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2010, año récord de deportaciones en EU
El 2010 será recordado como el año récord de deportaciones en Estados Unidos. Más de 392,000 fueron expulsados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y advirtió que en el 2011 continuará adelante con la política de rastrear, arrestar y deportar, principalmente a los extranjeros con antecedentes criminales.
El año comenzó con algún grado de esperanza en que el Congreso aprobaría los primeros días de enero una reforma migratoria comprensiva, en cumplimiento a la promesa que hizo el Presidente Barack Obama durante su campaña electoral. Pero el debate fue postergado por otros asuntos más importantes.
La continuación de la crisis económica, las guerras en Irak y Afganistán, las reformas de salud, energética y educación, entre otras, desplazaron los tímidos intentos del Congreso por debatir una vía de legalización para inmigrantes indocumentados, dando paso al avance de un clima antiinmigrante en todo el país.
La oposición republicana reforzó el argumento de que la inacción de Washington en materia migratoria obligó a los estados a debatir sus propias leyes para combatir la inmigración indocumentada, postura que cerró la puerta a cualquier tipo de beneficio migratorio, entre ellos la legalización.
Uno de los estados que siguió al pié de la letra esta recomendación fue Arizona. Desde comienzos de año la Asamblea Legislativa debatió una polémica iniciativa de ley, la SB1070, que entre otras medidas recomendó criminalizar la estadía indocumentada y otorgar poderes extraordinarios a las policías locales para arrestar individuos no autorizados para permanecer en Estados Unidos.
La Ley de Arizona (SB1070) desató un fuerte debate nacional. Por un lado, cientos de organizaciones pidieron al Estado no aprobarla, mientras que sus promotores insistieron en la necesidad de tomar medidas en vista que el Congreso no lo hizo en su momento. Simultáneamente, el gobierno continuó con su política de arrestos y deportaciones.
Una de las principales diferencias en la política migratoria entre el gobierno de Obama y la Administración republicana de George W. Bush, son las redadas. Entre 2002 y enero de 2009 el DHS ejecutó decenas de batidas en fábricas, negocios, casas y centros penitenciarios en busca de indocumentados. En 2009, por ejemplo, fueron expulsados cerca de 380,000, hasta esa fecha la cifra más alta en la década.
Durante el segundo año de la administración de Obama cambiaron las estrategias. Las redadas bulliciosas con fuerte presencia en las portadas de los medios dieron paso a las batidas electrónicas por medio del programa E-Verify, creado en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
El E-Verify obliga a las empresas a verificar el estado migratorio de sus trabajadores en una base de datos administrada por el DHS e interconectada con el FBI y la Administración del Seguro Social. Cualquier incongruencia entre los datos del trabajador y los datos del gobierno, el empleado de queda sin empleo y es obligado a demostrar que tiene autorización para permanecer en Estados Unidos.
El sistema de seguridad ha puesto en evidencia a miles de indocumentados, quienes quedan a un paso de la deportación. Un segundo programa federal rastrea los antecedentes de la población penal en busca de extranjeros. Tanto los indocumentados como aquellos procesados por delitos graves son puestos en proceso de deportación al momento de ser liberados.
El programa es retroactivo. Los extranjeros que ya cumplieron sus penas por delitos cometidos, son rastreados, ubicados, detenidos y puestos en proceso de deportación. Defensores de los derechos civiles alegan que estos procedimientos son ilegales porque los afectados ya cumplieron sus castigos y no deberían ser sancionados por segunda vez por las autoridades habiendo ya cumplido sus castigos.
Un tercer plan fortalecido fue empujado por el Departamento de Justicia en 2003 y agregó los nombres de unos 640,000 extranjeros con orden de deportación final a la base de datos del National Crime Information Center (NCIC). El programa ha permitido la captura y deportación de miles de extranjeros en el último año.
Las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han reiterado que miles de extranjeros afectados por este programa no son criminales y que en muchos casos ni siquiera sabían que tenían una orden de deportación vigente. Agregan que una reforma migratoria les permitiría, a muchos, obtener un amparo y poder regularizar sus permanencias en el país.
Otros miles han sido arrestados y deportados por pequeñas infracciones de tránsito, como un mal estacionamiento o llevar una luz de freno del automóvil en mal estado. Cuando el agente de policía le pide la licencia de manejar, se destapa que se encuentra indocumentado y entonces es entregado a las autoridades inmigratorias que inician un proceso de deportación.
La ola de deportaciones y la ley de Arizona, que se aprobó a finales de abril –con algunas modificaciones-, generaron un efecto dominó detectado en al menos 29 estados donde se tienen planes de aprobar proyectos similares. El Florida, por ejemplo, republicanos advirtieron que en marzo de 2011 elevarán a la consideración del pleno una ley como la SB1070.
Los países latinoamericanos ven con preocupación el incremento de las deportaciones en Estados Unidos. Las remesas enviadas por sus connacionales representan uno de los principales ingresos de divisas y temen que la ola de expulsiones cause un problema de grandes proporciones además de incentivar la inmigración indocumentada hacia Estados Unidos.
En una reciente conferencia telefónica, la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, advirtió que el gobierno del Presidente Obama seguirá adelante con su política de expulsar a los extranjeros con antecedentes criminales. Abogados señalan que entre ellos están los que tienen una orden de deportación que no necesariamente hayan cometido faltas graves.
Del 100% de deportados en 2010 por delitos graves, el 33% eran autores de crímenes como asesinatos, violaciones y narcotráfico, según detalló el DHS. Más de 1,000 habían sido declarados culpables de homicidio, unos 6,000 por delitos sexuales, 45,000 por delitos por drogas y 28,000 por manejar en estado de ebriedad.
El DHS también reconoció que durante en el año fiscal 2010 arrestó a 197,000 inmigrantes que no habían cometido delitos graves, cifra mayor que la registrada en 2009 cuando fueron arrestadas 140,949 personas sin un récord de delitos graves. El incremento de 56,051 arrestos acrecentó las preocupaciones.
Además de las deportaciones, el DHS también reconoció haber auditado a más de 2,200 empleadores en 2010 en las conocidas redadas electrónicas, que forman parte del desarrollo del programa E.Verify. Como resultado, prohibió la concesión gubernamental, por tiempo limitado, a 97 empresas y 49 personas.
El DHS también cobró multas por casi $7 millones, en comparación a los $1.33 millones del año 2009. Las cortes dieron multas por otros $30 millones. Las cifras demuestran el notable incremento de la política migratoria del gobierno y todo indica que el panorama para 2011 es incierto, sobre todo porque los republicanos ganaron el control de la Cámara de Representantes con la ayuda de los ultraconservadores.
La cara oculta de las deportaciones son los parientes de los deportados. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), concluyó que las deportaciones de Estados Unidos violan los derechos de las familias y los niños.
El reporte señala que muchos inmigrantes han sido deportados “sin consideración humanitaria alguna, sin consideración del impacto sobre sus familias, sin evaluar los vínculos con el país de origen y el país de residencia", y urgió al gobierno de Obama a frenar las expulsiones, y al Congreso para que determine una reforma migratoria justa.
Human Rights Watch también informó de que entre 1997 y 2007 más de un millón de familias han resultado divididas y separadas por las deportaciones. En octubre de 2008, el Congreso Nacional de La Raza (NCLR) y The Urban Institute emitieron un informe advirtiendo que las redadas han dejado desamparados a unos 5 millones de niños estadounidenses.
Tanto la CIDH como Human Rights Watch insistieron en que "los derechos del migrante son derechos humanos", y que " los derechos humanos deben respetarse en la política migratoria de Estados Unidos". Agregaron que "miles de familias resultan separadas por las deportaciones" y que es necesario y urgente una reforma de las leyes de inmigración.
Los informes emitidos durante 2010 no han tenido eco en Washington. El gobierno no ha logrado conseguir los votos necesarios en el Congreso para aprobar la reforma a las leyes de inmigración y culpa de ello a la oposición republicana. Los republicanos argumentan que antes de hablar de legalización hay que asegurar las fronteras.
Nadie cede en esta guerra que no avizora un fin a corto plazo. Lo único cierto es que en 2011 las deportaciones continuarán y también el llanto de millones de niños, cónyuges, padres, tíos, sobrinos, amigos y estadounidenses cuyas voces y ruegos deambulan desde hace años por los fríos pasillos de la burocracia estadounidense.
Aumentaron las deportaciones con Obama, mira el video aquí.
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