Corte Suprema de Justicia escucha argumentos sobre la SB 1070 de Arizona

Fallo, que se conocerá en el verano, incidirá en el futuro de millones de indocumentados en EU

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escuchará este miércoles los argumentos a favor y en contra sobre la polémica ley migratoria SB 1070 del estado de Arizona, la primera en su estilo que criminalizó la estadía indocumentada, un acto que en los otros 49 estados sigue siendo una falta de carácter civil no criminal.

Entre otros mandatos, la medida otorgó poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para verificar el estado migratorio de individuos que sean detenidos bajo cualquier otra ley vigente en el estado, exige a las empresas registrarse en el programa federal E-Verify y obliga a los empleados públicos reportar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a los indocumentados que gestionen algún tipo de asistencia.

El caso amenaza con aumentar el debate nacional sobre los indocumentados en medio de un clima antiinmigrante que podría extenderse. Después de Arizona, otros cinco estados han aprobado leyes similares (Texas, carolina del Sur, Utah, Alabama y Georgia) y todos ellos enfrentan demandas en cortes.

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Qué dice el gobierno

La Administración del Presidente Barack Obama sostiene que la inmigración es competencia del gobierno federal y no de los estados, el principal argumento esgrimido en su demanda contra la SB 1070 y contra leyes similares en los otros cinco estados.

En las audiencias de este miércoles, el máximo tribunal de justicia oirá argumentos que estarán centrados en si los estados pueden adoptar sus propias medidas inmigratorias para lidiar con unos 11 millones de extranjeros sin papeles o si el gobierno federal tiene autoridad casi exclusiva en el terreno de la inmigración, como escribió el Departamento de Justicia.

La SB 1070 y las leyes aprobadas en los otros cinco estados han causado un histórico éxodo de inmigrantes que ha tenido un fuerte impacto en el sector agrícola, escuelas y comercios.

Los defensores de la SB 1070, entre ellos la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, esgrimen que el estado se vio obligado a adoptar este tipo de medidas para controlar la inmigración indocumentada ante la “inacción” del gobierno federal.

Desacuerdo bipartidista

La “inacción” se refiere a la falta de un acuerdo bipartidista en el Congreso para aprobar una reforma migratoria y legalizar a la mayoría de los 11 millones de indocumentados.

En 2008 Obama prometió que durante el primer año de su mandato iba a empujar un proyecto que solucionaría el problema, pero otros debates, entre ellos la crisis financiera, las guerras en Irak y Afganistán y el debate de la reforma de salud, entre otros, postergaron el debate.

En 2010 los republicanos le cerraron la puerta a la legalización de los indocumentados y reconquistaron el control de la Cámara de Representantes. En 2012 la postura se mantiene y la reforma migratoria no tiene posibilidades de ser discutida.

Obama ha asegurado que si es reelecto, presentará un proyecto en 2013. Pero advierte que para ser aprobado, necesita que en noviembre los electores no sólo lo elijan a él para un segundo mandato, sino que también escojan una mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso.

Por qué es importante

Con las audiencias del miércoles, la Corte Suprema de Justicia tendrá argumentos para determinar la constitucionalidad de la Ley SB 1070 de Arizona, explicó el Center for American Progress (Centro para el Progreso Americqano –CAP-).

Agregó que la SB 1070 “va mucho más allá de la ley federal en materia de aplicación de leyes inmigratorias, al hacer un delito el encontrarse sin un estatus legal en el estado y obligar a la policía a pedir prueba del estatus legal a cualquier persona que ellos consideren que se encuentra en el país de manera ilegal”.

“La ley está diseñada para obligar a los indocumentados a salir del país siguiendo una estrategia desacertada de abandono por aplicación de la ley o autodeportación”, añadió. Y precisó que la decisión que tome la Corte Suprema será de gran trascendencia, porque “definirá la manera en que un estado particular, podrá, si se decide que pueden, hacer cumplir leyes migratorias y las normativas que podrá establecer un estado en relación con la condición inmigratoria de los individuos que viven en ese estado”.

El CAP explicó además que históricamente los esfuerzos estatales para hacer cumplir las leyes inmigratorias y para formular la política inmigratoria “ha quedado sujeta a prohibición o prelación constitucional, porque la política inmigratoria es materia de competencia exclusivamente federal”, un argumento que sostiene el Departamento de Justicia.

“En efecto, la ley de Arizona SB 1070 y las medidas análogas adoptadas en Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Utah impugnan ese principio de la precedencia federal en materia de inmigración”, dice el CAP.

Qué se debate

En las audiencias pautadas por la Corte Suprema se revisarán los argumentos para decidir sobre cuatro disposiciones clave contenidas en la SB 1070. A saber:

Sección 2 (B): es el apartado “muéstreme sus documentos”, que exige a todo oficial del orden público de Arizona que verifique la condición inmigratoria de toda persona que sea parada, detenida o arrestada, si el oficial tiene “sospecha razonable” de que la persona se encuentra en el país de manera ilegal

Sección 3: es el apartado que convierte en delito bajo la ley de Arizona el que un inmigrante no cargue su “documento de registro de extranjero” en todo momento.

Sección 5 (C): es el apartado de la ley que criminaliza el trabajo no autorizado.

Sección 6: es el apartado que permite que se efectúen arrestos sin orden judicial si el oficial tiene “causa probable” de creer que una persona ha cometido un delito que lo haga “deportable” del país

Fallo dejara dudas

Anticipándose al fallo que la Corte emitirá durante el verano, el CAP dijo que la revisión estará centrada en analizar si las cuatro disposiciones usurpan de manera inconstitucional la facultad del gobierno federal para reglamentar e implementar la ley inmigratoria, y que es importante observar que la decisión de la Corte no resolverá todas las inquietudes y desafíos legales que plantea la ley de Arizona o las leyes de otros estados que actualmente se están litigando.

“Existen otras leyes estatales que también imponen restricciones a la educación, la vivienda y la contratación privada, ninguna de las cuales se resolverá de manera concluyente con la decisión que dictará la Corte Suprema en este caso”, subrayó el CAP.

“Quedan pendientes las impugnaciones de la ley fundamentadas en los alegatos de que, por su forma de aplicación, la ley invita a que se hagan perfiles a base de la raza y se viola la Primera Enmienda. Y los tribunales inferiores en los cuales se revisara la legalidad de leyes estatales similares en Utah, Alabama y Carolina del Sur han señalado recientemente que reservan sus decisiones en esos casos hasta después del dictado de la Corte Suprema sobre el caso de Arizona”.

“Aunque pueda parecer técnica y esotérica la doctrina legal en cuestión, las implicaciones de la decisión de la Corte Suprema son trascendentales y tendrán consecuencias profundas para los ciudadanos e inmigrantes que viven en el estado de Arizona, así como también para el país en su totalidad”, anotó el Centro.

Cronología del proceso

23 de abril de 2010. La gobernadora Jan Brewer promulga la ley SB 1070 de Arizona.

6 de julio de 2010. El Departamento de Justicia interpone una demanda judicial para bloquear la puesta en vigor de la SB 1070

28 de julio de 2010. Un Tribunal de Distrito concede una medida cautelar preliminar en la que dictamina que la ley federal probablemente preceda a las cuatro disposiciones particulares de los apartados de la ley de Arizona 2 (B), 3, 5(C), y 6.

11 de abril de 2011. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ratifica la medida cautelar preliminar.

10 de agosto de 2011. El estado de Arizona interpone un petitorio ante la Corte Suprema.

12 de diciembre de 2011. La Corte Suprema de Justicia concede la revisión, accediendo a conocer y analizar el caso.

25 de abril de 2012. La Corte Suprema de Justicia escucha los argumentos.

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