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México redobla asistencia para sus nacionales en Arizona; mexicanos repudian ley
Intensifican medidas
MÉXICO - México anunció que fortaleció la asistencia a sus nacionales en Arizona ante la inminente entrada en vigencia de una controversial ley que afectará a los inmigrantes indocumentados en esa región de Estados Unidos.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo el martes que "intensificó las medidas de protección consular para los mexicanos residentes en Arizona" al margen de su condición migratoria.
Los cinco consulados de México en Arizona han ampliado sus programas de
asesoría legal y de difusión en torno a los alcances de la llamada Ley SB1070, agregó.
La ley SB 1070, que entrará en vigor el jueves, fue promulgada el 23 de abril por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer,
y autoriza a la policía estatal a verificar el estatuto migratorio y a
realizar detenciones de indocumentados para proceder a su eventual
deportación; según diversos organismos de derechos humanos, propiciaría
abusos.
La cancillería de México dijo que aumentó el personal y
los recursos financieros en sus consulados en ese estado para que
brinden asistencia jurídica a los nacionales que la necesiten.
Los
consulados mexicanos de Phoenix, Yuma, Douglas, Tucson y Nogales, han
multiplicado en los últimos días sus programas de difusión sobre los
alcances de la esta polémica ley y disponen de líneas telefónicas para
brindar asesoría, añadió el comunicado de la cancillería.
Rechazo internacional
México sumó a su rechazo a la medida el apoyo diplomático de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú, afirmó.
El
gobierno de México está pendiente de la resolución que emita una corte
en Estados Unidos sobre la entrada en vigencia, total o parcial, de la
ley contra los indocumentados en Arizona, dijo la cancillería sobre las
impugnaciones presentadas por el gobierno estadounidense y varias
organizaciones hispanas.
Agregó que "está preparada para
instrumentar las medidas inmediatas que se requieran para proteger los
derechos de los mexicanos en el estado de Arizona, independientemente
de su condición migratoria".
En Arizona viven unos dos millones
de hispanos, 33 por ciento de ellos no nacidos en Estados Unidos. Se
calcula que de ellos unos 460,000 son indocumentados, en su mayoría
mexicanos.
El gobierno del presidente estadounidense Barack
Obama presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley con
el argumento de que las políticas migratorias no son facultad de los
gobiernos estatales.
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