Jueza bloqueó reglas sobre jornaleros en ley SB1070 de Arizona

Fallo constituye una nueva victoria para miles de indocumentados en Estados Unidos

PHOENIX – Veintidós meses después de ser promulgada, la ley de Arizona sufrió un nuevo revés: una jueza federal dictaminó el miércoles que la policía no puede poner en ejecución un artículo de la polémica medida que prohíbe que jornaleros interrumpan la viabilidad mientras busquen u ofrezcan trabajo.

El fallo fue emitido por la jueza federal de distrito Susan Bolton, quien en julio de 2010 –un día antes de la entrada en vigor de la SB1070- frenó las partes más polémicas de la medida antiinmigrante.

La prohibición de que jornaleros se paren en las calles a pedir trabajo o las sanciones anunciadas a quienes los contrataran, se hallaban incluidas en una serie de disposiciones que fueron severamente cuestionadas, entre otros, por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, religiosos, sindicatos, empresarios y el gobierno federal.

Detalles de la SB1070

Entre otras medidas, la SB1070 criminalizó la estadía indocumentada (un acto que en el resto del país sigue siendo una falta de carácter civil no criminal) y autorizó a las policías a detener individuos si tiene dudas que se trata de indocumentados, aunque esta última también fue frenada por Bolton en 2010.

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos estuvo de acuerdo en escuchar una apelación interpuesta por la gobernadora Jan Brewer sobre el fallo de la jueza Bolton de suspender los elementos más beligerantes de la ley.

Otra corte de apelaciones ratificó de antemano el fallo de Bolton.
Tres de las siete impugnaciones de la ley migratoria de Arizona siguen vigentes. No se ha fijado aún fecha para el juicio en los tres casos, reportó The Associated Press.

Temores del gobierno

El gobierno del presidente Barack Obama argumenta en su apelación que la ejecución de la ley migratoria es una competencia federal y no estatal, y teme que su vigencia lesione los derechos civiles.

El Fondo Mexicano-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) y otras organizaciones que habían solicitado a la jueza Bolton un mandato provisorio para bloquear la aplicación de los reglamentos sobre trabajo jornalero, argumentaron que esta parte de la SB1070 viola la Constitución al restringir los derechos de libre expresión de quienes desean expresar su necesidad de empleo.

Los abogados de Brewer se habían opuesto a los intentos de detener la aplicación de las restricciones a jornaleros y argumentaron que las restricciones tenían la intención de encarar las preocupaciones de seguridad, distracción de conductores, hostigamiento a transeúntes y daño a la propiedad.

"Lo que tenemos que hacer ahora es una campaña para educar al jornalero de que están protegidos en la banqueta, pero no están protegidos en la propiedad privada, ahí es donde agarran a la mayoría", dijo Salvador Reza, un activista de la organización Tonatierra citado por el diario La Opinión de Los Angeles.

"Quizás está sea una parte que la Corte Suprema elimine en la ley SB 1070", opinó Reza. "La Corte Suprema va a ver más que todo lo que compete al gobierno federal y al estado. No creo que le permitan a los estados hacer sus propias leyes".

No es definitivo

La suspensión dictada por Bolton tiene carácter temporal mientras analiza los méritos de la demanda interpuesta contra la ley por el Departamento de Justicia y grupos defensores de los derechos civiles y de inmigrantes.

La Suprema Corte de Justicia deberá analizar el próximo 25 de abril en una audiencia los argumentos a favor y en contra de la ley SB 1070.

Además de Arizona, otros cinco estados -Utah, Indiana, Georgia, Carolina del Sur y Alabama- han emitido leyes similares que podrían verse afectadas por la futura determinación de la Suprema Corte de Justicia sobre la polémica Ley de Arizona.

Los defensores de este tipo de legislaciones argumentan que se vieron forzados a promover este tipo de medidas ante la inacción del gobierno federal –y del Congreso- de poner fin a la inmigración indocumentada en Estados Unidos.

El gobierno responde que la solución pasa por una reforma migratoria que incluya una vía de legalización para indocumentados, pero esta iniciativa no cuenta con el suficiente respaldo bipartidista en ambas cámaras del Congreso.

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