Congreso inicia debate sobre la verificación de empleo obligatoria y nacional

Millones de indocumentados quedarían sin empleo si se aprueba, insisten críticos

WASHINGTON DC — Comenzó la batalla de E-Verify en el Congreso: llamados a movilizaciones de rechazo en el país han dado la tónica del debate, mientras los impulsores de la propuesta insisten en que la medida generará más empleos para los estadounidenses.

El proyecto inició su avance en el proceso legislativo.

Desde que los prospectos de una reforma migratoria cayeron en Washington, las reacciones sobre el proyecto de ley de E-Verify, H.R.2885 —denominado Fuerza de Trabajo Legal—, han acaparado la atención en Washington. La medida es vista como la única propuesta de inmigración, con cierta viabilidad política en el Capitolio.

Su principal impulsor, el presidente del Subcomité de Inmigración de la Cámara de Representantes, Lamar Smith (republicano de Texas), presentó la iniciativa a comienzos de este año y durante las últimas semanas la ha promovido como un generador de empleos para los estadounidenses.

"Si el presidente Barack Obama estuviera realmente enfocado en poner a 23 millones de desempleados o subempleados a trabajar, existe solo un elemento ausente en su plan de trabajos: el requerimiento federal de utilizar E-Verify. Esta es una de las mejores opciones en la mesa para dar empleos", declaró Smith.

De qué se trata

El proyecto especifica que "antes de contratar, reclutar o referir a una persona o entidad, se debe verificar si posee un estatus legal para trabajar". Las compañías que tengan más de 10 mil empleados iniciarían el uso obligatorio de E-Verify seis meses después de promulgada la legislación.

En el caso de los trabajadores del campo, el periodo sería de tres años.

Asimismo, esta semana la propuesta incorporó modificaciones en busca de mayor apoyo para su aprobación. Entre ellos, una extensión de seis meses para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) esté listo para la implementación obligatoria del sistema y la creación de una oficina para investigar quejas.

La verificación de empleo

El programa federal E-Verify es un servicio en línea, utilizado de manera voluntaria por empresas, para comprobar el estatus migratorio de los empleados.

De acuerdo con datos provistos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), a la fecha 947,445 lugares de trabajo han usado el sistema y se han registrado 16.2 millones consultas.

"Fuerza de Trabajo legal" tendrá su primera prueba legislativa hoy, de cara a un largo camino en el Capitolio. El Subcomité de Inmigración editará la propuesta y la someterá a su primera votación.

Oficinas demócratas, como la de Zoe Lofgren (D-CA), anticipan que "la audiencia será larga" y se verán diversas enmiendas para modificar el proyecto de ley.

Votos necesarios

Smith tiene la mayoría en el subcomité y por lo tanto los votos necesarios para hacerla avanzar. Esto además del apoyo de grupos con influencia en Washignton, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Asociación de Hoteles y la Asociación Nacional de Restaurantes, entre otros.

Organizaciones pro inmigrantes y sindicatos han iniciado actos públicos para llamar a un rechazo general de la medida. Ayer se registraron protestas en Austin, Nueva York, Boston, Portland, Denver, Los Ángeles, Seattle y Washington DC.

"Esta propuesta eliminará empleos. Es un ataque más a los hispanos. Quiere desesperar a la comunidad inmigrante para que voluntariamente se vaya. Pero lo que van a hacer es generar más crisis. Vivirán en la calle acá, no en sus países", dijo Jaime Contreras, vocero del Sindicato de Empleados y Servicios (SEIU).

Clima de miedo

Dora Escobar, dueña de un negocio de cambio de cheques y envío de dinero en Maryland, está preocupada por el futuro de sus trabajadores y por la obligación que ella tendría como empleadora de hacer cumplir la ley, si llega a promulgarse.

"Ellos no saben qué pasa, tienen miedo. Han venido a darle educación a sus hijos y a trabajar de manera honrada. Ahora es momento de impedir esta ley, no después cuando estemos obligados a hacerla valer", aseguró.

Organizaciones como el Centro para el Progreso Americano (CAP) volvieron a destacar el caso de la ciudadana estadounidense Jessica Pierre, quien testificó en el Congreso en febrero de este año.

Esta residente de Florida perdió su empleo en noviembre de 2010 debido a un error en E-Verify, lo que implicó su despido y desempleo durante varios meses.

Un reporte presentado este año por la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO) indicó que el sistema redujo en 5.4% sus errores en la confirmación de datos, entre los periodos 2004-2007 y el año fiscal 2009.

A pesar de esto, el informe mostró que durante este lapso hubo 211 mil personas con confirmaciones tentativas erróneas. De ellas, 189 mil resultaron en ausencia de confirmaciones, porque no se pudo determinar su estatus.

Millones en la mirilla

De acuerdo con datos de organizaciones como National Immigration Law Center, si E-Verify fuera obligatorio, "6 millones de empleadores y sus 154 millones de trabajadores tendrían que recibir permiso del gobierno antes de continuar su relación laboral. Esto además de causar pérdidas en recolección de impuestos cercanas a $22 mil millones".

Mientras el liderazgo de la Cámara de Representantes no ha entregado mayores indicios respecto a su postura sobre H.R. 2885, el Senado ha dado señales de que la legislación será obstaculizada. Una luz de alivio para sus opositores, al menos por el momento.