Redadas silenciosas en Fremont, Nebraska

Ordenanza municipal exige a empleadores utilizar el rograma federal E-Verify

Unas tres mil empresas de Fremont, Nebraska, deberán registrarse y verificar en una base de datos federal -controlada por el servicio de inmigración- el estado migratorio de todos sus trabajadores.

La orden emana de una ordenanza municipal que el lunes entró en vigor tras la decisión del Concejo –firmada el 28 de febrero- y pese a que una corte cursó una demanda para dejarla sin efecto.

La Ordenanza 5165, donde está incluida la exigencia para que los empleadores usen el E-Verify, fue aprobada por los votantes en julio de 2010. La medida extendía la obligación a los propietarios de casas y negocios para verificar el estado migratorio de los arrendatarios.

Partes frenadas

Pero esta sección de la ordenanza fue detenida el 20 de febrero por la jueza federal Laurie Smith Camp, quien dictaminó que los propietarios de casas o negocios no están facultados para verificar el estado migratorio de los arrendatarios.

El fallo fue en respuesta a una demanda interpuesta en 2010 por los grupos Fondo Mexicano-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El alcalde de Fremont, Scott Getzschman, reconoció que cuando se desempeñaba como concejal votó dos veces en contra de la ordenanza, Sin embargo dijo que su apreciación de la medida cambió cuando la iniciativa fue aprobada no por decisión del concejo municipal, sino por el voto de la ciudadanía, reportó la Agencia Española de Noticias (EFE).
Detalles de la ordenanza

Inspirada en Hazleton

La ordenanza municipal de Fremont fue inspirada en una medida similar adoptada en 2006 en Hazleton, Pensilvania, medida que también prohíbe contratar a inmigrantes indocumentados y alquilarles viviendas o negocios.

En ambas ciudades la Unión Americana de Libertades Civiles impugnó las leyes argumentando que eran inconstitucionales.

La ley de Hazleton no entró en vigor porque fue detenida por una corte federal.

Los detractores de la prohibición de Fremont afirmaron que era motivada por el racismo, mientras que sus partidarios señalaron que la medida apunta a las personas que viven en el país de manera ilegal.

La ordenanza de Hazleton

La ordenanza de la ciudad de Hazleton, que inspiró a Fremont, fue aprobada en 2006 pero nunca entró en vigor, porque una corte federal la detuvo tras una demanda interpuesta por organizaciones de derechos civiles.

En julio de 2007 un juez federal la declaró inconstitucional, fallo que sentó un precedente en los esfuerzos de los estados contra la población indocumentada.

En un dictamen de 206 páginas emitido en Scranton, Pensilvania, el juez James Munley prohibió de forma "permanente" que la ciudad de Hazleton ponga en marcha la ordenanza que prohíbe el alquiler de viviendas y negocios a indocumentados, y también sanciona a quienes den empleo a inmigrantes sin papeles, y declara el inglés como idioma oficial.

En resumen, el magistrado determinó que la tarea de regular la inmigración en Estados Unidos recae sobre el Gobierno federal, y que la ley de Hazleton atropella los derechos constitucionales de sus habitantes, así como los reglamentos estatales y federales sobre acceso a vivienda.

Nebraska fue uno de los 21 estados que entre 2010 y 2011 buscó aprobar una legislación para castigar la inmigración indocumentada en Estados Unidos.

Redadas silenciosas

Al uso de la base de dados E-Verify también se le conoce como “redadas silenciosas” o “redadas digitales.

La herramienta fue creada bajo la administración republicana del ex presidente George W. Bush en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

En 2000 el gobierno del demócrata Barack Obama sustituyó las redadas de indocumentados por auditorías para verificar documentos con el uso del E-Verify.

La herramienta, junto a otras políticas implementadas por el gobierno en los últimos tres años, ha permitido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) romper tres récords consecutivos en la deportación de indocumentados. En el año fiscal 2010 el gobierno federal deportó la cifra récord de más de 392 mil indocumentados, mientras que en 2011 la cantidad de expulsados sobrepasó los 397 mil.

Organizaciones que defienden los derechos de los indocumentados refieren que las redadas ejecutadas durante la administración Bush concluían con la deportación de trabajadores sin papeles, en cambio las redadas silenciosas en muchos casos terminan con despidos y los afectados no son expulsados de Estados Unidos.

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