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Denuncian abusos y malos tratos en programa federal antiinmigrante en la frontera
Víctimas del plan
LOS ANGELES - Activistas de California y Arizona llevaron a cabo el
lunes una manifestación en Los Ángeles contra la "Operación Streamline"
que ejecuta desde 2005 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y
que consiste en encarcelar a los inmigrantes indocumentados, sin
excepciones, antes de ser deportados a sus países de origen.
El acto de protesta se desarrolló frente al Metropolitan Detention Center y participaron, entre otros, víctimas de redadas tal como Elvira Ayón, quien a pesar de ser madre de dos niños pequeños y estar bajo el programa de Violencia contra la Mujer (VAWA), fue arrestada y encarcelada durante tres semanas.
"Ellos (los agentes de Inmigración) no tuvieron en cuenta mi
condición de estar amparada bajo el programa que protege a las mujeres
contra la violencia doméstica, sin importar nuestra situación de
inmigración", explicó Ayón a un corresponsal de la Agencia Española de
Noticias (Efe).
La Ley
de Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act, VAWA) fue
aprobada por el Congreso en 2001 y permite a que mujeres víctimas de
maltrato y que están casadas con ciudadanos o residentes permanentes en
Estados Unidos, regularicen su estatus de permanencia legal sin la
asistencia o conocimiento del agresor, quien en muchos casos amenaza a
sus víctimas con denunciarlas a las autoridades inmigratorias si no
cumplen sus exigencias.
Hay situaciones en que los maridos o
esposos de las víctimas amenazan a sus esposas y las mantienen "como
prisioneras" en su propia casa, al prohibirles salir a la calle,
aprender inglés o conducir un automóvil, explicó el servicio de
inmigración estadounidense.
La agencia federal también reconoce
que la ley VAWA ha tenido fuerte impacto en la vida de muchas personas
víctimas de abusos, quienes han sido objeto de maltrato físico y
emocional por parte de sus cónyuges.
Denuncian tortura
Según Ayón, en la cárcel sufrió "tortura física por maltratos y psicológica por la angustia de no saber cómo estaban mis niños".
"Nuestros
impuestos están siendo utilizados para violar los derechos humanos de
personas y familias deportadas", apuntó Gloria Saucedo, directora de
Hermandad Mexicana del Valle San Fernando.
"Es muy injusta la manera como nos están tratando a las personas indocumentadas en este país", reclamó Ayón.
La
inmigrante dijo que la encarcelaron cuando se negó a firmar su
deportación voluntaria, pues sabía que tenía una protección especial
"de un programa del mismo Departamento de Inmigración" (VAWA).
"No
sirvieron mis ruegos por mis dos hijos que quedaban sin mi cuidado y,
mientras estuve encarcelada, además del sufrimiento de pensar que iba
ser deportada y no los iba poder volver a ver en mucho tiempo, también
sufrí daño físico", señaló Ayón.
La estadía indocumentada en Estados Unidos es una falta de caractr civil y no penal. Activistas han denunciado que la "Operación Streamline" criminaliza la estancia sin papeles.
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