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Diputados aprobaron Ley General de Víctimas en México

Promotores de la ley

Sicilia comenzó a promover la ley al sostener que el Estado debe atender a todas las víctimas, sin importar si son miembros del crimen o no.

Sólo entre diciembre del 2006 y septiembre del 2011, la violencia atribuida al narcotráfico ha dejado en todo el país más de 47.500 asesinados, según estadísticas oficiales. El lunes, legisladores dijeron que había más de 70.000 muertos, aunque no precisaron de dónde procedía la cifra.

El movimiento de Sicilia tuvo a mediados del 2011 un encuentro inusual con el presidente Felipe Calderón, en el cual el poeta le exigió una disculpa al país por los miles de afectados por la violencia.

El mandatario dijo entonces que el gobierno debía disculparse por no haber actuado a tiempo, pero no por desplegar fuerzas federales para combatir a los carteles de las drogas.

Luego del encuentro, sin embargo, el presidente comenzó a modificar su discurso para resaltar la necesidad de atender a todas las víctimas. Antes, solía repetir que la mayoría de los fallecidos eran personas involucradas de alguna manera con el crimen.

El gobierno ya había creado en septiembre una procuraduría especial que se encargará exclusivamente a la atención de las víctimas de delito, aunque Sicilia ha dicho que el movimiento desea más una comisión de la verdad.

En su oportunidad, los diputados Olga Luz Espinosa Morales, del PRD; Gastón Luken Garza, del PAN; Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del PT, y María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza, coincidieron que con las instancias que se crearán, las víctimas en México ya no formarán parte de las estadísticas de la impunidad y la desesperanza.

Protección a afectados 

Torre Canales precisó que a partir de la publicación de esa ley, se podrá exigir a los tres órdenes de gobierno una mayor protección a las personas afectadas por los delitos y la inseguridad, así como por las violaciones a los derechos humanos.

Las víctimas tendrán derecho a solicitar la reparación del daño de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva, aunque aclaró que “en Nueva Alianza estamos conscientes que hay daños que no se pueden reparar”.

No obstante, advirtió que la norma “debe representar para las víctimas y para todos nosotros una vía para la obtención de una adecuada procuración de justicia” y una garantía de no repetición de delitos y violaciones a los derechos humanos.

La legisladora exhortó además a las instancias que a partir de la entrada en vigor de ese ordenamiento formarán parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a llevar a cabo a la brevedad posible las acciones derivadas de sus funciones.

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