Organizaciones civiles de EU exigen veto a ley antiinmigrante de Arizona

Puerta peligrosa

Los líderes de las principales organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos pidieron el jueves a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que vete el proyecto de ley SB 1070 aprobado por la Asamblea estatal que, entre otras medidas, criminaliza la estadía indocumentada y otorga poderes extraordinarios a las agencias locales de policía para que arresten a individuos bajo la simple sospecha de no tener papeles para vivir en Estados Unidos o a personas que asistan o ayuden a indocumentados.

Al mismo tiempo urgieron al Presidente Barack Obama y al Congreso a debatir y aprobar lo antes posible una reforma migratoria comprensiva que incluya una amplia y regulada vía de legalización.

La propuesta de ley SB 1070, patrocinada por republicanos, "abre la puerta a la discriminación de los latinos por su perfil racial, la gran mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, y también a residentes legales", dijo Janet Murgía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR). "Se trata de una medida extrema y tendrá consecuencias terribles", anticipó.
En otra parte de sus declaraciones, la dirigente dijo que los "patrocinadores de esta legislación saben muy bien que la solución a los problemas de inmigración de nuestro país residen en Washington DC y no en Phoenix".

Según la ley federal vigente, la estadía sin papeles en Estados Unidos es una falta de carácter civil no penal y el ejercicio y regulación de la ley de inmigración corresponde al gobierno federal, argumento que en varias ocasiones han hecho prevalecer las cortes federales cuando han ventilado leyes similares a la SB 1070.
Pese a ello, la Asamblea estatal, controlada por el partido republicano, insiste en regular la inmigración ilegal utilizando el argumento de que el congreso federal no ha hecho mucho por controlar la inmigración indocumentada, que a su vez –alegan- es responsable del incremento de la violencia y el tráfico de drogas principalmente en la zona fronteriza con México.

Voz de alarma

Pero los líderes de las organizaciones nacionales alzaron la voz para advertir que la solución que adoptó el legislativo de Arizona es equivocada y que el uso generalizado de perfiles raciales contenidos en la propuesta de legislación SB 1070 tiende a provocar y otorgar una "licencia excesivamente amplia" a la policía para detener tanto a ciudadanos como a no ciudadanos, además de elevar los gastos de la economía del estado que deberán sufragar los contribuyentes.
Indicaron que la propuesta de ley amenaza la seguridad de la ciudadanía y su ejecución viola la Constitución, por lo que urgieron a la gobernadora Brewer que la vete.

Brewer tiene plazo legal hasta el sábado al medio día para firmarla. En caso de no hacerlo, la ley igual entrará en vigor en un plazo de 90 días, a menos que disponga vetarla tal y como piden sindicatos, líderes de derechos civiles, religiosos, legisladores nacionales y la comunidad inmigrante en general.

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