ICE construirá más centros de detención para indocumentados

Activistas rechazan nuevas cárceles

La Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) está llevando adelante la construcción o contratación de nuevos centros de detención para inmigrantes en zonas cercanas a las ciudades más pobladas y donde se arrestan más inmigrantes.

Actualmente están en planes de desarrollo nuevos centros en Nueva Jersey, Texas, Florida, California e Illinois. Algunos de ellos son de nueva construcción y otros, como el de Nueva Jersey y Adelanto, California, son cárceles en desuso que serán reconstruidas o adaptadas para uso de la agencia.

Los nuevos locales han sido objeto de críticas por parte de activistas en todos estos estados ya que cuestionan que se sigan construyendo centros para albergar a indocumentados no peligrosos que podrían ser liberados con alternativas como los monitores electrónicos.

Plan federal

Según ICE, es parte de "un plan para reformar y mejorar el trato a los inmigrantes y adaptarlos al tipo de inmigrante detenido", ya que hoy en día casi la mitad está en cárceles locales bajo contrato.

En Texas, donde ICE está planeando construir un centro de detención en la zona rural del condado Karnes cerca de San Antonio (construido y administrado por una empresa privada), sin embargo, activistas locales y vecinos han echado el grito al cielo porque no se les consultó antes de llegar al acuerdo.

Un grupo llamado Texas United for Familias, lanzó hace unos meses una petición en línea para pedir que no se lleve a cabo el contrato.

"A pesar de un mandato de reforma de detención, ICE ha decidido contratar a una compañía privada (GEO Group) cuyo récord de abuso y malos manejos de prisiones y centros de detención en Texas es ampliamente conocido", señala el grupo en su petición.

Negocio millonario

También preocupa a los activistas que estos centros sean, en su mayoría, construidos o reconstruidos por un manojo de empresas de detención privada (CCA o GEO Group, siendo las dos más importantes), cuyo récord de derechos civiles no es el más prístino que existe, empresas que, según el Detention Watch Network, han gastado más de 20 millones de dólares en cabildear por la construcción de más centros de detención privados en la última década.

Portavoces de la organización pro inmigrante Casa de Maryland, que han protestado en los últimos meses la construcción y apertura de un nuevo centro en Virginia, encargado bajo la administración Bush, atribuyen la expansión más al progreso de Comunidades Seguras que a las reformas prometidas por ICE.

"Lo que hemos visto es un número cada vez mayor de detenidos y la necesidad de más espacio para ellos, señaló un reciente comunicado de Casa de Maryland. "No importa si son o no verdaderos delincuentes".

Justificaciones de ICE

ICE asegura que parte del beneficio de abrir estos centros es que no tendrán que trasladar a los detenidos a lugares lejanos de sus familias y de donde vivían, algo que constantemente ha sido criticado por los activistas y objeto de un reciente reporte de Human Rights Watch.

También afirman que han invertido más dinero en alternativas a la detención. En el último presupuesto solicitado al Congreso, ICE pidió más de 72 millones de dólares para invertir en alternativas a la detención de 2,500 detenidos más que el año pasado.

Estas alternativas incluyen el uso de monitores electrónicos en la pantorrilla que permiten a las autoridades saber donde se encuentra la persona que está bajo libertad condicional. Esto representa un aumento de casi $3 millones con respecto al año anterior.

Denuncian abusos

Pero en cuanto a las reformas a los centros de detención, activistas continúan denunciando que no parecen aún tener el efecto deseado. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona dio a conocer esta semana un reporte que incluye entrevistas a fondo con más de 100 detenidos en centros del estado de Arizona, donde según se alega, se encontraron muchos abusos.

"Muchos de los hombres y mujeres con los que hablamos son detenidos innecesariamente durante muchos meses hasta varios años en condiciones terribles que ponen en peligro su seguridad y su bienestar", declaró Victoria López, abogada de ACLU en Arizona.

"Hasta que exista una supervisión independiente y un monitoreo de las instalaciones en donde los detenidos de inmigración son recluidos, los detenidos no tendrán otra opción más que hablar por sí mismos", agrega la abogada.