Informe reveló que EU viola derechos de indocumentados detenidos por el ICE

Algunos datos del informe

En los últimos cuatro años, el presupuesto para indocumentados presos se ha duplicado a $1,700 millones, según ICE.

Algunas conclusiones del informe, que estudió las condiciones en cárceles donde se aloja el 67% de los indocumentados presos, son las siguientes:

• Diecinueve de las 138 prisiones estudiadas por la ICE en 2004 y 2005 no tenían recreación al aire libre.
• Trece de esas prisiones violaban las normas que permiten llamar a cortes, abogados y consulados.
• Veinticuatro de esas prisiones carecían de biblioteca jurídica.
  

Los autores recomendaron que las pautas de detención debieran ser de cumplimiento obligatorio. Exhortaron además al gobierno a publicar los informes de inspección y facilitar a familiares y abogados el conocimiento del paradero de los presos.

Las denuncias de marzo

El informe del Centro Jurídico Nacional de Inmigración se suma a las denuncias hechas en marzo por el Human Rights Watch (HRW) y el Centro para la Defensa de Inmigrantes en Florida (FIAC), quienes calificaron el servicio de salud en los centros de detención de Inmigración de Estados Unidos como "peligrosamente inadecuado".

Poco antes, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) había denunciado las pésimas condiciones en los centros carcelarios administrados por ICE y exigió al gobierno cambiar la política de detenciones para garantizar los derechos de los inmigrantes indocumentados.

Ambos informes documentaron numerosos casos en los que ICE demoró o denegó atención médica, lo que ocasionó sufrimiento e, incluso, muertes de inmigrantes.

Demoras considerables

El reporte de 88 páginas de Human Rights Watch, titulado "Detenidas y descartadas: Las luchas de las mujeres para obtener cuidados de salud en la detención inmigratoria", expuso casos en los que personal médico del ICE no respondió a los problemas de salud de las detenidas o lo hizo sólo después de demoras considerables.

La organización recogió casos como en los que se obligó a mujeres embarazadas a llevar grilletes, se negó atención prenatal o suministros básicos como toallas sanitarias o extractores de leche para madres lactantes.

También denunciaron demoras inexplicables en el tratamiento o denegación injustificada de pruebas de Papanicolau, violación de la confidencialidad y mecanismos ineficaces para presentar quejas.