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2010 aceleró el paso de deportaciones
El gobierno federal de Washington anunció en octubre que durante el año fiscal 2010 deportó a unos 392,000 inmigrantes indocumentados, cifra que representó un récord de extranjeros expulsados desde que se tienen registros. El año fiscal estadounidense inicia el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente.
La cifra fue dada a conocer pocas semanas antes de las elecciones de medio tiempo del martes 2 de noviembre, cuando en el Congreso aguardaba un proyecto de reforma migratoria presentado por los senadores demócratas Robert “Bob” Menéndez (Nueva Jersey) y Patrick Leahy (Vermont).
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que tiene bajo su cargo la localización, detención y expulsión de indocumentados, la mayoría de los 392,000 deportados en el año 2010 tenían antecedentes criminales.
La propia administración del Presidente Barack Obama reconoce que la cifra de expulsados es histórica, quizás en un esfuerzo por demostrarle a la oposición republicana que se ha hecho lo necesario para ejecutar las leyes migratorias vigentes y abrir el espacio para que el Congreso inicie el debate y apruebe una reforma migratoria comprensiva.
El éxito de las expulsiones obedece principalmente al funcionamiento de al menos tres programas bajo el mando del DHS: Comunidades Seguras (que busca a extranjeros con delitos criminales en bases de datos y en cárceles en todo el país), Plan 287(g) (que otorgó poderes especiales a policías locales para arrestar a inmigrantes sin papeles) y E-Verify (que verifica el estatus migratorio de millones de trabajadores).
De los 392,000 expulsados en 2010, al menos 191 mil tenía antecedentes penales, dijo la jefa de la seguridad de Estados Unidos, Janet Napolitano. El dato fue obtenido con la implementación del plan Comunidades Seguras, que le permite a las autoridades averiguar el prontuario criminal de todos los reos en el país y proceder a verificar su estado migratorio.
Durante el año fiscal 2009 la cifra de deportados fue de 3890,000 y era considerada como la más efectiva a la fecha. Tanto la Administración como el DHS minimizaron la cifra previendo el rechazo de la comunidad hispana que le ha pedido al gobierno en diversas ocasiones que frene las deportaciones hasta que el Congreso debata la reforma migratoria.
Activistas de organizaciones nacionales que defienden los derechos de los “sin papeles” reiteran que un número importante de extranjeros incluidos en las listas del gobierno para ser expulsados no han cometido crímenes y que sus faltas sólo obedecen a problemas administrativos con el servicio de inmigración.
En 2003 y como parte de las políticas de seguridad del gobierno federal en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el Departamento de Justicia (que en esa fecha administraba el servicio de inmigración) ordenó incluir los nombres de todos los extranjeros con orden de deportación en la base de datos del National Crime Information Center, (NCIC).
Abogados de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes señalan que un elevado porcentaje de extranjeros con orden de deportación no cometieron delitos criminales sino faltas de carácter administrativo o bien perdieron sus casos ante el servicio de inmigración y un juez giró una orden de deportación porque así señala el proceso. Pero no son criminales.
Otro porcentaje grande de personas cuyos nombres fueron agregados a la base de datos de criminales fueron aquellos casos en que los extranjeros no se presentaron a sus audiencias ante un juez de inmigración, falta que de inmediato genera una orden de deportación de Estados Unidos.
En ambos casos el extranjero, al ser detenido por las autoridades, es puesto inmediatamente en proceso de deportación por un delito criminal. La posibilidad de librarse de la expulsión es casi nula, aunque hay algunas excepciones que deben ser consultadas con un abogado y revisar en detalle el caso.
La estadística oficial señala que el 71 por ciento de los 392,000 deportados en el año fiscal 2010 son originarios de México. Y el 33 por ciento de los deportados cometieron crímenes violentos tales como asesinatos, violaciones, tráfico de drogas ilegales y robo, entre otros delitos.
A los expulsados que no tenían orden final de deportación les cae encima la Ley del Castigo, aprobada por el Congreso en 1996. Un número importante de estos fue detenido en el momento de una redada o el arresto de un extranjero con orden de deportación que era buscado por agentes del DHS.
La Ley del Castigo indica que si un extranjero permanece más de 180 días indocumentado en territorio de Estados Unidos, al momento de ser deportado le cae encima una prohibición de 3 años sin poder regresar al país. Si la estadía indocumentada sobrepasa el año, el castigo aumenta a cinco años sin autorización para reingresar previo trámite en la Embajada de Estados Unidos para conseguir un perdón y una autorización de ingreso.
La Administración Obama sostiene la tesis de que si limpia los registros del NCIC de extranjeros con orden de deportación e identifica y expulsa a la totalidad de extranjeros con antecedentes criminales, la oposición republicana no tendrá argumento para negarse a debatir la reforma migratoria y permitir que millones de indocumentados legalicen sus permanencias.
Según datos del Pew Hispanic Center, en Estados Unidos viven 11.1 millones de indocumentados. Si el número de extranjeros que ha cometido algún delito o cuyo nombre figura en las listas del gobierno llega al millón, 10.1 millones podrían beneficiarse de la reforma migratoria amplia.
El escenario para la reforma migratoria es complejo. En 2008 los demócratas tenían el control de ambas cámaras con una cómoda ventaja: 223 asientos en la Cámara de Representantes (de un total de 435) y 57 butacas en el Senado (de un total de 100), más el apoyo de los dos votos independientes. La reforma se aprobaba con 60 votos.
Pero entre seis y 10 senadores demócratas electos en estados cuyos electores no aprueban la legalización rechazaron el proyecto de su partido y se mantuvieron al margen. Los republicanos tampoco apoyaron la propuesta que en 2008 prometió el Presidente Barack Obama durante si campaña presidencial.
Los republicanos, que en 2008 y años previos respaldaron un debate para modificar las leyes migratoria, esta vez decidieron no participar en los debates previos y demandaron al gobierno cumplir primero con la ejecución de las actuales leyes para poner fin al cruce indocumentado y asegurar las fronteras.
Así las cosas y ante la posibilidad de que los demócratas disminuyan su poderío en el legislativo, el futuro de la reforma migratoria es precario y crece la posibilidad de que las redadas, arrestos y deportaciones se incrementen en 2011, a menos que ambos partidos anuncien un acuerdo bipartidista para reformar la ley de inmigración.
Mientras se aguarda la composición del nuevo Congreso, que iniciará funciones en enero de 2011, el gobierno anunció que seguirá fortaleciendo el programa E-Verify, que tiene como meta indagar el estatus de todos los trabajadores en Estados Unidos por medio de un sistema al que los patronos se inscriben por Internet.
Simultáneamente seguirán incrementándose los programas Comunidades Seguras y 287(g), en busca de más indocumentados con ordenes de deportación o que hayan cometido delitos criminales sin que nadie garantice, por ahora, que en 2011 podría haber una moratoria para que el Congreso apruebe la reforma y se sepa quién se queda y quién deberá irse de Estados Unidos.
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