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2010, el año en que murió la reforma migratoria
El año 2010 sin duda se convirtió en el peor año para los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. Cierra con la deportación de casi 400 mil extranjeros con y sin permiso de estadía legal, no hubo debate de reforma migratoria, el Dream Act fue aprobado y desaprobado en el Congreso y entró en vigor la polémica ley de Arizona.
La reforma migratoria fue un compromiso de campaña que asumió el Presidente Barack Obama en 2008. Primero dijo que lo empujaría en los primeros 100 días de mandato contados a partir del 20 de enero de 2009, pero luego corrigió la fecha al primer año en la Casa Blanca. Pero transcurrieron los meses y la promesa fue quedando relegada entre otros temas de mayor interés.
El proyecto de reforma migratoria visualizado por Obama incluía una vía de legalización para indocumentados que llevaran tiempo en Estados Unidos, pagaran impuestos y carecieran de antecedentes criminales. Bajo estas premisas se trabajaron algunos proyectos, pero ninguno logró consolidar un compromiso bipartidista.
En el curso de 2009 se registró un solo intento de debate con la presentación de un plan de reforma por parte del Congresista demócrata Luis Gutiérrez (Illinois). El proyecto no fue incluido en la agenda ni al término de esa legislatura ni en 2010 y nada indica que será debatido en los próximos meses.
Una de las razones señaladas por analistas precisa que los demócratas, a pesar de tener el control de la Cámara de Representantes, no tienen los votos necesarios para aprobar la reforma migratoria y tampoco cuentan con el apoyo de los republicanos. Hacen falta 218 respaldos para convertirlo en ley.
Un ejemplo de las profundas divisiones dentro del partido demócrata con el tema migratorio fue la votación reciente del Dream Act. Al menos 38 legisladores del partido del Presidente le dijeron no al proyecto, que al fin de cuentas fue apoyado en la Cámara gracias al respaldo de ocho congresistas republicanos. Pero no sucede lo mismo en el Senado.
Entre enero y marzo de 2010 y tras la “inacción” legislativa del año anterior, los senadores Charles Schumer (demócrata de Nueva York) y Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur), unieron esfuerzos para elaborar un plan de reforma migratoria comprensivo que incluiría una vía de legalización regulada.
El proyecto, similar al que Gutiérrez presentó el 15 de diciembre de 2009, establecía como requisito un férreo control en la frontera con México, freno total al cruce de inmigrantes indocumentados, vigilancia y cerco a las empresas para que no contraten a indocumentados y mejoras al programa de verificación de empleo.
Simultáneamente a la elaboración del plan, el gobierno ajustó su política de persecución de inmigrantes sin papeles enfatizando en la localización, captura y deportación de inmigrantes con antecedentes criminales. El resultado fue la expulsión de 392 mil inmigrantes en el curso del año fiscal 2010, que finalizó el 30 de septiembre.
A su vez ajustó el sistema de verificación de empleos (E-Verify), que obliga a las empresas a inscribirse en una base de datos del DHS para cotejar los datos de identificación de trabajadores extranjeros con los archivos federales. En caso de incongruencia, la empresa está obligada a suspender de inmediato el trato con el empleado cuyos datos fueron puestos en duda.
Un segundo avance se registró en la vigilancia fronteriza. Durante el curso del año fiscal 2010 el gobierno incrementó el envío de tropas de la Guardia Nacional a la frontera con el propósito de colaborar con las autoridades estatales en la vigilancia y control de la inmigración indocumentada.
A la estrategia se sumó el fortalecimiento del programa federal denominado Comunidades Seguras. El sistema ubica a extranjeros en centros penitenciarios y archivos de individuos que han cometido delitos. Si se prueba que son indocumentados, son deportados de inmediato si están libres, o una vez que cumplan con la sentencia de prisión.
En Arizona, mientras el 29 de julio entró en vigor la ley SB1070, que criminalizó la estadía ilegal en ese estado fronterizo con México. En el resto del país la permanencia sin papeles sigue siendo considerada una falta de carácter civil no penal.
El gobierno federal demandó a la ley de Arizona bajo el argumento que el tema migratorio es un asunto federal. Un juez frenó partes de la legislación y aceptó revisar la medida, que ya ha contagiado con propuestas similares o parecidas en al menos 30 estados con alta concentración de inmigrantes latinos.
La ley de Arizona o SB1070, entre otras regulaciones, obliga a los empleados públicos a denunciar o reportar a las autoridades de inmigración a los inmigrantes indocumentados. Si no lo hacen, quedarán sujetos a ser multados y sancionados por este nuevo delito tipificado en el estado.
Simultáneo a la promulgación de la Ley de Arizona, se rompió la frágil alianza que sostenían los senadores Schumer y Graham. Los republicanos actuaron en bloque y anunciaron que no respaldarían ninguna propuesta migratoria porque los indocumentados eran extranjeros que habían violado leyes federales y no merecen ningún tipo de amnistía.
Los demócratas también respondieron en bloque. Retomaron el plan de los senadores Schumer y Graham y entregaron al Congreso un borrador de reforma en los mismos términos, incluida una vía regulada de legalización para miles de indocumentados que carezcan de antecedentes criminales.
Con este nuevo escenario enfrentaron las elecciones de medio tiempo del 2 de noviembre. El resultado favoreció a los republicanos quienes ganaron el control de la Cámara de Representantes y reconquistaron cuatro asientos en el Senado, que seguirá bajo el mando demócrata de Harry Reid (Nevada).
El nuevo balance de poder aleja las probabilidades de un debate migratorio en 2011. Teniendo esto en cuenta, los demócratas forzaron el debate migratorio, pero ahora con una variante: aprobar solo uno de los beneficios del proyecto global, el Dream Act, para darle residencia a 850 mil jóvenes indocumentados.
El plan dio un resultado favorable a medias. La Cámara de Representantes lo aprobó con 216 sufragios y 198 en contra, dejando en manos del Senado el futuro de cientos de miles de inmigrantes que aguardan una oportunidad para regularizar sus permanencias.
Los republicanos advierten que cualquier negociación con los demócratas pasa por un replanteamiento de la agenda política de Washington, donde la reforma migratoria fue desplazada hacia la lista de asuntos no prioritarios y reemplazada por temas tales como seguridad fronteriza y freno a la inmigración ilegal por razones de seguridad.
El panorama no pinta bien para la reforma migratoria en 2011. De mantenerse las posturas en bloque y tomando como base la reciente votación del Dream Act, todo indica que no habrá reforma migratoria y las esperanzas de legalización murieron para los 11.1 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.
Si la postura asumida por los republicanos, de oponerse a cualquier beneficio migratorio para los indocumentados, le permitió ganar el control de la Cámara de Representantes y arrebatar cuatro asientos en el Senado, ¿qué sentido tendría variar la estrategia con miras a las elecciones presidenciales de 2012?
De aprobarse la reforma migratoria en 2011 o 2012, los demócratas llegarán con más tranquilidad a la elección presidencial. Pero el nuevo balance electo en noviembre indica que no se registrará ningún movimiento. Y sin no hay cambios, es probable que el fenómeno de Arizona se riegue con más fuerza porque los estados intentarán hacer el trabajo que no hizo el Congreso: poner fin a la inmigración indocumentada con o sin reforma migratoria.
El gobierno federal ya advirtió que no frenará su política de deportaciones, a pesar de los pedidos y clamores de decenas de organizaciones nacionales que claman por una moratoria hasta que el Congreso debata la reforma. Y como la reforma se alejó aún más después del 2 de noviembre, tiene sentido esperar a que el gobierno ceda a las presiones.
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