Corte de apelaciones bloqueó partes de la ley de Alabama

No es delito no portar documentos, pero la policía sí puede detener a indocumentados

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó el viernes partes polémicas de la ley HB 56 de Alabama, catalogada por defensores y detractores como la más dura en su tipo en el país.

El fallo frenó el poder otorgado las escuelas para averiguar y registrar el estado migratorio de alumnos nuevos y sus padres, y ya no constituye delito no portar documentos.

Pero la policía mantiene los poderes extraordinarios para que sus agentes puedan detener a individuos si tiene duda razonable que se trata de indocumentados.

"Me alienta la decisión de la Corte del 11 Circuito de suspender partes de una ley que convierte a profesores y funcionarios locales en agentes de inmigración", comentó el líder del Senado, Harry Reid (Nevada) en un comunicado poco después de diculgado el fallo. "Esta ley está causando que niños se queden en casa por miedo, y hasta que latinos quienes son ciudadanos estadounidenses abandonen ese estado porque sienten hostilidad".

La HB 56 entró en vigor el 29 de septiembre un día después del fallo favorable emitido por una jueza de distrito.

Debate a largo plazo

La suspensión emitida el viernes ocurre luego de que el Departamento de Justicia apelara a esa instancia para solicitar que se bloqueara la legislación mientras continuaba en curso una demanda para anular la polémica medida.

El gobierno del Presidente Barack Obama pidió a la Corte de Apelaciones del 11 Circuito dejar en suspenso la HB 56 hasta resolver las dudas respecto a la constitucionalidad de la legislación.

Tanto el gobierno como las organizaciones que defienden los derechos civiles estiman que el debate jurídico sobre el tema podría demorar meses.

Victoria compartida

El dictamen de 16 páginas ofreció una victoria tanto a quienes defienden la medida como a aquellos que la condenan y la demandaron.

El gobierno de Obama reitera que el tema migratorio es una competencia federal y que no le corresponde regularlo a los estados, y advierte que el asunto tiene implicaciones de política exterior y que el Congreso delegó estas responsabilidades en el gobierno federal.

Además de permitir a funcionarios estatales verificar el estatus migratorio de estudiantes de escuelas públicas que se inscribieran por primera vez, la ley de Alabama creó la figura de delito el no portar documentos, y que los individuos indocumentados que resultaren detenidos por este motivo no tendrían derecho a fianza.

También creó la figura de delito el que indocumentados gestionen una licencia de manejar o una licencia de negocios.

La Corte de Apelaciones notificó que escuchará en diciembre los argumentos orales sobre las cuestiones constitucionales establecidas en las demandas interpuestas por el Gobierno de Obama y grupos civiles.

La postura del gobierno

La demanda interpuesta por el gobierno de Obama tenía como objetivo frenar su puesta en vigor de la HB 56. El Departamento de Justicia argumenta que la HB 56 es incongruente con la ley federal y mina las prioridades migratorias federales.

El señala que la ley de inmigración de Alabama aumenta las oportunidades para que la policía envíe a los inmigrantes a la cárcel por varios nuevos delitos migratorios.

El Departamento de Justicia también advierte que la HB 56 supondrá grandes cargas para las agencias federales, desviando recursos destinados a la captura de criminales extranjeros peligrosos y otros objetivos de alta prioridad.

"La H.B. 56 impone cargas adicionales sobre los niños, exigiendo que los estudiantes demuestren su presencia legal, lo que podría desanimar a los padres de matricular a sus hijos en la escuela", escribió el Departamento de Justicia.

Éxodo de indocumentados

Tras la puesta en vigor de la HB 56 el 29 de septiembre, cientos de hispanos abandonaron el estado por miedo a ser detenidos, arrestados y deportados de Estados Unidos por no tener permiso legal de estadía. Otros cientos se encuentran en proceso de irse en busca de mejores oportunidades en otros estados.

Simultáneamente, padres de familia sin papeles han firmado poderes notariales para dejar a sus hijos a cargo de familiares y amigos en caso de ser deportados, y de esa manera po perderla custodia de sus pequeños.

The Associated Press reportó además que numerosos trabajadores de la construcción, jardinería y del campo dejaron de presentarse en sus labores y grandes números de estudiantes hispanos se han ausentado de las escuelas públicas, también por miedo.

El comisionado de agricultura de Alabama, John McMillan, propuso que los agricultores consideren la contratación de reclusos conforme al programa de trabajo condicionado a libertad que existe en el estado. Pero el llamado no dio frutos y los agricultores advirtieron que las cosechas están en grave riesgo a consecuencia de la implementación de la HB 56.

Otros detalles de la ley

Además de criminalizar la estadía indocumentada y otorgar poderes extraordinarios a las policías, la HB56 obliga a los empleadores a inscribirse y utilizar el programa federal E-Verify para verificar el estado migratorio de sus trabajadores nuevos.

También prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria, prohíbe a los propietarios de viviendas o negocios alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados y prohíbe la creación de “ciudades santuarios”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos –OEA-) exhortó en junio a las autoridades estadounidenses a que modifiquen la ley HB56 para adaptarla a las leyes internacionales de derechos humanos.

"Existe un alto riesgo de discriminación en la implementación de la Ley", señaló el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

Según datos de la oficina del Censo, en Alabama viven poco más de 187 mil latinos.

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