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Departamento de Seguridad Nacional revisa 300 mil casos de deportación
Gobierno de Obama da inicio a esta tarea en Baltimore y Denver
WASHINGTON - El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzará el jueves la revisión de los 300 mil casos de personas con órdenes de deportación en el país. La tarea se iniciará primero en dos jurisdicciones: Baltimore y Denver. Luego de una evaluación respecto al funcionamiento del sistema, se podría extender en todo el país.
Desde agosto de este año, miles de personas aguardaban el inicio de la consideración caso a caso, anunciada por el gobierno. Luego de dos meses de espera y tras una lluvia de críticas, debido a la impaciencia por la falta de avances en terreno, DHS está dando ahora el primer paso.
"Habrá dos programas piloto lanzados en Baltimore y Denver, donde los jueces de inmigración van a tomar y congelar todos los casos de gente que no está detenida. Luego un equipo de abogados comenzará a revisar uno a uno. Estos corresponden a los casos más antiguos que son parte de los 300 mil", explicó un alto oficial de DHS a La Opinión.
Acelerarán los procesos
"Mientras, los jueces se enfocarán en la gente que está en detención y sus expedientes serán procesados en las jurisdicciones donde están aprehendidos. Vamos a hacer más expedito este proceso".
"Haremos esto por dos meses hasta el 13 de enero, y veremos cuánto tiempo está tomando, si hay prácticas que se necesitan afinar. La idea es lograr una visión de lo que está ocurriendo, para luego lanzarlo a nivel nacional", explicó.
Consultado respecto a porqué se decidió implementar el sistema solo en dos jurisdicciones, indicó que no estaban "listos para ejecutar una guía en toda la nación, con confianza de que funcionaría. Decidimos que la mejor forma era esta, de manera que podamos hacer cambios, si es necesario, y desplegarlo en todo Estados Unidos con confianza", resaltó.
Guías para abogados
DHS dará, además, nuevas guías a todos los abogados respecto a nuevos casos y la necesidad de que sean inspeccionados, con base en el criterio de prioridades del gobierno, antes de que se pueda comenzar un proceso de detención y deportación.
El gobierno destacó especialmente que la revisión extraordinaria de los 300 mil casos no asegura que todos vayan a ser cerrados, ni siquiera aquellos que a simple vista inspiren empatía.
El criterio que se utilizará para determinar cuáles son los menos prioritarios es el que figura en el memorándum del 17 de junio de 2011, emitido por el director del Servicio de Control de Inmigración, John Morton.
Ahí se especifica que debieran tener una consideración particular las personas que sean familiares de grupos como veteranos, miembros de las fuerzas armadas y residentes permanentes en el país durante varios años.
Otras consideraciones
También se debe considerar a menores o ancianos, individuos que viven en Estados Unidos desde su niñez, mujeres embarazadas, víctimas de violencia doméstica, personas que sufren de discapacidad mental o física, junto a aquellos con condiciones de salud graves.
"Buscamos casos que son de muy baja prioridad, por lo que sabemos que habrá ocasiones en que tendremos una decisión difícil", comentó un funcionario de DHS.
Todos los que sean incluidos en el chequeo de los 300 mil serán sometidos a una revisión de historia criminal, para estar seguros de que no tienen antecedentes penales. La gente que ha sido deportada previamente, por ejemplo, no posee una baja prioridad.
Discreción procesal
El gobierno explicó que si el caso no es cerrado a través de este proceso, ese no es el fin del camino. "Es posible que obtengan discreción procesal por otra vía, dependiendo de sus contextos particulares. Si en el proceso de revisión no logran el beneficio, no implica que el caso quedó de alguna forma marcado y que, por lo tanto, no se podrá ser elegible para discreción procesal, por otra vía", dijo.
Si el expediente efectivamente es cerrado, entonces las personas tendrán la oportunidad de solicitar un permiso de trabajo, pero no existen garantías de que sea otorgado. El cierre del proceso de deportación dejará a los futuros seleccionados en un limbo migratorio, ya que no se les dará ningún tipo de estatus legal. De hecho, si cometen algún delito, sus casos serán reabiertos.
A partir de hoy, DHS iniciará también un entrenamiento formal para todos sus abogados y agentes en el país, con base en escenarios supuestos. Aquí se revisará el memorándum de junio de este año y se hablará de sus requerimientos y la aplicación de discreción procesal. También se examinarán historias hipotéticas, y qué se debe hacer en esos casos.
“Haremos esto por dos meses hasta el 13 de enero, y veremos cuánto tiempo está tomando, si hay prácticas que se necesitan afinar. La idea es lograr una visión de lo que está ocurriendo, para luego lanzarlo a nivel nacional”, declaró el DHS.
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