Muerte de niños pone a prueba credibilidad del Ejército mexicano

No hubo enfrentamiento

MÉXICO - Un viaje a la playa se vio truncado y terminó en tragedia para la familia Almanza Salazar cuando dos de sus hijos de 5 y 9 años murieron en una carretera del norte de México, en un hecho que involucró a militares y que hoy se ha transformado en un asunto que pone a prueba la credibilidad del ejército mexicano.

Los primeros reportes del gobierno aseguraron que los pequeños Martín y Bryan Almanza murieron el 3 de abril en una carretera del estado de Tamaulipas al quedar la camioneta de su familia en medio de un enfrentamiento entre soldados y sicarios del narcotráfico. Los padres lo refutaron y dijeron que no hubo ningún choque armado y que los militares dispararon directamente en su contra, sin razón aparente.

El caso tomó otro nivel hace unos días, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) --un organismo del Estado mexicano-- dio a conocer una investigación propia y además de avalar la versión de la familia, aseguró que los militares alteraron la escena para hacer creer a la opinión pública que se trató de un enfrentamiento.

El reporte de la CNDH no es menor, sobre todo en momentos en que el ejército maniobra para acercarse más a una sociedad que en el actual gobierno ha tenido que aprender a lidiar con miles de soldados desplegados en las calles como parte de la estrategia del combate al narcotráfico.

"Es una situación complicada que sí pone en duda la credibilidad del ejército, no tanto como instancia que da protección a la ciudadanía o que combate al narcotráfico, sino porque eventualmente encubre ciertos hechos", dijo a la AP Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Recomendaciones al Ejército

A partir de su investigación, la CNDH emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que indemnice a la familia Almanza, instruya a los soldados a no alterar escenas y someter periódicamente a los militares a exámenes toxicológicos y psicológicos.

Marat Paredes, segundo visitador de la CNDH y uno de los responsables de la investigación, dijo a la AP que además de la recomendación (que no tiene efectos vinculantes), la comisión presentará denuncias ante las procuradurías General de la República y de Justicia Militar.

La Sedena informó el viernes que aceptaba la recomendación, pero que parte de su cumplimiento --como indemnizar a la familia-- está sujeto a que la Procuraduría de Justicia Militar concluya su investigación, para "evitar prejuzgar sobre la responsabilidad del personal militar". No hay un plazo para resolver.

Dijo, además, que ya somete periódicamente a los militares a exámenes toxicológicos y psicológicos.

Defensa ciega

El tono mesurado de la Sedena contrastó con declaraciones unos días antes del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien ya rechazó de antemano que se haya alterado la escena y calificó el reporte de "descontextualizado" porque no tuvo acceso a las indagatorias del propio ejército, no obstante que admitió que no se les podía dar porque están reservadas por ley.

Según un peritaje de la CNDH, el vehículo de la familia en que viajaban 13 personas resultó con 11 disparos en el parabrisas, tres en el cofre, tres en la puerta delantera izquierda, cinco en la puerta trasera izquierda, dos en el costado trasero izquierdo, además de seis en la tapa trasera y la defensa, incluido un impacto producido por una granada de fragmentación.

Cinco personas resultaron heridas, aparte de los pequeños fallecidos.