La Raza pide a la Corte Suprema que derogue la ley migratoria SB 1070 de Arizona

Defensores y detractores exponen sus argumentos ante el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos

La principal organización hispana de Estados Unidos pidió el miércoles a los jueces de la Corte Suprema de Justicia que deroguen la polémica ley SB 1070 de Arizona, que entre otras medidas criminalizó la estadía sin papeles en el país.

La petición surge el mismo día en que el máximo tribunal de justicia estadounidense celebra audiencias para escuchar los argumentos a favor y en contra de la legislación, promulgada por la gobernadora Jan Brewer (republicana) el 23 de abril de 2010.

El Consejo Nacional de La Raza (NCLR) tilda la SB 1070 como una ley antiinmigrante que usurpa ilegalmente la autoridad del gobierno federal de aplicar la política de inmigración, y opina que la Corte Suprema “debería defender el hecho de que nuestro país necesita tener una política de inmigración que se lleve a cabo sin violar los derechos civiles de nuestros compatriotas o inmigrantes”.

Agregó que la Corte “debería anular la ley SB 1070 y enviar un mensaje contundente a los partidarios de leyes discriminatorias similares —aprobadas en estados como Georgia, Carolina del Sur y Alabama— de que no existe la posibilidad de legalizar la discriminación”.

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Papel del gobierno federal

“Solamente hay un resultado aceptable en este caso, y es que la Corte Suprema defienda la Constitución y afirme que la aplicación de la ley de inmigración es una obligación solamente del gobierno federal”, dijo Janet Murguía, presidenta y directora general del NCLR.

Murguía agregó que “la solución para arreglar nuestro ineficiente sistema de inmigración no puede ser un parche de leyes que protejan la discriminación racial”, y señaló que “estas leyes ya han causado mucho daño a las familias latinas y a otros residentes de esos estados”.

“Leyes anticonstitucionales como la SB 1070 son soluciones falsas que nos distraen de la verdadera solución, la reforma integral de inmigración a nivel federal”, apuntó la presidenta de La Raza.

La Raza ha sido protagonista de un movimiento nacional para contrarrestar los efectos de la SB 1070 y encabezó un boicot boicot que le costó millones de dólares en ingresos al estado de Arizona. También se sumó a la lista de “amicus curiae” para apoyar las demandas del gobierno federal en contra de estados que promulgaron leyes similares (Alabama, Texas, Carolina del Sur, Alabama y Georgia) y trabaja con organizaciones comunitarias para responder a las necesidades de las familias de esas poblaciones que han sido afectadas.

No son los únicos

Además de defensores de los derechos de los inmigrantes, al movimiento de rechazo a la SB 1070 se suman defensores comunitarios, organizaciones de derechos civiles, del trabajo y religiosas, empresarios y los departamentos de policía.

“Para muchos de nosotros en Arizona, la audiencia de hoy es el punto culminante de dos años de lucha para derrocar esta ley absurda y cruel”, dijo Daniel R. Ortega, Jr., presidente de la Junta Directiva del NCLR. “Como residente de toda la vida de ese estado, he visto en persona el dolor y sufrimiento que la SB 1070 ha causado, la hostilidad y el abuso de inocentes, la separación de familias, la pérdida de negocios y la devastación de comunidades”.

“La Corte Suprema debería poner fin a esto y reiterar la autoridad del gobierno federal sobre el tema de la inmigración”, apuntó.

Además de Arizona y los cinco estados que han aprobado medidas similares, en otros 30 estados se debaten proyectos similares, advirtió La Raza. En siete de ellos las asambleas están controladas por republicanos, quienes en bloque respaldan este tipo de iniciativas.

“El alto costo social y las pérdidas económicas que causan estas leyes, junto con la creciente oposición de los grupos de derechos civiles, religiosos, empresariales y departamentos de policía, han contribuido a derrotar estas propuestas legislativas”, señaló la organización.

La audiencia

La Corte Suprema analiza este miércoles la ley migratoria de Arizona. La revisión por parte del máximo tribunal del país abordará particularmente una disposición que exige a la policía, cuando esté vigilando el cumplimiento de otras leyes, preguntar a las personas su condición migratoria en caso de que los agentes sospechen que algunos de esos individuos se encuentran en el país sin autorización.

Los jueces también analizarán si las cortes federales inferiores estuvieron en lo correcto al bloquear esa y otras disposiciones clave.

El gobierno federal impugnó la ley en la Corte Suprema poco después de que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, la firmó hace dos años.

Frank Sharry, director de la organización America's Voice, en Washington DC, dijo que "para nuestra generación, este caso en la Corte Suprema es el caso más importante de los derechos civiles para los latinos, y que subraya la gran interrogante de si los latinos son realmente aceptados en el país o no".

Los defensores

Por su parte, Michael McLaughlin, quien apoya la SB 1070,  condenó el hecho de que 16 países latinoamericanos hayan presentado un informe anexo y ajeno a las partes confrontadas en la controversia sobre la ley de Arizona, para sugerir que ésta sea rechazada.

"Vivimos en un mundo bizarro, 16 países latinoamericanos presentaron un (informe de) 'amicus curiae', y nueve legisladores estatales se quejaron sobre la ley", lamentó McLaughlin. "¿Desde cuándo los gobiernos extranjeros creen que pueden intervenir en temas de la soberanía estadounidense?"

Los defensores de medidas más estrictas para combatir la inmigración no autorizada mostraron pancartas con mensajes que decían, "Jesús ama la SB 1070", en referencia al nombre formal de la iniciativa de ley, y "Dios nos ama tanto que nos dio Arizona SB1070", así como "El crimen no se detiene en la frontera", reportó The Associated Press.

Se espera que una decisión en el caso de inmigración, con implicaciones amplias, se tome en junio, cuando republicanos y demócratas estarán acelerando sus campañas para los comicios presidenciales de noviembre.

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