Nuevo plan 287(g) obligó liberar a 13 indocumentados en Arizona

La historia reciente

A mediados de 2002, el entonces Secretario de Justicia, John Aschcroft (bajo cuyo mando se encontraba el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-), anunció que activaba la dormida sección 287(g)y que, además, agregaba a la base de datos del National Crime Information Center (NCIC) los nombres de unos 640 mil indocumentados con orden final de deportación y que decidieron quedarse en Estados Unidos.

La permanencia indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil, pero la violación de una orden final de deportación final es un crimen, según la ley.

El nuevo reglamento indica que los agentes del orden a nivel estatal que participan en el programa no podrán detener a una persona solamente por su estatus migratorio, tal y como lo venía haciendo el alguacil de Maricopa en sus operativos.

Arpaio está molesto

"Estoy muy sorprendido de que los inmigrantes indocumentados que arrestamos fueran dejados en libertad", comentó Arpaio.

"Es verdad que estos indocumentados no tenían cargos pendientes en su contra, pero admitieron estar en el país de manera ilegal. Antes de estos cambios, los inmigrantes indocumentados hubieran sido procesados y deportados", aseguró el alguacil, quien dijo tener entendido que las nuevas regulaciones entrarían en vigor en los próximos 90 días.

Representantes de ICE negaron haber ordenado dejar en libertad a los inmigrantes indocumentados, dijo Efe, a lo que Arpaio respondió que tiene grabaciones de sus oficiales que demuestran lo contrario.

Cómo se hacía antes

Anteriormente, cuando los agentes de la oficina del alguacil del condado Maricopa detenían a un conductor por infracciones de tráfico, no sólo lo cuestionaban sobre su estatus migratorio, sino también a todos sus pasajeros.

Bajo las nuevas estipulaciones, los oficiales solamente podrán preguntar el estatus migratorio de una persona que haya cometido un delito.

Arpaio se encuentra bajo investigación del Departamento de Justicia por acusaciones de prácticas de perfil racial contra residentes hispanos durante sus operativos.