Tribunal mexicano se hace cargo de impugnación electoral

Proceso durará semanas

La justicia mexicana se hizo cargo del recurso de impugnación de los últimos comicios presentado por la izquierda, el primer paso de un proceso que se prolongará varias semanas y en el que está en juego la validez de la votación del 1 de julio.

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El legajo fue entregado por representantes del Instituto Federal Electoral (IFE), el órgano rector de los comicios, en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que debe pronunciarse sobre la validez de la elección.

Esta es la primera vez en la historia de México que se presenta una petición para que se declare inválida una elección presidencial, que, según el escrutinio oficial, fue ganada por el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto.

La batalla legal que se llevará a cabo en el tribunal enfrentará a la alianza izquierdista encabezada por Andrés Manuel López Obrador, por una parte, y un equipo de unos 30 abogados del PRI que ya hizo llegar documentos al TEPJF sobre este asunto.

La izquierda presentó el pasado jueves su impugnación ante el IFE, que traspasó al Tribunal el legajo, todas las pruebas y sus propias consideraciones que defienden la limpieza de la última votación.

Entre dimes y diretes

Al anunciar ese "juicio de inconformidad", López Obrador afirmó que el PRI ganó los comicios gracias una masiva compra de votos, que calculó en cinco millones, entre otras maniobras irregulares que achaca al partido que acaparó el poder en México entre 1929 y 2000 y que ahora busca regresar a la residencia presidencial de Los Pinos.

El TEPJF tendrá que analizar más de 600 páginas del legajo de impugnación presentado por la izquierda y, además, unas 1,600 hojas del documento de defensa que ha presentado en las últimas horas el PRI ante el mismo tribunal.

El equipo legal del PRI, coordinado por el senador Jesús Murillo Karam, considera que las pruebas presentadas por la izquierda son "mentiras", incluida la presunta compra de cinco millones de votos por diversos sistemas, como la entrega a electores de tarjetas de consumo.

"Esta acusación es falsa y cae por sí sola. Equivale al absurdo de que uno de cada diez votos hubiera sido comprado. Habría millones de testigos, cuando lo único que hay son 50 millones de electores que ejercieron sus derechos políticos con dignidad", afirmó ayer el presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell.

El Tribunal Electoral anunció que la comisión especial que analizará inicialmente la validez de la elección presidencial estará conformada por los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava Gomar.

El presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, en declaraciones a los periodistas antes de que se recibieran los documentos de impugnación, dijo que los tres magistrados que se encargarán del caso formularán un proyecto de resolución "a la brevedad posible".

El caso será llevado por la Sala Superior del Tribunal, que tiene de plazo hasta el 31 de agosto para emitir su dictamen, antes de que el 6 de septiembre entregue al presidente electo los documentos que lo acreditan como tal.

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