenar de personas en Egipto llevó ayer al presidente egipcio a imponer el estado de emergencia y el toque de queda en las vecinas provincias de Port Said, Suez e Ismailiya.

Algunos grupos juveniles anunciaron que desafiarán estas medidas excepcionales con nuevas manifestaciones nocturnas en las que expresarán su "ira" hacia Mursi y los Hermanos Musulmanes.

Grupo opositor no islamista no quiere dialogar

En el terreno político, el Frente de Salvación Nacional -FSN, el principal grupo opositor no islamista- rechazó hoy participar en el diálogo nacional propuesto por el mandatario, que finalmente se reunió con partidos islamistas afines y algunas figuras independientes.

El FSN prefirió poner una serie de condiciones antes de sentarse a la mesa de diálogo, entre ellas el cese de la violencia y del estado de emergencia, la creación de un gobierno de unidad y la modificación de la Constitución.

Por su parte, la Cámara alta del Parlamento o "Shura", que ejerce actualmente el poder legislativo tras la disolución de la Cámara baja, aprobó la declaración del estado de emergencia por treinta días emitida por Mursi y la reforma de la ley por la que se permite al Ejército velar por la seguridad en el país.

Esta norma implica que las fuerzas armadas podrán detener a civiles que atenten contra personas o propiedades, y ponerlos a disposición de la Fiscalía para que sean juzgados ante tribunales civiles.

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