Gobernadora de Arizona Jan Brewer promulgó la ley SB 1070

Razón oficial

No tener papeles de estadía legal en el país, no llevar en la billetera la green card o transportar en su automóvil a un indocumentado, aunque sea un familiar, se convirtió en un delito este viernes en el estado de Arizona. La gobernadora Jan Brewer promulgó la polémica ley SB 1070 que cinco días antes aprobó la Asamblea de mayoría republicana que entrará en vigor en un plazo de 90 días.

Horas antes, el Presidente Barack Obama había dicho en Washington DC que la ley era "una medida equivocada" y pidió al Congreso acelerar el debate de la reforma migratoria que, para ser aprobada, necesita apoyo bipartidista.

La nueva ley de Arizona afecta directamente a unos 400 mil inmigrantes sin papeles.

Brewer justificó la firma de la ley de inmigración más dura en Estados Unidos con una crítica al Congreso federal por su inacción, dijo, en el tratamiento del tema de la inmigración indocumentada.

Anteponiéndose a la lluvia de demandas que se avecina por parte de organizaciones que defien los derechos de los inmigrantes, Brewer dijo “tenemos que confiar en las autoridades. Los oficiales (de policía) serán respetuosos y la ley será ejercida civil y justamente”.

Entre otras disposiciones, la SB 1070 le otorga a las policías locales (estatal y municipal) facultades extraordinarias para  detener a personas si los agentes tienen sospecha razonable de que se trata de indocumentados, tema que los críticos de la ley aseguran que abrió la puerta a la discriminación racial.

Critican la firma

"Lo sabíamos. Es un paso lamentable, pero sabíamos que Brewer lo iba a hacer", dijo el director de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles, Jorge Mario Cabrera, quien en la víspera viajó desde California hasta Phoenix para apoyar a miles de activistas que este viernes frente al edificio del gobierno pedían el veto de la iniciativa patrocinada por republicanos.

"No queremos que los activistas de Arizona se sientan solos en esta batalla que a partir de ahora se traslada a los tribunales de justicia. Esta ley no va a ser implementada", anticipó.

A su vez, Clarissa Martínez de Castro, directora de Política de Inmigración del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), comentó que la firma de la ley SB 1070 demuestra que para la gobernadora Brewer "es mas importante jugar a la política y gastar al dinero de los contribuyentes de Arizona que defender los derechos de los habitantes de su estado".

"Estamos seguros que las organizaciones nacionales que defendemos los derechos de los inmigrantes vamos a proceder con retos legales que van a parar esta ley. Desafortunadamente este paso le va a costar mucho al bolsillo de los habitantes de Arizona. Vamos a trabajar con grupos locales para ver qué otras medidas se puedan ejecutar para detenerla".

Martínez de Castro agregó que la firma de la ley SB 1070 es un acto "inaceptable, reprobable e inconstitucional".

Ley inconstitucional

"Arizona está actuando fuera de su jurisdicción porque es el gobierno federal quien tiene la única autoridad para regular todo lo que tiene que ver con la inmigración", dijo Lilia Velásquez, abogada de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en San Diego, California. "El presidente tiene toda la razón en lo que dijo esta mañana". 

Agregó que si bien existen algunas excepciones para que los estados actúen en el tema de inmigración, lo pueden hacer en algunas áreas o temas, como por ejemplo la concesión de licencias de conducir. "Pero no puede actuar bajo el argumento de que el gobierno federal haya dejado de hacerlo. No importa que el gobierno federal actúe o no sobre el tema, eso no le da al estado el derecho a que lo haga. La Constitución sólo le da derecho para hacerlo al gobierno federal".

Velazquez indicó que Arizona tiene un largo historial antiinmigrante y citó algunos de lo que definió como "delicados” problemas que no han sido resueltos todavía, entre ellos la actuación del alguacil Joe Arpaio, quien se encuentra siendo investigado por el Departamento de Justicia por abuso de poder y arrestos y encarcelamientos bajo perfil racial.

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