Se agudiza crisis para inmigrantes de Estados Unidos

Tribunal Supremo dicta fallo que favorece a políticos locales en su lucha antiinmigrante

Una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia tiene esperanzados a políticos locales que han hecho carrera creando ordenanzas y leyes estatales que pretenden expulsar a los inmigrantes indocumentados de sus regiones.

Mientras prácticamente todas las ordenanzas que se aprobaron para penalizar de diversas maneras a inmigrantes sin papeles como las más famosas de Hazleton, Farmers Branch, Escondido y las de estados como Arizona, Oklahoma, Georgia y Alabama, están siendo peleadas en los tribunales y en general no han sido jamás aplicadas, hay señales de que esto puede estar cambiando.

Recientemente el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito que incluye a Pennsylvania, anuló una decisión previa sobre la primera de las ordenanzas municipales que hicieron famoso a un pueblo montañoso de Pennsylvania llamado Hazleton y a su alcalde Lou Barletta lo convirtió en personalidad nacional.

Celebran victoria

Según el fiscal de Kansas, Kris Kobach, autor de dicha ordenanza –también autor de la ley de Arizona, entre otras, esta decisión significa "una victoria para Hazleton y para otras ciudades del país".

Ese tribunal volverá a considerar los méritos de la Ley de Lucha contra la Inmigración Ilegal, aprobada en 2006 en Hazleton, Pennsylvania, que negaba licencias a los negocios que contrataran a inmigrantes sin papeles y creaba la autoridad para multar con cantidades de hasta $1,000 a quienes alquilaran viviendas a estos inmigrantes.

¿La razón? La Corte Suprema del país, el pasado mes de junio, ordenó a ese tribunal que revisara de nuevo la legalidad de la ley, particularmente porque el mayor tribunal del país había fallado unas semanas antes en otra ley, la llamada "Ley E-Verify de Arizona" (no confundir con la ley de Arizona de 2010).

Se mantiene el freno

La decisión, que en sí no significa que la ordenanza local sea constitucional o vaya a ser aplicada, al menos no en su totalidad, no levanta la orden que la suspendió en 2006, señala el abogado José Perez, de Latino Justice PRLDF abogado parte del grupo legal que litiga en contra de la ley.

"Vi un titular de prensa que decía que ahora la ley era constitucional. Esa lucha aún no ha terminado. La corte de distrito detuvo su implementación y hasta ahora esa decisión no ha sido revertida. Lo más probables es que tengamos que litigar de nuevo frente a la corte de apelaciones", dijo Pérez.

En realidad, la decisión permitirá a Hazleton otra oportunidad de defender su ordenanza, en particular la sección que tiene que ver con quitar licencias de negocios a quienes ofrezcan empleo a indocumentados.

Festejo anticipado

Así, cuando se dio la decisión de la Corte Suprema en junio, el locutor Lou Dobbs entrevistó al ex alcalde de Hazleton, ahora Congresista Lou Barletta, en su programa de radio y lo invitó a "dar un paseo victorioso".

Barletta respondió a su vez que "es una victoria para todas las ciudades que tienen que lidiar con la carta de la inmigración ilegal. Lo tuvimos que hacer porque el gobierno federal no lo hizo".

La promulgación de leyes locales y estatales que pretenden regular la política migratoria del país –algo que históricamente le ha correspondido al gobierno nacional- comenzó con un primer salvo disparado en 2006 por esa pequeña ciudad en las montañas de Pennsylvania llamada Hazleton.

Los primeros en EU

El concejo municipal de ese pueblo de 25,000 habitantes aprobó, en aquel entonces, la primera ordenanza destinada a excluir a los inmigrantes sin estatus migratorio de la vida social y económica de ese lugar. El objetivo manifiesto, que el entonces alcalde Lou Barletta manifestó en público muchas veces, era expulsar a esos inmigrantes indocumentados de Hazleton.

Barletta ahora está en Washington, fue electo al Congreso el año pasado como parte de la oleada republicana que retomó la mayoría de la Cámara Baja.

La Ley de Lucha contra la Inmigración Ilegal negaba licencias a los negocios que contrataran a inmigrantes sin papeles y creaba la autoridad para multar con cantidades de hasta 1000 dólares a quienes alquilaran viviendas a estos inmigrantes. Pero la ley nunca se ha aplicado, ya que grupos pro derechos constitucionales demandaron y lograron una orden judicial en contra de la medida que aún se mantiene, a pesar de recientes decisiones de tribunales.

Después del dictamen

Ahora, la ley va a volver a ser considerada por la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito que incluye a Pennsylvania, luego que la Corte Suprema de la Nación ordenara en junio que ese tribunal revisara de nuevo la legalidad de la ley.

Esa orden tiene a los defensores de la medida cantando victoria y anticipando que esta y otras leyes locales detenidas por los tribunales comenzarán pronto a ser implementadas –la mayoría nunca lo ha sido, aunque ha generado temor y problemas económicos en estados y ciudades.

Para el profesor Kevin Johnson, catedrático de UC Davis, esta decisión no tiene, por el momento, mucho significado.

"Es una situación común que cuando la Corte Suprema decide un caso y hay otro caso que toca algunos temas legales similares, se revisen los otros casos. Pero yo creo que aunque es posible que cambien algo de su decisión, no creo que Hazleton tenga mucho efecto en casos mayores como el que hay contra la Ley de Arizona, que es mucho más amplia que la ordenanza de Hazleton", dijo Johnson.

La verificación de empleo

La razón de que este cambio haya sucedido es que la Corte Suprema falló previamente y afirmó una ley aprobada en el estado de Arizona y firmada en 2007 por la entonces gobernadora Jane Napolitano, que obligaba a los empresarios de ese estado a usar la base de datos federal E-Verify (que entonces apenas era un programa piloto) para verificar a los aspirantes a empleos.

Tras una demanda, la ley fue suspendida, pero la Corte Suprema falló hace unos meses que podía ser implementada y que en ese caso, podía haber una excepción en la exclusividad (pre-emption) del gobierno federal para aplicar leyes de inmigración. Esa exclusividad es esencialmente el principal argumento contra todas estas leyes estatales y locales: la política migratoria la dicta el gobierno federal.

Pérez indicó que es poco probable que los tribunales permitan aplicar la mayor parte de la ley de Hazleton. "Aunque esa ordenanza lidia con el tema del empleo, también tiene una cláusula sobre vivienda que indica que los renteros pueden revisar el estatus migratorio de los inquilinos…estamos muy confiados en que eso no se va a permitir".

Miedo nacional

El ex-alcalde Barletta, que se eligió congresista en 2010 después de un par de infructuosas campañas, declaró que cuando impulsó la ordenanza en su pequeña ciudad en 2006, "fui el primer alcalde en hacer algo como esto, fue muy refrescante, me llamaron racista, intolerante, a mi esposa la amenazaron un par de veces, pero nunca lo hice para promoverme o para estar en el show de Lou Dobbs".

Sin embargo, ese fue precisamente el efecto.

David Sosar, otro nativo de Hazleton que fue concejal en los años noventa y ahora profesor de gobierno en Kings College Pennsylvania, dijo en una entrevista que la ordenanza, que nunca ha sido aplicada, asustó temporalmente a negocios e inmigrantes de la ciudad. "Algunos creen que el resultado más concreto de esta ley hasta ahora fue el de promover al ex-alcalde al congreso", dijo Sosar.

Entretanto, el último Censo reveló que la población de Hazleton creció por primera vez en 70 años y que casi el 38% es latino, principalmente de origen dominicano, puertorriqueño y mexicano.