Reforma migratoria y el dilema de (algunos) votantes latinos

Decidir entre el discurso antiinmigrante republicano y la promesa incumplida de Obama

WASHINGTON - La más reciente payasada del alguacil Joe Arpaio de “investigar” la veracidad del certificado de nacimiento del presidente Barack Obama y de concluir que no puede afirmar que el documento sea veraz, sólo es una cortina de humo del dudosamente célebre personaje como respuesta a las investigaciones del Departamento de Justicia en su contra por violaciones de derechos civiles en la conducción de sus labores, incluyendo sus operativos migratorios mediante la Sección 287(g).

Pero el evento de Arpaio realza quiénes han estado detrás de la persecución de inmigrantes y en el proceso, de hispanos residentes legales y ciudadanos, y cómo la falta de una reforma migratoria federal ha generado un circo que en vez de risas trae dolor a familias separadas por miopes leyes estatales antiinmigrantes y por una política de deportaciones ampliada mediante los nefastos programas 287(g) y Comunidades Seguras.

Asimismo, la lucha republicana por la nominación presidencial echa leña al fuego con las propuestas sin sentido que emanan de los aspirantes, entre esas, la autodeportación mediante la estrategia del desgaste, legalizar a jóvenes si sólo sirven en las Fuerzas Armadas pero no si quieren estudiar, o conceder algún tipo de alivio sólo a abuelas, por ejemplo, sin una ruta a la ciudadanía. Para sazonar el debate republicano en Mesa, Arizona, Arpaio figuró en las primeras filas. Nada como Arpaio para dar el toque de sensatez a un evento o una campaña.

En manos de la Corte Suprema

Como telón de fondo y en año electoral está la muy aguardada decisión de la Corte Suprema del país sobre la ley SB 1070 de Arizona, fallo que aunque circunscrito a Arizona, puede definir el futuro de otras leyes migratorias estatales.

Tanto así que el jueves el Tribunal de Apelaciones del Circuito 11 en Atlanta, Georgia, obvió emitir su fallo sobre las leyes migratorias HB 56 de Alabama y HB 87 de Georgia hasta que el máximo tribunal emita su decisión sobre la SB 1070. Se anticipa que el Supremo escuche los argumentos en abril y emita un fallo este verano.

Bajo discusión están la constitucionalidad de la normativa y el alcance que deben tener los gobiernos estatales en la aprobación y aplicación de leyes migratorias.

Demanda del gobierno

El Departamento de Justicia bajo la administración de Barack Obama ha demandado a Arizona, Alabama, Utah y Carolina del Sur por sus leyes migratorias estatales.

Y si bien es cierto que la administración Obama ha enfrentado a estos estados, también es cierto que el propio gobierno federal ha ampliado sus programas de colaboración con policías estatales y locales mediante los acuerdos de 287(g) y Comunidades Seguras resultando en cifras récord de deportaciones, en el empleo de perfiles raciales que han afectado incluso a ciudadanos y residentes legales, y en el deterioro de la relación entre las autoridades con víctimas y testigos de delitos.

Días atrás, Obama dijo en entrevista con Univisión Radio que todavía le quedan cinco años por delante –si es reelecto, claro está-, para concretar su promesa de campaña de 2008 de promulgar una reforma migratoria integral.

“Mi presidencia no ha concluido. Tengo otros cinco años por delante. Vamos a lograr esto y tenemos un fuerte apoyo de la comunidad latina porque ha visto lo que hemos estado haciendo”, le indicó Obama a Eddie ‘El Piolín’ Sotelo.

Argumentos del Presidente

También enumeró algunas de las medidas administrativas que ha tomado para aliviar el golpe de las deportaciones, tomadas, empero, luego que la cifra de remociones había batido récords.

Dirimir a estas alturas sobre la incumplida promesa de campaña de Obama a nadie ayuda, sobre todo a las familias afectadas por la separación de las deportaciones. Como dicen los hermanos mexicanos, ya ni llorar es bueno.

En noviembre le tocará a los votantes que apoyan esa reforma pasar revista y factura por los pasados cuatro años.

Y ahí está el dilema. De un lado hay figuras republicanas permitiendo que Arpaio sea uno de sus rostros y sus voces en inmigración, o alabando a Arizona y su SB 1070 como modelo para el país, como hizo Mitt Romney. Del otro, está un presidente demócrata que ha deportado una cifra sin precedentes de inmigrantes, que sin cumplir su promesa de 2008 dice que puede concretarla en su segundo término, aunque esta vez se cuida de no fijar marcos de tiempo para conseguirlo. Y para eso hay que ver cómo queda el balance de poder en el Congreso.

Pero como nos indicó un votante latino en Arizona, “de perdida hay una promesa y uno tiene la esperanza de que pueda llegar a cumplirla. Del otro lado (republicano) no hay nada", indicó el joven.

A ver si el resto de los votantes latinos piensa igual.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice

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