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La pesadilla americana
Condiciones inaceptables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó varios centros de detención de inmigrantes en Arizona y Texas, luego de largas gestiones que comenzaron durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009). El diagnóstico preliminar indicó que las condiciones de los detenidos son "inaceptables" y que en muchos casos el 'debido proceso' se ha visto afectado.
La CIDH, un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), determinó que las condiciones de muchos presos no cumplen con las normas de detención vigente.
"Muchos hombres, mujeres y niños detenidos ( ) se encuentran en condiciones inaceptables", se lee en el informe. Pese a ello, Comisión destacó la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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El polémico policía, quien viste a sus presos con traje de rayas y ropa interior rosada, anunció además que continuará con su campaña personal de criminalizar la estadía indocumentada.
Arpaio culpa de todos los males en Maricopa a los inmigrantes sin estatus de permanencia legal.
Dijo que el trato y la custodia de los inmigrantes menores de edad no acompañados y arrestados por el ICE registró un enfoque más humano, pero advirtió que todavía falta garantizar un "adecuado acceso a asesoría legal".
Muchos indocumentados, entre recién nacidos y 18 años de edad, quedan literalmente solos para defender sus permanencias en Estados Unidos.
El informe concluye que en estos lugares también hay escasez de programas de salud mental y trabajo social, y que el gobierno federal debería garantizar la satisfacción de estas necesidades a los menores de edad.
La CIDH dijo que preocupa la metodología empleada por la Patrulla Fronteriza para identificar a las víctimas de tráfico ni para atender solicitudes de asilo.
Agregó que los centros de detención familiar del ICE recibieron hace dos años la orden de un juez de hacer cambios, pero que sólo uno había sido llevado a cabo recientemente.
Agregó que la falta de supervisión adecuada puede causar nuevos y graves retrocesos, dificultando la puesta en libertad bajo fianza de los arrestados o la aprobación de sus casos de asilo.
El gobierno, concluyó, no cumple con el principio del "interés superior del niño", negando derechos fundamentales a infantes, algunos que todavía ni siquiera han aprendido a caminar.
"Las condiciones observadas no cumplen con los principios aplicables a la detención de solicitantes de asilo bajo el derecho internacional", escribió la CIDH.
Agregó que los solicitantes de asilo huyen de la persecución en sus países de origen, y el impacto psicológico que sufren ellos y sus hijos por estar presos es perjudicial para su bienestar.
Esto se ha repetido en los últimos ocho años, pero el gobierno no escucha.
Este desorden impide la "responsabilización" y se violan frecuentemente los derechos humanos de las personas detenidas en los centros bajo el mando de ICE.
En algunos centros los inmigrantes se quejaron por la poca comida y falta de atenciòn sanitaria. Algunos indocumentados que buscaron asilo sufrieron violación en sus países y en Estados Unidos son tenidos como criminales mientras la burocracia resuelve sus gritos de ayuda.
Apuntó que la ubicación del penal afecta no sólo la llegada de abogados y activistas comunitarios, dijo también la contratación.
Algunos indocumentados encerrados viven en espacios limitados e incomunicados. No son criminales, pero los tratan como tales.
Las cárceles del servicio de inmigración estadounidense son la peor pesadilla para los inmigrantes que vienen en busca de una vida mejor. En 2008, el ICE ejecutó más de 1,200 redadas en centros de trabajo y detuvo a más de 32 mil inmigrantes indocumentados.
La mayoría ya fue deportada o enfrenta un proceso de expulsión desde alguna oscura celca de ICE.
En 2003 el gobierno de George W. Bush activó la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración, que facultó a policías municipales y estatales ejercer funciones como agentes de inmigración.
En junio de este año, el DHS anunció la puesta en vigor de un nuevo reglamento unividado en los 50 estados, que permitirá supervisar el trabajo policíaco, al tiempo que organizaciones nacionales defensoras de los inmigrantes pidieron al gobierno detener los arrestos hasta que el Congreso apruebe una reforma migratoria.
El pedido no tuvo respuesta.
La CIDH expresó preocupación que el gobierno federal de Washington no hubiera podido facilitar la visita a la cárcel de Maricopa, para revisar el funcionamiento de políticas federales por parte de autoridades locales, y verificar si a los detenidos se les respetan sus derechos humanos básicos.
Mónica Ramírez, abogada del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de ACLU, en California, dijo a Univision.com que desde 2003, cuando fue creado el DHS, han muerto 90 inmigrantes en distintas cárceles.
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