El alguacil de Los Ángeles no abandonará el programa Comunidades Seguras

Jefe policíaco aseguró que polémico plan ha permitido disminuir la delincuencia

El alguacil Leroy Baca dejó en claro que, a pesar de las críticas, no abandonará los programas 287(g) y Comunidades Seguras, ya que considera que han estado funcionando para reducir la delincuencia.

En dos años de aplicación, dijo, se ha reducido de 24% a 16% la población carcelaria compuesta por indocumentados.

La preocupación con Comunidades Seguras y 287(g) la tienen quienes no son capaces de mantenerse alejados de los problemas con la justicia, recalcó en entrevista con el diario La Opinión.

"Son programas que están funcionando de manera mucho más efectiva que algunas de las preocupaciones que sus críticos han hecho", mencionó.

Para Baca, quien cumple 13 años como jefe del Departamento del Sheriff, el problema principal es que no existe un proceso de legalización.

"Habría que empezar a documentar a todos aquellos que han sido respetuosos de la ley", dijo.

¿Qué les diría a quienes se oponen a este programa, como el alcalde Villaraigosa y el jefe Beck?

"Les diría que no están viendo todos los detalles de cómo funciona este programa; el hecho es que tenemos menos crimen. En el sistema de prisiones del condado solíamos tener 24% de internos indocumentados, y ahora estamos en 16%. Eso es una caída significativa. Creo que la gente indocumentada que se ha mantenido fuera de las prisiones por años, no está preocupada por ello; creo que la gente que no sabe quedarse fuera de los problemas es la preocupada".

El segundo en la lista

Datos oficiales indican que Los Ángeles es el segundo condado que más indocumentados remite a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), solo por debajo de Maricopa, Arizona, por lo que a Lee Baca empieza a comparársele con el sheriff Joe Arpaio, algo que el sheriff angelino rechazó rotundamente.

"El sheriff Arpaio puede hablar por sí mismo, pero no hay evidencia de que yo trabaje personalmente en las deportaciones, incluso en el programa 287(g), este departamento no trabaja así", indicó.

"Este departamento es la única corporación policiaca en el país que negoció con ICE respecto a cómo aplicar el programa 287(g), para que cuando una persona sea arrestada por un delito, si es indocumentadas, una vez que vaya a corte, que sea sentenciada y que sirva su sentencia, entonces sus datos son enviados a ICE y es esa agencia la que determina su deportación".

Aclaró que sus declaraciones en un programa radial fueron malinterpretadas por la forma en que el conductor dirigió la pregunta, y recalcó que él ha sido un gran promotor de los derechos civiles para los indocumentados.

Reunión con Obama

El mes pasado, apuntó Baca, se reunió en Washington con el presidente Barack Obama y líderes comunitarios, defensores de los derechos civiles y otros funcionarios públicos para enfatizar en la necesidad de una reforma migratoria.

"Ahí no vi al alcalde, tal vez estaba ocupado o algo", mencionó.

Durante esa reunión, dijo, recomendó a la Casa Blanca que se analicen los millones de trabajos que los indocumentados están realizando para ofrecer un camino a la legalización y empezar por quienes han sido respetuosos con la ley.

"Porque no creo que sea correcto que trabajadores que han sido respetuosos de la ley, que no han violado ninguna ley, que sean deportados", indicó. "Comunidades Seguras no sería un asunto si tuviéramos un proceso de documentación y de legalización de los trabajadores".

Esa situación del estatus migratorio, dijo el Sheriff, provoca mucho miedo en la comunidad, y aunque no existiera el 287(g) y Comunidades Seguras, la ansiedad de ser indocumentado prevalecería.

A favor de mejoras

El Departamento del Sheriff de Los Angeles, aseguró, ha trabajado muy de cerca con la comunidad indocumentada, con programas juveniles, escolares y servicios generales cuando son víctimas de un delito.

"El 80% no tiene problemas criminales, vive su vida como cualquier otra, pero tiene mucha presión por quienes sí cometen crímenes", recalcó.

¿Usted reconsideraría detener estos programas?

"No", respondió de inmediato, aunque reconoció que debe ser mejorado, porque el sistema federal no es perfecto.

Explicó que el programa Comunidades Seguras opera diferente al 287(g), ya que cuando un policía arresta a una persona que es nacida en el extranjero y no cuenta con documentación en ese momento, toda la información se va a la Procuraduría General de California y es ahí donde se conecta con ICE.

En cambio, la información del interno a través del 287(g) el Sheriff la otorga a ICE una vez que haya sido procesado y cumplido con una sentencia.

"Nosotros no arrestamos a gente por multas de tránsito, arrestamos a quienes manejan en estado de ebriedad", dijo. "No tenemos el tiempo ni la energía para arrestar a personas por multas, a menos que no paguen sus multas podrían ser arrestadas".

Danza de millones

Baca señaló que los indocumentados en prisión tienen un costo para el condado de $400 millones al año [por todo el proceso judicial] y que si no fuera por Comunidades Seguras esa cantidad podría incrementarse.

El Departamento del Sheriff gasta alrededor de $90 millones por mantener en prisión a cerca de 3 mil indocumentados al año, pero el gobierno federal solo reembolsa unos 13 millones, dijo Baca.

Por ello, rechazó que las prisiones del condado puedan ser vistas como un negocio.

El sheriff Baca aseguró que Comunidades Seguras no promueve el perfil racial.

"Déjame decir esto: yo sé mucho de indocumentados y sé que trabajan de la mejor manera que pueden, pero nunca encontrarás que el Departamento del Sheriff maltrate a una persona por ser indocumentada, ni por lenguaje o alguna forma de sospecha o prejuicio. Eso no pasará porque respetamos la dignidad de las personas... el problema es que no tienen un camino de esperanza, porque no les dan la oportunidad de legalizarse".