Poderes para pedir papeles en Virginia

Indocumentados en la mira de autoridades

WASHINGTON - El fiscal general de Virginia, Ken Cuccinelli, dio su visto bueno a que la policía de ese estado pueda verificar el estatus migratorio de cualquier detenido, lo que abre a puerta a la aprobación de ordenanzas locales contra los indocumentados.

Según Cuccinelli, las autoridades policiales de Virginia pueden indagar sobre el estatus legal de personas que sean detenidas o arrestadas por alguna otra infracción.

Eso es distinto a la polémica ley SB1070 de Arizona, bloqueada parcialmente por una juez federal la semana pasada, porque en el caso de ésta última, la verificación del estatus legal era una exigencia.

La ley vigente

Una ley de Virginia, en vigor desde 2008, ya exige comprobar el estatus migratorio de personas cuando han sido encarceladas bajo sospechas de cometer algún delito.

"Los oficiales policiales de Virginia tienen la autoridad de hacer las mismas indagaciones que están contempladas por la nueva ley de Arizona. Mientras tengan el debido nivel de sospecha de que se ha violado una ley, los agentes pueden detener e interrogar brevemente" a un sospechoso de cometer un delito federal, explicó Cuccinelli en un documento el pasado 30 de julio.

La opinión de Cuccinelli no es ley, pero sirve como una "guía" para que la policía pueda actuar contra los indocumentados, aunque de forma voluntaria.

El fiscal general ya había presentado documentos de apoyo a la SB1070, como lo hicieron también otros ocho estados.

Como en Arizona

Varios grupos conservadores en Virginia, apoyados por organizaciones como la Federación para una Reforma Migratoria de Estados Unidos (FAIR), quieren impulsar una ley similar a la SB1070.

La incursión de Cuccinelli en el debate migratorio se produce cuando de cara a las elecciones legislativas del próximo 2 de noviembre, cada político está utilizando la cuestión migratoria como un arma electoral, en un sentido u otro.

De hecho, Cuccinelli emitió su opinión legal en respuesta a una solicitud del delegado estatal republicano, Robert G. Marshall, que representa al Condado de Prince William y apoya medidas más estrictas contra los indocumentados.

Marshall ha pedido al gobernador republicano de Virginia, Robert McDonnell, que, a través de una orden ejecutiva, incorpore la opinión de Cuccinelli en el código estatal, un resquicio ingenioso ya que sólo el poder legislativo puede aprobar leyes.

Se desconoce cuándo se pronunciará McDonnell sobre este asunto, pero está claro que la opinión de Cuccinelli estaría dando licencia a que las jurisdicciones locales aprueben ordenanzas contra la población clandestina, pese a la posibilidad de demandas.

Más de 300 mil

Se calcula que, de los 12 millones de indocumentados en Estados Unidos, hasta unos 325,000 viven en Virginia, según el Centro Hispano Pew.

La lucha a favor y en contra de su legalización se libra en cada localidad con alta concentración de inmigrantes y adquiere cada vez más un cariz político-electoral.

De un lado están las más de 138 "ciudades santuario", en las que las autoridades locales se niegan a cooperar con las autoridades federales en el combate a la inmigración ilegal.

Del otro, están los líderes conservadores, y grupos afines, que exigen medidas más contundentes contra los indocumentados.

El domingo pasado, la ex gobernadora de Alaska Sarah Palin elogió a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que, a su juicio, "tiene los cojones que nuestro presidente no tiene" para combatir a los indocumentados.

Palin, que no completó su mandato como gobernadora, parece sugerir que cada estado puede imponer sus propias leyes migratorias, tarea que recae sobre el Gobierno federal.

Mientras tanto, Estados Unidos sigue sin resolver un problema que sólo va en aumento.