Crece el descontento por nueva cárcel para indocumentados en Florida

Insólita alianza entre residentes ricos y defensores de los inmigrantes

SOUTHWEST RANCHES – La construcción de una cárcel para indocumentados en una lujosa zona de Florida tiene en pie de guerra a los vecinos del lugar, y también a organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. Unos temen que sus propiedades pierdan valor, otros protestan por los esfuerzos del gobierno federal de erigir el mayor centro de este tipo en el país en vez de batallar por una reforma migratoria comprensiva.

En la zona seleccionada para levantar la prisión deambulan los pavos reales y las veredas para pasear a caballo, reportó The Associated Press. Residentes de la zona aseguran que los líderes de Southwest Ranches ocultaron sus planes durante casi una década. Y que ahora el problema creció a tal grado que parece imposible detenerlo.

Southwest Ranch es un suburbio de Fort Lauderdale. La localidad tendría que pagar unos $150 mil anuales para mantener la prisión, pero los funcionarios dicen que la zona lograría una ganancia al final: un 4% de lo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) le pagará a los operadores de la prisión por mantener los presos allí, inmigrantes sin papeles legales de permanencia en Estados Unidos.

Protestas en septiembre

Los primeros días de septiembre estudiantes y líderes comunitarios participaron en una protesta contra la construcción de la cárcel en este suburbio ubicado unos 51 km al noroeste del centro de Miami.

La manifestación fue convocada por la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC) y el grupo Estudiantes Trabajando por los Derechos Igualitarios (SWER), quienes presionan para detener la autorización emitida por el Concejo Municipal de Southwest Ranches, que permitió a la empresa Corrections Coirporation of America (CCA) construir un centro penitenciario con capacidad para 2,000 camas.

FLIC señala que el gobierno federal pagará a CCA unos $89 millones para operar las instalaciones, que dependen de ICE.

Tanto la Coalición como el grupo estudiantil indican que las preocupaciones de la comunidad por este nuevo centro se mantienen a pesar de los anuncios hechos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de cambios en la política de deportaciones.

Precedente confuso

En julio ICE anunció su intención de aplazar por tiempo indefinido la deportación de unos 300 mil inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

El gobierno también advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

Pero la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) apuntó que no existe una manera "segura" de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el DHS, y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.

Precedentes necesarios

Los convocantes a las manifestaciones en contra de la cárcel de Southwest Ranch indican que no son los os únicos que rechazan el  proyecto.

La decisión del Concejo municipal es objeto de fuertes críticas por parte de vecinos, quienes temen que la cárcel de inmigrantes autorizada incremente el tráfico en el área, baje el valor de sus propiedades y emplee recursos públicos.

La construcción del nuevo centro fue anunciada en junio.

De acuerdo con la autorización del Concejo, la comunidad obtendría un porcentaje del dinero que reciba la CCA del DHS por cada cama ocupada en la instalación.

Los habitantes de la zona demandan a las autoridades cancelar los planes.

Reforma migratoria justa

Organizaciones defensoras de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos insisten en la necesidad de aprobar una reforma migratoria que ponga fin a la fuerte campaña de detenciones y deportaciones, que durante el gobierno del presidente Barack Obama alcanzó a cifras récord.

Durante el último año fiscal, que concluyó el 30 de septiembre, el gobierno deportó a más de 397 mil indocumentados. Durante el año fiscal 2010 la cifra de expulsados fue de 392 mil inmigrantes.

El gobierno federal asegura que la mayoría de los deportados tenía antecedentes criminales graves, pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes dicen lo contrario.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) reiteró que de los casi 1 millón de inmigrantes deportados por el gobierno del Presidente Barack Obama durante 2009 y 2010, entre seis y siete por cada 10 no tenía antecedentes criminales que representaran una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Política migratoria de Obama

La Casa Blanca ha dicho que el gobierno mantendrá su actual política migratoria durante el curso de 2011, pero insiste en la necesidad de que el Congreso apruebe una reforma migratoria comprensiva que incluya una vía de legalización para indocumentados que carecen de antecedentes criminales, hablan inglés, llevan tiempo en el país y paguen una multa.

Según datos del DHS y del Pew Hispanic Center, en Estados Unidos viven 11 millones de indocumentados y la mayoría es originaria de América Latina, principalmente México.

Los detractores de la cárcel de Southwest Ranch contemplan la posibilidad de pedir una votación especial para sacar del puesto al alcalde antes de las elecciones de marzo, y de esa manera bloquear la autorización emitida por el Concejo a favor del centro carcelario.

La extraña alianza entre residentes ricos y defensores de los derechos de los inmigrantes es inédita en el país, dijo The Associated Press. Ambos grupos dijeron que mantendrán la guardia en alto hasta revocar la medida.

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