Republicanos exigen datos de al menos 300 mil casos de deportaciones

En duda anuncio del gobierno que suavizó la política de expulsiones

WASHINGTON – Republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron el miércoles una medida que obliga al Departamento (Ministerio) de Seguridad Nacional (DHS) para que entregue la lista de unos 300 mil casos de deportación que quedaron pendientes en agosto cuando el gobierno anunció que revisaría su política sobre el tema.

El subcomité para política migratoria de la Cámara de Representantes decidió emitir una orden de forzoso cumplimiento para que el DHS entregue el listado de los miles de inmigrantes con antecedentes criminales o sin autorización para residir en el país que fueron detenidos pero cuya deportación no se gestionó, por el cambio de polìtica anunciada por el DHS.

Los siete miembros republicanos del subcomité votaron a favor de emitir la orden, mientras que los cuatro demócratas votaron en contra.

Lamar Smith, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que el pasado 22 de agosto, cuatro días después del anuncio del gobierno de Obama de cambiar la política de deportaciones, pidió la lista de todos los inmigrantes con récord criminal a los que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) calificó como "bajo nivel" y cuya deportación no ha sido gestionada.

"El pueblo estadounidense tiene el derecho a saber cuáles crímenes cometieron estos 300 mil inmigrantes ilegales después de que ICE decidiera intencionalmente no detenerlos", dijo Smith, quien acusó al gobierno federal de "no actuar de buena fe" al no haber entregado la información solicitada antes del plazo fijado a las 10 de la mañana del lunes.

El cambio de norma

El 18 de agosto el gobierno federal anunció su intención de aplazar por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

La Administración también advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

 The Washington Times dijo que los casos reclamados por los republicanos corresponden a inmigrantes detectados bajo el programa Comunidades Seguras del gobierno de Barack Obama, pero que no han sido arrestados para su deportación por ser considerados de baja prioridad por carecer de antecedentes penales.

Activado en 2006

El programa Comunidades Seguras fue puesto en vigor en 2006 bajo la administración republicana de George W. Bush (2001-2009) y fue extendido por Obama en 2009. Se enfoca principalmente en la deportación de inmigrantes detenidos en las cárceles para su deportación.

El diario dijo además que el DHS no cumplió con el plazo del 31 de octubre establecido por Smith para entregar la información.

“Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no quieren dar al Congreso esos documentos?”, preguntará Smith en la reunión del subcomité de Inmigración, según sus declaraciones obtenidas anticipadamente por el periódico.

Las razones de Smith

Durante la audiencia del miércoles, Smith cuestionó si a los funcionarios de la administración Obama les preocupaba que “la información requerida muestre que los inmigrantes ilegales y criminales liberados por el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) hayan salido a cometer más delitos”.

De acuerdo con Smith, las autoridades federales le indicaron que la demora para responder a su petición se debe a que algunos de los datos pertenecen a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y no puede ser entregada sin su consentimiento.

Un funcionario del DHS dijo a The Washington Timesa, antes de la votación del miércoles, que la dependencia federal coopera con el comité que preside Smith y que está en proceso de reunir la información requerida, pero no comentó sobre la demora.

Mar de dudas

Tras el anuncio de agosto del gobierno, de revisar unas 300 mil órdenes de deportación, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), apuntó que no existe una manera "segura" de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el DHS, y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.

Añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración estadounidense, y que por nada se ponga en contacto con las autoridades de inmigración, porque "puede ser arrestado y puesto en proceso de deportación".

"Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos", subrayó AILA.

Ojo con los fraudes

En el caso de los notarios o tramitadores migratorios, AILA dijo que se debe "tener cuidado" y advirtió que el anuncio en el cambio de política sobre deportaciones se pueden generar situaciones de estafas y diversos otros tipos de fraudes notariales que afectan severamente a la comunidad inmigrante de Estados Unidos.

En Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de indocumentados, según datos del DHS y del Pew Hispanic Center (un grupo de Washington que estudia los movimientos migratorios).

Unos 300 mil de ellos, que tienen órdenes de deportación reunirían los requisitos para que una corte de inmigración revise sus casos.

No es una "amnistía"

El anuncio del gobierno "no se trata de un programa de Amnistía, no otorga estatus legal de permanencia a ningún indocumentado y los extranjeros sin papeles no deben inscribirse en las oficinas del servicio de inmigración para calificar a algún tipo de beneficio", dijo AILA.

La Asociación reiteró además que el anuncio hecho por la Administración la semana pasada enfatizó que no proporciona ninguna vía para que los indocumentados presenten una solicitud de autorización de empleo (permiso de trabajo) ni tampoco representa una nueva forma para quedarse legalmente en Estados Unidos.

El anuncio solamente aplica o afecta a aquellos casos que ya están en el sistema (de las cortes de inmigración), tienen una orden de deportación, carecen de antecedentes criminales, no representan una amenaza para la seguridad nacional y que por el elevado número de casos existentes (unos 300 mil) obstruyen los procesos.

AILA explicó además que con la nueva política el gobierno anunció la creación de un grupo de trabajo integrado por funcionarios de alto nivel de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y Justicia, quienes procederán a la revisión de todos los casos pendientes ante las cortes de inmigración y tendrán autoridad para cerrar o cancelar aquellos que califiquen como de "baja prioridad".

No hay nada escrito

Los casos calificados como de "alta prioridad” (por el tipo de delitos que aparezcan en la hoja de antecedentes) serán procesados de forma inmediata. Aunque el comunicado del 18 de agosto provee una lista genérica de ejemplos donde se debe ejercer discreción favorable para cerrar un caso, AILA advierte que no existe ningún tipo de garantía respecto a qué tipo de casos pudieran ser cerrados ya que dicha decisión está a la discreción del oficial particular asignado a cada caso. "Nadie puede opinar al respecto; sólo las autoridades de inmigración pueden tomar tomarán esa decisión", escribió AILA en una lista de recomendaciones.

AILA dijo que el gobierno de Obama deberá desarrollar directrices para que funcionarios y agentes del servicio de inmigración (USCIS), la agencia encargadas de vigilar las fronteras (CBP) y la agencia que ejecuta las deportaciones (ICE) sepan qué casos serán puestos en procesos de deportación y cuáles no, así como definir cómo y en qué casos se usará la discreción.

Advirtió incluso que el anuncio hecho por el DHS el pasado 18 de agosto es premilitar y que a la fecha el gobierno no ha implementado ninguna medida, "los detalles sobre cómo funcionará el proceso de revisión o cómo un individuo puede presentar su caso para consideración todavía no han sido determinados".

Sabio consejo

"La mejor decisión por ahora es consultar con un abogado que tenga licencia del estado para ejercer la ley de inmigración. Una alternativa puede ser consultar el directorio de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA)", dijo la entidad.

En cuanto a solicitudes para presentar un caso, AILA dijo que "no hay no hay ningún formulario" y tampoco “ninguna cuota que pagar”, y que próximamente el gobierno irá dando a conocer las formas en cómo se deberá proceder.

Recomendó visitar la página de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y el sitio de AILA (www.aila.org) para encontrar un abogado que lo represente o más información sobre el tema.

Números preocupantes

A finales de septiembre el director de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), John Morton, dijo que cerca de un millón de inmigrantes indocumentados tienen antecedentes penales en Estados Unidos y son el objetivo prioritario de deportación del gobierno.

"Las estimaciones varían pero (son) aproximadamente un millón de personas con antecedentes penales, sujetos a deportación", explicó Morton en rueda de prensa.

"Desde hace décadas, años, hay mucha más gente ilegalmente en este país de la que ICE pueda deportar", comentó Morton al anunciar la mayor operación en la historia del país, que culminó con el arresto de 2,901 indocumentados con antecedentes.

En Estados Unidos hay aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados.

"Lo que hemos hecho desde que llegamos al poder (bajo la presidencia de Barack Obama) es sentar una agenda de prioridades para utilizar los limitados recursos a nuestra disposición", enfatizó.

"Desde nuestra perspectiva lo mejor es empezar con los criminales", dijo.

"También expulsamos a gente que no tiene antecedentes", reconoció Morton, cuyo gobierno ha batido récords en los últimos dos años y medio, con una media de 350.000 deportaciones al año.

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