Denuncian fallida política de deportaciones de ICE

Inmigrante ecuatoriana de beneficia, pero activistas exigen más soluciones al gobierno de Obama

Familias afectadas por la política de deportaciones vigente protestarán este lunes en Washington DC, y otras ciudades con alta concentración de hispanos, para denunciar el incumplimiento del gobierno federal de los compromisos anunciados en agosto del año pasado, que impactan en 300 mil procesos de expulsión de Estados Unidos.

La organización Casa de Maryland anunció que familias del área metropolitana de Washington DC se unirán a las familias de todo el país para denunciar el incumpliendo de compromisos asumidos por la jefa de la seguridad de Estados Unidos, Janet Napolitano, en los que “se proporcionaría alivio a familias en situación de riesgo de ser separadas”.

En un comunicado, la organización denunció la existencia de soñadores en riesgo de deportación (jóvenes que calificarían para la residencia en caso que el Congreso apruebe el DREAM Act), madres atrapadas por procedimientos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) mientras enfrentaban casos de violencia domestica, y un líder de los derechos de los indígenas quien actualmente se encuentra llevando el caso de una masacre de gobierno ante la OEA.

Casa de Maryland dijo que también corren riesgo de deportación familiares de veteranos (soldados que han participado en guerras vistiendo el uniforme estadounidense), personas que cuidan a ciudadanos y residentes permanentes y otras personas con circunstancias humanitarias, y que a la fecha las autoridades sólo han fallado favorablemente a favor de un reducido número de casos.

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Resultados mínimos

En Baltimore sólo 230 expedientes fueron cerrados, cifra que representa apenas el 5% de los casos revisados, apuntó.

Agregó que al mismo tiempo que el gobierno revisa miles de casos, el número de deportaciones se ha disparado debido a programas como el tan criticado “Comunidades Seguras”, que costó más de $200 millones en 2011 y ha dado lugar a un número récord de deportaciones, sumando más de 1 millón desde que el Presidente Barack Obama asumió el cargo, el 20 de enero de 2009.

Simultáneo a la protesta frente a la sede de ICE, en Washington DSC, Casa Maryland dijo que se registrarán acciones similares en otras ciudades, entre ellas Chicago, Nueva York, Boston y San Francisco, donde de pedirá a Napolitano “proporcionar alivio para las familias y para las comunidades afectadas por el sistema quebrantado de inmigración”, dijo Susana Flores, de la oficina de comunicaciones de Casa de Maryland.

Uno entre miles

Mientras familiares de alistan para acudir a la protesta en la capital estadounidense y otras ciudades impactadas por las deportaciones, una ecuatoriana que iba a ser expulsada se vio beneficiada el domingo por las medidas anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en agosto del año pasado.

Sara Martínez, une empleada doméstica de 47 años y madre de una ciudadana estadounidense de seis, podrá quedarse.

La mujer dijo a periodistas que vivía con miedo desde que el año pasado fue arrestada y bajada de un autobús, cerca de Búfalo, reportó The Associated Press.

Su hija, entonces de cinco años, "estaba viendo, aterrorizada y llorando", dijo Martínez, al agregar que la niña perdió peso y todavía está en terapia por el trauma. "Siempre me pregunta si la Policía me va a alejar de ella", agregó.

La historia de Martínez

Martínez llegó legalmente a Estados Unidos en 2005 con una visa de seis meses, pero se quedó más tiempo porque dijo que el padre de su hija estaba en suelo norteamericano.

El caso fue tomado por la legisladora demócrata por Nueva York, Nydia Velázquez, y la organización Coalición de Inmigración de Nueva York, como parte de un esfuerzo nacional para limpiar las listas de inmigrantes a ser deportados que no representan una amenaza a la seguridad pública.

Del 7 al 18 de mayo, la oficina de ICE en Nueva York cerrará parcialmente para que los empleados puedan acelerar el proceso con más de 16 mil casos pendientes que están atrasados a nivel nacional.

Cuántos van

El pasado 25 de abril y en medio de críticas por el bajo número de favorecidos, el gobierno federal anunció que el 7.5% de poco más de 179 mil casos de deportación que comenzaron a ser revisados a partir del 18 de agosto de 2011 recibieron la suspensión de sus expulsiones.

El porcentaje equivale a 16,500 expedientes que se hallaban pendientes en las cortes de inmigración.

ICE dijo que las suspensiones se decretaron tras la revisión de 300 mil casos iniciadas en agosto del año pasado luego de la emisión de una orden ejecutiva, en atención a quejas por retrasos y para beneficiar a personas sin historial criminal.

ICE insiste en que mantiene su discreción para revisar casos pendientes frente a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia.

El anuncio oficial

El 18 de agosto de 2011 el gobierno federal anunció que
Revisaría 300 mil expedientes para determinar si algunos extranjeros podían verse beneficiados con la suspensión de sus órdenes de deportación.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió de inmediato a la población indocumentada que la medida adoptada por el ejecutivo -y que afecta la política de deportaciones- no se trata de una “amnistía", y recomendó estar atentos a posibles estafas por parte de tramitadores o notarios que realizan gestiones no autorizadas.

John Morton, director de ICE, dijo en esa oportunidad que el gobierno aplazaría por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

El gobierno también advirtió que la medida era discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

Pero AILA apuntó que no existe una manera "segura" de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.

Consulte un abogado

AILA añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración, y que por nada se pongan en contacto con las autoridades de inmigración, porque "pueden ser arrestados y puestos en proceso de deportación".

"Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos", subrayó AILA.

En el caso de los notarios o tramitadores migratorios, AILA dijo que se debe "tener cuidado" y advirtió que el anuncio en el cambio de política sobre deportaciones se pueden generar situaciones de estafas y diversos otros tipos de fraudes notariales que afectan severamente a la comunidad inmigrante de Estados Unidos.

En Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de indocumentados, según datos del DHS y del Pew Hispanic Center (un grupo de Washington que estudia los movimientos migratorios). Unos 300 mil de ellos, que tienen órdenes de deportación reunirían los requisitos para que una corte de inmigración revise sus casos.

La medida del 18 de agosto solamente aplica o afecta a aquellos casos que ya están en el sistema (de las cortes de inmigración), tienen una orden de deportación, carecen de antecedentes criminales, no representan una amenaza para la seguridad nacional y que por el elevado número de casos existentes (unos 300 mil) obstruyen los procesos.

En cuanto a solicitudes para presentar un caso, AILA dijo que "no hay no hay ningún formulario" y tampoco “ninguna cuota que pagar”, y que el gobierno irá dando a conocer las formas en cómo se deberá proceder.

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