Brewer firma ley contra 'casas de paso' de indocumentados

Hasta siete años de prisión

PHOENIX - La gobernadora Jan Brewer promulgó una ley que convierte en delito mayor la utilización de documentos falsos para rentar o comprar una vivienda con el fin de utilizarla como casa de escondite y traslado de inmigrantes indocumentados.

El proyecto de ley firmado el lunes por la mandataria estatal haría que su violación sea castigada hasta con siete años de prisión.

Las llamadas "casas de paso" son viviendas, apartamentos o habitaciones de motel donde los contrabandistas de indocumentados esconden a sus clientes luego de cruzar la frontera y antes de enviarlos a destinos en otras partes del país.

Entrará en vigor el 20 de julio

La policía ha descubierto muchas casas de paso en años recientes en el área metropolitana de Phoenix.

La ciudad es centro más activo de la nación en materia de contrabando de inmigrantes ilegales.

La medida entra en vigor el 20 de julio.

Suspensión parcial de ley SB1070

En días pasados un tribunal de apelaciones estadounidense confirmó la suspensión de las disposiciones más controvertidas de la polémica ley migratoria del estado de Arizona (suroeste del país), donde los líderes políticos expresaron su repudio mientras México celebró el fallo.

Poco antes de su entrada en vigor en julio del año pasado, un juez federal suspendió, a petición del presidente Barack Obama, los artículos más controvertidos de la ley de inmigración de este estado fronterizo con México.

Uno de ellos autorizaba a la policía local a detener e interrogar sobre su situación migratoria a una persona sólo por ser sospechosa de carecer de documentos.

El estado de Arizona apeló inmediatamente la decisión, pero un tribunal de apelaciones de San Francisco confirmó este lunes la suspensión de los puntos polémicos de ley, en una decisión tomada entre tres jueces.

"Creemos que (el juez federal) no abusó de su poder al suspender varias disposiciones" de la ley, escriben los jueces en su decisión. "En consecuencia, confirmamos el primer mandato de la corte ordenando la suspensión de esas disposiciones", agregan.

La ley, impulsada por la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, provocó un polémico debate en Estados Unidos y fue fustigada por varios mandatarios de América Latina al considerarla discriminatoria y que violaba principios básicos de la carta de los derechos humanos.

México aplaudió la decisión de la corte de San Francisco y expresó su "pleno reconocimiento" por la confirmación del fallo que dejó sin efecto los puntos más controvertidos de la norma.

Molestia en Arizona

Pero en Arizona, gran parte de los líderes políticos expresaron su molestia.

En un comunicado, la gobernadora Brewer estimó que la suspensión de una parte del texto de la ley "perjudicaba la seguridad y el bienestar de los habitantes de Arizona, que sufren los efectos negativos de la inmigración ilegal".

La política republicana anunció que su estado continúa estudiando todos los recursos legales para enviar este caso a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

El fiscal general de Arizona, Tom Horne, sostuvo: "la decisión de la Corte del Noveno Distrito será revocada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Y me comprometo a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograrlo", advirtió.

De su lado, el sheriff del Condado de Cochise, Larry Dever, aseguró que el fallo del lunes "hará mucho más difícil para nosotros proteger a los ciudadanos de la inmigración ilegal y el crimen que viene con esto".

"Mientras, el gobierno federal gasta recursos peleando con nosotros antes que con la inmigración ilegal", apuntó.

Medidas antiinmigrantes

Para Omar Jadwat, abogado de la influyente Unión por los Derechos Civiles (ACLU), que se opuso a esta ley, la decisión de la corte de apelaciones "envía un mensaje muy claro a Arizona y a todos los estados que quisieran inspirarse (en este ejemplo): es inconstitucional".

Varios estados del país que habían considerado tomar medidas similares frente a la inmigración indocumentada dieron marcha atrás.

Solamente Utah (oeste) aprobó recientemente una ley que promete establecer controles especiales pero se mantiene más abierta y menos represiva que la de Arizona.

Incluso antes de que la polémica ley implicara a la justicia federal, en julio de 2010, Brewer se vio obligada a redactar una nueva versión de algunas partes del texto.

En respuesta a la demanda del gobierno del presidente Barack Obama, Brewer decidió en febrero presentar una contra el estado Federal, acusándolo de no proteger a Arizona contra la llegada masiva de inmigrantes sin documentos.

La demanda reprocha también al Estado federal de no haber logrado frenar la criminalidad en este estado fronterizo, según Brewer, que además pide reparaciones financieras.

Un tercio de los 6,6 millones de habitantes de Arizona no nacieron en Estados Unidos y unos 460.000, según varias estimaciones, estarían en situación irregular.