La SB1070 deja a Arizona sin manos mexicanas

Negocios enfocados a la comunidad mexicana en Tucson cerraron sus puertas

Por lo menos 100 mil mexicanos que residían en el sureño estado de Arizona huyeron en los últimos dos años tras la aprobación de severas leyes antiinmigrantes, reportó el diario Reforma. El éxodo significó un severo golpe a los comercios y empresas por la falta de mano de obra.

El 23 de abril de 2010 la gobernadora Jan Brewer promulgó la ley SB1070, primera en su tipo que criminalizó la estadía indocumentada, un acto que en el resto del país sigue siendo una falta de carácter civil no criminal.

En junio la Corte Suprema de Justicia anuló tres polémicas partes de la controvertida, entre ellas la obligatoriedad de portar documentos que prueben la estadía legal en el país, pero permitió que policías locales (estatales y municipales) pidan papeles a individuos arrestados bajo cualquier otra ley vigente y si tienen duda razonable que se trata de indocumentados.

La presidenta de la Cámara de Comercio Hispana en Tucson, Lea Márquez, reconoció que tras la aprobación de la SB1070 los trabajadores mexicanos se fueron a otros estados.

"Durante la crisis económica, la mayoría de nuestros negocios pequeños, un 95 por ciento de ellos en Tucson, despidieron a las personas, los dejaron ir”, se lee en el reportaje publicado por Reforma en su página digital.

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Escasez de campesinos

La salida de mexicanos también afectó al sector agrícola, dijo Reforma, citando declaraciones de Bob Feinman, un miembro de la Cámara de Comercio de Nogales, Sonora, y empresario del ramo turístico en Tucson.

"Los que cosechan las frutas y vegetales son mexicanos, y si no cruzan (a Estados Unidos), no trabajan en los campos; si no trabajan, los productos no pueden llegar a los supermercados a tiempo", detalló.

El diario dijo que una solución es la contrata en los campos de nuevos trabajadores, pero no tienen la experiencia de los trabajadores agrícolas mexicanos.

Feinman le dijo a Reforma que los nuevos trabajadores “van a cobrar más dinero, y como no son gente humilde ni de confianza, con ganas de trabajar, como los mexicanos, son personas de mucho riesgo y los precios (de los productos) suben".

También la disminución en el número de clientes afectó a innumerables negocios dedicados a atender a la comunidad inmigrante mexicana en Arizona, dijo el diario. Entre los establecimientos afectados se encuentran panaderías y carnicerías.

Además del éxodo, la zona fue afectada por la pérdida de empleos, estimada en 8%, a causa de la crisis. La Oficina de Empleos y Estadísticas de Población proyecta un crecimiento del 4.3 por ciento en las contrataciones para 2012 y 2013.

Futuro incierto

A pesar que se pronostica la creación de unos 102 mil nuevos empleos para 2013, la falta de trabajadores puede impactar en sectores como turismo, construcción y agrícola.

Algunos piensan que las contrataciones de personal podrían demorar más por la baja demanda generada por las leyes antiinmigrantes.

El perfil de trabajadores en Tucson está directamente relacionado con los latinos, ya que los turistas mexicanos dejan una derrama de miles de millones de dólares al año y requieren quién los atienda, dijo Reforma.

Además de Arizona, Georgia, Washington, Michigan y California también reportaron la falta de trabajadores en las zonas agrícolas, dijo Christian Ramírez, coordinador nacional del Comité de Servicio de los Amigos Americanos.

Tradicionalmente, los campesinos iniciaban las cosechas de temporada en marzo, en California, y concluían en noviembre, en Florida y Luisiana, señala Reforma. Sin embargo, las leyes antiinmigrantes y las redadas de indocumentados ahora dificultan la recolección.

Tras la aprobación de la SB1070 en Arizona, Alabama, Texas, Carolina del Sur, Utah y Georgia le siguieron los pasos con leyes similares.

Cosechas en riesgo

Algunas cosechas, como la del espárrago en Washington y Michigan, se quedaron en los campos sin cosechar y se perdieron, denunció el reportaje del diario mexicano Reforma.

Añade que la Federación Agrícola de California calculó que tan sólo en el Valle de San Joaquín faltan unos 250 mil trabajadores para levantar cosechas.

Algunos legisladores demócratas promueven leyes para contrarrestar el déficit, pero los esfuerzos no logran convencer a los republicanos para invertir el proceso y detener la oleada antiinmigrante.

El salario mínimo por hora aquí en algunos estados del sur es de $7.25 dólares, y los rancheros simplemente los engañan, les dicen: 'Yo te voy a pagar 5 dólares la hora, y al final, no les pagan nada, los amenazan con denunciarlos a la Border Patrol o Migración', denunciaron activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes.

Organizaciones pro inmigrantes insisten al gobierno de Barack Obama y al Congreso en Washington DC, en que el problema de los 11 millones de indocumentados se solucionará con una reforma migratoria comprensiva que incluya una vía de legalización ordenada para inmigrantes que llevan tiempo en Estados Unidos y carecen de antecedentes criminales.

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