Fallo sobre la SB1070 repercutirá en otros estados

La HB56 de Alabama también otorgó poderes extraordinarios a las policías para detener a indocumentados

La decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia sobre la ley SB1070 de Arizona, que avaló la Sección 2b que permite a las autoridades locales (estatal y municipal de Arizona) verificar el estado migratorio de individuos en cumplimiento de cualquier otra ley vigente en el estado y sobre quienes pese una sospecha razonable de que se trata de indocumentados, podría repercutir en otros estados que promulgaron o debaten leyes para combatir la inmigración indocumentada.

Sin embargo, la decisión del máximo tribunal de justicia de Estados Unidos dejó la puerta abierta para que los tribunales de justicia anulen medidas similares aprobadas en los estados que han intentado, en los últimos años, criminalizar la estadía indocumentada, un acto que en el resto del país, con excepción de Alabama y Arizona, se trata de una falta de carácter civil.

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Las secciones inconstitucionales

Según el dictamen, la Corte Suprema de Justicia desestimó tres secciones que se encontraban suspendidas temporalmente por orden de una corte federal. Una de ellas obligaba a todos los inmigrantes obtener o portar papeles que demostraran su identidad y estadía legal, otra convertía en delito el que un inmigrante indocumentado buscara o solicitara empleo, y la tercera que obligaba a la policía sobre la base de una sospecha a detener individuos sin orden de juez competente.

La única sección autorizada, la 2b, faculta a las policías locales realizar arrestos y que basta con que el agente tenga “causa probable” de creer que un individuo ha cometido un crimen que lo convierta en sujeto de ser deportado de Estados Unidos.

Activistas pro inmigrantes estiman que esta cláusula dará licencia para discriminar a personas que luzcan o tengan acento extranjero.

"Arizona puede que tenga frustraciones entendibles respecto a los problemas causados por la inmigración ilegal mientras continúe, pero el estado no puede perseguir políticas que minen la ley federal", dijo el juez Anthony Kennedy, en nombre de la mayoría.

Clima de preocupación

El Presidente Barack Obama expresó su preocupación por la cláusula que queda en vigor, aunque renovó su compromiso de trabajar, con ambos partidos en el Congreso, hacia una reforma migratoria integral.

"Ningún estadounidense debería jamás vivir bajo sospecha sólo por su aspecto. En adelante, debemos asegurarnos de que las autoridades policiales de Arizona no apliquen esta ley de forma que mine los derechos civiles de los estadounidenses", dijo el mandatario.

En 2008 Obama prometió que durante el primer año de su mandato empujaría una reforma migratoria que legalizaría a la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país. Pero otros debates de mayor importancia nacional, como la crisis financiera, las guerras en Irak y Afganistán y la reforma de salud postergaron el compromiso.

Tampoco ha existido un acuerdo bipartidista en firme en el Congreso para garantizar un voto favorable a la reforma migratoria (60 en el Senado y 218 en la Cámara de Representantes) que incluya una vía de legalización para indocumentados que, entre otros requisitos, carezcan de antecedentes criminales.

En 2006 el débil apoyo político a la reforma generó una ola antiinmigrante que desató en las asambleas el debate de leyes como la SB1070 en Arizona. Luego le siguieron Alabama, Texas, Utah, Carolina del Sur y Georgia.

Opiniones de los magistrados

El Juez Kennedy dijo además que podría —e insinuó que debería— leerse cuidadosamente la ley para despejar el temor de que las verificaciones al estatus migratorio pudieran derivar en detenciones prolongadas.

El magistrado presidente John Roberts y los magistrados Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, coincidieron con las opiniones de Kennedy.

Los jueces Antonin Scalia y Clarence Thomas habrían permitido que todas las cláusulas impugnadas entraran en vigor.

El magistrado Samuel Alito le habría permitido a la Policía arrestar a inmigrantes no autorizados que buscan trabajo y también que se hicieran arrestos sin necesidad de una orden judicial.

Opiniones de Scalia

En comentarios desde la judicatura, Scalia describió sarcásticamente los planes que Obama anunció recientemente para facilitar que los hijos de inmigrantes no autorizados eviten ser deportados.

"El presidente dijo en una conferencia de prensa que el nuevo programa es 'lo correcto que hay que hacer' a la luz del fracaso del Congreso para aprobar la Ley de Inmigración, cuya revisión le propuso el gobierno. A lo mejor es así, aunque Arizona podría no estar de acuerdo", afirmó.

"Pero decir, como dice la Corte, que Arizona contradice las leyes federales al implementar disposiciones de la Ley de Inmigración que el presidente rechaza poner en práctica es totalmente desconcertante", agregó Scalia.

La magistrada Elena Kagan no participó en el caso porque está colaborando con el gobierno de Obama.

Organizaciones pro inmigrantes en varios estados anunciaron una campaña nacional de registro y voto hispano en la elección presidencial del martes 6 de noviembre. Indicaron que el voto latino se hará escuchar en las urnas con mayor fuerza que en 2008 y que será la respuesta a leyes como la SB1070.

En 2008 de un total de 19 millones de hispanos registrados, 10.2 millones acudieron a las urnas y de ellos 6.7 millones votaron por Obama.

En los comicios de noviembre las organizaciones esperan convocar a 12.2 millones de electores, cifra que inclinará la balanza electoral estadounidense.

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