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La pesadilla americana

Condiciones inaceptables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó varios centros de detención de inmigrantes en Arizona y Texas, luego de largas gestiones que comenzaron durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009). El diagnóstico preliminar indicó que las condiciones de los detenidos son "inaceptables" y que en muchos casos el 'debido proceso' se ha visto afectado.

A puertas cerradas. Entre 2005 y el 20 de enero de 2009 el gobierno federal se negó a que relatores de la CIDH ingresaran a los centros de detención para conocer cómo viven los inmigrantes presos, muchos de ellos sin antecedentes penales. Fueron confinados sólo por permanecer sin papeles en EU, un asunto que, de acuerdo a la ley, se trata de una falta de caracter civil no penal.
Recavando datos. Las visitas se efectuaron entre el 20 y el 24 de julio. Fueron autorizadas por la jefa de Seguridad de EU, Janet Napolitano, y permitieron, por primera vez, recoger información de manos de los detenidos, de funcionarios de ICE y de organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes indocumentados.

La CIDH, un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), determinó que las condiciones de muchos presos no cumplen con las normas de detención vigente.

"Muchos hombres, mujeres y niños detenidos (…) se encuentran en condiciones inaceptables", se lee en el informe. Pese a ello, Comisión destacó la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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Punto lamentable. Durante los cuatro días de inspección, la CIDH intentó ingresar a la cárcel del condado de Maricopa, Arizona. Pero el alguacil Joe Arpaio "negó el acceso" a los relatores, dijo la Comisión. La OEA lamentó que los relatores "no hayan tenido la capacidad de hacer posible esta visita". Arpaio es un declarado antiinmigrante y asegura que continuará arrestando a inmigrantes sin papeles en su territorio.

El polémico policía, quien viste a sus presos con traje de rayas y ropa interior rosada, anunció además que continuará con su campaña personal de criminalizar la estadía indocumentada.

Arpaio culpa de todos los males en Maricopa a los inmigrantes sin estatus de permanencia legal.


Hay mejoras, pero… El informe preliminar de la CIDH reconoció que en lo que va de la administración del presidente Barack Obama "hay avances" en el trato a los indocumentados, pero "persisten" condiciones de detención preocupantes.

Dijo que el trato y la custodia de los inmigrantes menores de edad no acompañados y arrestados por el ICE registró un enfoque más humano, pero advirtió que todavía falta garantizar un "adecuado acceso a asesoría legal".
Escasez de defensores. El principal problema es la falta de abogados "financiados por el Estado para representar a los menores", subraya el informe preliminar. Agrega que la ubicación de las cárceles -un tema estratégico del DHS-, muchas en áreas rurales, hace inaccesible la presencia de defensores legales.

Muchos indocumentados, entre recién nacidos y 18 años de edad, quedan literalmente solos para defender sus permanencias en Estados Unidos.
Sistema mediocre. Si bien el gobierno tomó la decisión de construir los centros de detención lejos de las ciudades, está obligado a proporcionar servicios básicos mínimos a los detenidos.

El informe concluye que en estos lugares también hay escasez de programas de salud mental y trabajo social, y que el gobierno federal debería garantizar la satisfacción de estas necesidades a los menores de edad.
Demasiadas deportaciones. Cada año el DHS detiene a unos 90 mil menores de edad que intentan ingresar sin papeles a EU. De ellos, unos 10 mil quedan bajo la custodia de la Office of Refugee Resettlement (ORR), que los ayuda a permanecer en el país legalmente. El resto, 80 mil, son deportados casi de inmediato.

La CIDH dijo que preocupa la metodología empleada por la Patrulla Fronteriza para identificar a las víctimas de tráfico ni para atender solicitudes de asilo.
Presos sin culpas. De "preocupante" tildó la CIDH la detención de familias de inmigrantes que solicitaron asilo y sus casos están pendientes de resolución, algunos por varios meses.

Agregó que los centros de detención familiar del ICE recibieron hace dos años la orden de un juez de hacer cambios, pero que sólo uno había sido llevado a cabo recientemente.

Gobierno lento. La OEA consideró que el gobierno federal estadounidense es demasiado lento en el cumplimiento de acuerdos alcanzados judicialmente para mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes indocumentados enciados a centros de detención de ICE.

Agregó que la falta de supervisión adecuada puede causar nuevos y graves retrocesos, dificultando la puesta en libertad bajo fianza de los arrestados o la aprobación de sus casos de asilo.
No les importa la edad. Uno de los casos más graves denunciados por la CIDH son las familias retenidas en el centro de detención de Hutto, Texas. Más del 90 por ciento son solicitantes de asilo, familias con hijos menores de edad que no han cometido delitos y llevan meses privados de libertad.

El gobierno, concluyó, no cumple con el principio del "interés superior del niño", negando derechos fundamentales a infantes, algunos que todavía ni siquiera han aprendido a caminar.
Derechos pisoteados. Los derechos fundamentales de todo niño son: Conservar sus derechos garantizados por la Constitución, limitarse al máximo la privación de libertad, acceso a una legítima… En Hutton estos derechos no existen.

"Las condiciones observadas no cumplen con los principios aplicables a la detención de solicitantes de asilo bajo el derecho internacional", escribió la CIDH.

Agregó que los solicitantes de asilo huyen de la persecución en sus países de origen, y el impacto psicológico que sufren ellos y sus hijos por estar presos es perjudicial para su bienestar.

Esto se ha repetido en los últimos ocho años, pero el gobierno no escucha.
Desorden garrafal. La Comisión también observó "significativas disparidades" entre los centros de detención de inmigrantes. ¿Las razones? La subcontratación de servicios de prisiones estatales y municipales, de personal de seguridad privados, de compañías que generan obstáculos descomunales para la atención que deberían ofrecer a los inmigrantes.

Este desorden impide la "responsabilización" y se violan frecuentemente los derechos humanos de las personas detenidas en los centros bajo el mando de ICE.

En algunos centros los inmigrantes se quejaron por la poca comida y falta de atenciòn sanitaria. Algunos indocumentados que buscaron asilo sufrieron violación en sus países y en Estados Unidos son tenidos como criminales mientras la burocracia resuelve sus gritos de ayuda.
Calambres de hambre. En el penal de Willacy, Texas, los relatores de la Comisión hablaron con detenidos que denunciaron haber sufrido calambres a causa del hambre. También descibrieron escasez de personal para atenderlos y falta de servicios médicos apropiados para los 1,700 arrestados.

Apuntó que la ubicación del penal afecta no sólo la llegada de abogados y activistas comunitarios, dijo también la contratación.
Santos en el infierno. Santos en el infierno. En el centro de Pinal County, la mayoría de los presos de ICE  carece de antecedentes penales y fueron privados de libertad por violaciones migratorias civiles. Las condiciones de vida de estas personas, resaltó el informe, "no son diferentes a las de criminales convictos".

Algunos indocumentados encerrados viven en espacios limitados e incomunicados. No son criminales, pero los tratan como tales.
Pesadilla americana. Cárceles de ICE que no tienen espacios de recreación, el gobierno no tiene control sobre el funcionamiento de los centros, empresas privadas que hacen el trabajo del gobierno, escasez de teléfonos, falta de información, incomunicación, ausencia de protección, vulnerables, sufrimiento, llanto, desesperación, castigos…

Las cárceles del servicio de inmigración estadounidense son la peor pesadilla para los inmigrantes que vienen en busca de una vida mejor. En 2008, el ICE ejecutó más de 1,200 redadas en centros de trabajo y detuvo a más de 32 mil inmigrantes indocumentados.

La mayoría ya fue deportada o enfrenta un proceso de expulsión desde alguna oscura celca de ICE.
Mentiras. Los relatores de la CIDH descubrieron testimonios que inculpan a policías locales de forzar a las personas a firmar documentos migratorios sin asesoría legal.

En 2003 el gobierno de George W. Bush activó la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración, que facultó a policías municipales y estatales ejercer funciones como agentes de inmigración.

En junio de este año, el DHS anunció la puesta en vigor de un nuevo reglamento unividado en los 50 estados, que permitirá supervisar el trabajo policíaco, al tiempo que organizaciones nacionales defensoras de los inmigrantes pidieron al gobierno detener los arrestos hasta que el Congreso apruebe una reforma migratoria.

El pedido no tuvo respuesta.
Redadas raciales. El informe denunció además que en el Condado Maricopa, la oficina del alguacil lleva a cabo redadas para detener personas "según su aspecto" (racial profiling).

La CIDH expresó preocupación que el gobierno federal de Washington no hubiera podido facilitar la visita a la cárcel de Maricopa, para revisar el funcionamiento de políticas federales por parte de autoridades locales, y verificar si a los detenidos se les respetan sus derechos humanos básicos.
Problema viejo. Las denuncias de la CIDH no son nuevas. En 2008 la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) reveló que cientos de extranjeros que no han sido acusados de cometer delito alguno en Estados Unidos "son alojados durante meses y en condiciones deplorables".

Mónica Ramírez, abogada del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de ACLU, en California, dijo a Univision.com que desde 2003, cuando fue creado el DHS, han muerto 90 inmigrantes en distintas cárceles.
La lista crece. Las faltas señaladas por la CIDH se agregan a la lista de abusos: deficiencias en el acceso de los detenidos a materiales legales con información sobre las leyes de inmigración y refugiados, falta de información sobre los procedimientos de asilo en EU, carencia de computadoras o máquinas de escribir, falta de papel para escribir, acceso limitado de los detenidos a un teléfono, teléfonos que no funcionan, teléfonos que se estropean a menudo, falta de privacidad en las conversaciones, límites de tiempo en las visitas de abogados, horarios problemáticos para las visitas, revisión de correspondencia personal sin la presencia del detenido…

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