Alabama obligada a otorgar educación pública a niños inmigrantes

Gobierno de Obama aumenta la presión para suspender la polémica medida

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) advirtió el miércoles al sureño estado de Alabama que sus distritos escolares están obligados a cumplir con la ley federal, por lo que no pueden negar a los niños el acceso a la educación pública basándose en su estatus migratorio.

El 29 de septiembre entró en vigor en Alabama la polémica ley migratoria HB 56 que, entre otras medidas, obliga a las autoridades escolares preguntar el estado migratorio de alumnos nuevos y también el de sus padres.

Varias partes de la legislación, tildada por defensores y detractores como la más dura en su tipo en Estados Unidos, se encuentran suspendidas por una corte federal de distrito y otra de apelaciones, tras demandas interpuestas por el gobierno, organizaciones de derechos civiles, defensores de los inmigrantes y religiosos.

Exigen explicaciones

El DOJ también requirió información sobre cómo se están llevando a cabo las inscripciones de estudiantes para determinar si cada uno de los distritos escolares cumple con las disposiciones federales. Y si esas acciones estarían garantizadas en el futuro.

Por ley, las escuelas públicas de Estados Unidos deben garantizar la educación gratuita (primaria, media y secundaria).

“Nos ha llamado la atención que los requerimientos de la Ley HB56 de Alabama puedan enfriar o desalentar la participación de los estudiantes”, señaló Thomas Pérez, asistente del Procurador General de Justicia estadounidense, reportó la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex).

Pérez agregó que la ley HB 56 puede llevar a excluir a los niños en edad escolar de los programas de educación pública basada en la raza, origen nacional o percepción del estado migratorio de los padres o bien, en la condición de estar al cuidado del gobierno y por consiguiente son indocumentados.

Fijaron fecha

El DOJ pidió a cada distrito escolar de Alabama que entregue información para el 14 de noviembre sobre el número de estudiantes que han dejado el año escolar 2010-2011, así como la raza, país de origen y estatus migratorio de cado uno de esos alumnos.

El gobierno del presidente Barack Obama apeló en una corte federal y otra de apelaciones la Ley HB 56 de Alabama para bloquear su puesta en vigor.

El apartado en el que se requiere a los educandos comprobar su permanencia legal en el país fue suspendido temporalmente por una corte, pero otras partes controversiales, como conceder autorización a las policías para detener a individuos si sus agentes tienen duda razonable que se trata de indocumentados, sigue vigente.

Breve historia de la ley

La HB56 entró en vigor el 29 de septiembre.

El Departamento de Justicia argumenta que la HB 56 es incongruente con la ley federal y mina las prioridades migratorias federales. Y señala que aumenta las oportunidades para que la policía envíe a los inmigrantes a la cárcel por varios nuevos delitos migratorios.

El Departamento de Justicia también advierte que la HB56 supondrá grandes cargas para las agencias federales, desviando recursos destinados a la captura de criminales extranjeros peligrosos y otros objetivos de alta prioridad.

"La HB56 impone cargas adicionales sobre los niños, exigiendo que los estudiantes demuestren su presencia legal, lo que podría desanimar a los padres de matricular a sus hijos en la escuela", escribió el Departamento de Justicia.

Éxodo de inmigrantes

Tras la puesta en vigor de la HB56, miles de hispanos abandonaron el estado por miedo a ser detenidos, arrestados y deportados de Estados Unidos por no tener permiso legal de estadía. Otros cientos se encuentran en proceso de irse en busca de mejores oportunidades en otros estados.

Simultáneamente, padres de familia sin papeles han firmado poderes notariales para dejar a sus hijos a cargo de familiares y amigos en caso de ser deportados, y de esa manera po perderla custodia de sus pequeños.

Además de criminalizar la estadía indocumentada y otorgar poderes extraordinarios a las policías, la HB56 obliga a los empleadores a inscribirse y utilizar el programa federal E-Verify para verificar el estado migratorio de sus trabajadores nuevos.

También prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria, prohíbe a los propietarios de viviendas o negocios alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados y prohíbe la creación de “ciudades santuarios”.

Casi 200 mil latinos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos –OEA-) exhortó en junio a las autoridades estadounidenses a que modifiquen la ley HB56 para adaptarla a las leyes internacionales de derechos humanos.

"Existe un alto riesgo de discriminación en la implementación de la Ley", señaló el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

Según datos de la oficina del Censo, en Alabama viven poco más de 187 mil latinos.

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