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Jueza falló a favor de partes polémicas de la ley de Alabama

Inmigrante arrestado

La ley HB 56 de Alabama concede poderes extraordinarios a las policías locales para arrestar a individuos si tienen duda razonable que se trata de inmigrantes indocumentados.

- Thinkstock LLC/Picture Quest

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Criminaliza la estadía indocumentada y escuelas podrán verificar estado migratorio


La jueza Sharon L. Blackburn, de la corte federal de Distrito en Birmingham, Alabama, falló el miércoles a favor de partes polémicas de la cuestionada ley migratoria HB 56, que entre otras medidas criminaliza la estadía sin papeles y autoriza a las escuelas primarias y secundarias a verificar el estado migratorio de sus alumnos.

Sin embargo, Blackburn decreto medidas cautelares contra otras disposiciones de la ley, catalogada por defensores y detractores como la más severa en su tipo, incluso la ley SB 1070 de Arizona.

En el fallo, Blackburn dijo que la ley federal no le prohíbe al estado obligar a las escuelas a verificar el estatus inmigratorio de los estudiantes. Tampoco prohíbe a la policía determinar el estado migratorio de los individuos que sean detenidos y que exista una sospecha razonable que se trata de indocumentados.

Con esta decisión Blackburn rechazó puntos cruciales de varias demandas interpuestas por el Departamento de Justicia, organizaciones que defienden los derechos civiles y grupos religiosos, entre otros.

Delito criminal

Con el dictamen, la HB 56 convierte en delito criminal menor, bajo la ley de Alabama, el no llevar consigo una prueba de identidad o documento de registro de extranjeros que demuestre que el portador se trata de una persona que tiene permanencia legal en Estados Unidos.

Agrega que los agentes de policía deberán hacer un esfuerzo razonable, cuando sea posible, para determinar el estado migratorio de una persona detenida o arrestada cuando exista una sospecha razonable que se trata de un extranjero indocumentado.

Si una persona es arrestada por conducir sin licencia, y el agente no puede determinar que esa persona tiene una licencia de conducir válida, el detenido deberá ser conducido lo antes posible ante un juez competente en un esfuerzo razonable para determinar la nacionalidad del conductor.

En caso de tratarse de un indocumentado, el chofer será detenido hasta el juicio o hasta que sea entregado a las autoridades federales de inmigración, dice el fallo.

Las personas que no porten documentos que prueben su situación migratoria podrán ser sancionadas con una multa de $100 o 30 días de cárcel.

No será delito

En su dictamen, Blackburn consideró que no serán catalogados como delitos el que un inmigrante indocumentado solicite trabajo, o que una persona transporte o de refugio a un inmigrante sin papeles.

Las otras dos medidas bloqueadas temporalmente buscan permitir que haya demandas por discriminación contra las empresas que despidan a trabajadores con residencia legal mientras contratan a inmigrantes ilegales, y prohibir que las empresas puedan hacer deducciones fiscales por los salarios pagados a trabajadores que viven ilegalmente en Estados Unidos.

La HB 56 tampoco podrá prohibir los contratos de alojamiento por una noche, los contratos para la compra de alimentos, los contratos de servicios médicos o los contratos para el transporte de un extranjero que regrese a su país de origen.

Leyes similares a la HB 56, pero menos restrictivas, se han aprobado ya en Arizona (SB 1070), Utah, Indiana y Georgia.

Jueces federales ya han bloqueado la totalidad o parte de ellas tras demandas, como en Alabama, interpuestas por el gobierno federal, organizaciones de derechos civiles y grupos religiosos, entre otros.

Según el fallo de la jueza Blackburn, la corte determinó que hay probabilidades de que el gobierno federal tendrá éxito en partes de su demanda.

Más de 100 páginas

El fallo de Blackburn, nombrada por el entonces presidente George HW Bush, fue escrito en un documento de 115 páginas.

Entre otras negativas, la magistrada se negó a bloquear las disposiciones que permiten a la Policía detener sin derecho a fianza a presuntos inmigrantes indocumentados, y consideró un delito grave cuando un inmigrante sin papeles haga negocios con el Estado.

La jueza no dijo cuándo podrían entrar en vigencia esas y otras partes de la ley, pero su orden anterior que bloqueó la aplicación de la ley vence el jueves 29 de agosto.

Ni el gobernador Robert Bentley ni el fiscal general de Alabama Luther Strange hicieron declaraciones de inmediato sobre cuando el gobierno del estado comenzará a aplicar partes de la ley, reportó The Associated Press.

Fallo poco claro

Para la abogada Lilia Velásquez, profesora de la California Western School of Law de San Diego, California, el fallo de la jueza Blackburn deja dudas porque, dijo, “no aclaró” en esta instancia si la HB 56 es constitucional o no.

"Bloqueó partes de la medida y mantuvo la suspensión temporal en otras, pero no respondió a todos los argumentos contenidos en las demandas presentadas en contra de la ley migratoria de Alabama", indicó.

Agregó que en cuanto a la parte del dictamen que permite a las escuelas verificar el estado migratorio de los estudiantes de primaria y secundaria, contraviene la ley federal y entra en conflicto con una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en 1982, que se conoce como el caso Plyler vs. Doe, en el que el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos sostuvo que los inmigrantes indocumentados tienen derecho a la educación pública gratuita y equitativa desde kindergarten hasta el último año de secundaria (K-12).

"No sé qué está pensando la jueza Blackburn en ese caso. Los niños que viven en Estados Unidos tienen derecho a ir a la escuela pública sin importar su estatus. Habrá entonces que esperar qué sigue en este proceso que todavía no ha concluido. Hay muchas decisiones que generan dudas".

Velásquez comentó que detrás de este tipo de legislaciones hay personas que "saben que se van a topar con problemas legales. Pero lo hacen, ganen o pierdan la batalla, porque quieren enviar un mensaje claro de que están enojados con el estatus quo de los inmigrantes y porque el gobierno no está haciendo nada por arreglar el problema".

"El éxito rotundo con este tipo de medidas es instigar estos sentimientos antiinmigrantes para que el gobierno proteja los derechos de los estadounidenses", concluyó.

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