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Cientos de activistas piden a gobernadora de Arizona que vete ley antiinmigrante

Reforma migratoria

Reform Immigration for America la integran unas 800 organizaciones y grupos locales y nacionales que se unieron para apoyar y exigir al Congreso y a la Casa Blanca que debatan y aprueben una reforma migratoria que permita legalizar a los 11.6 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos (10.8 según el Departamento Se Seguridad Nacional -DHS-).

"Este tipo de actividades, como las que se organizan en Arizona, también son parte de esta campaña a favor de la reforma migratoria", dijo Katherine Vargas, portavoz del Foro Nacional de Inmigración en Washington DC. "Esta es una actividad para hacer presión, para que la gobernadora Brewer haga lo correcto y vete este proyecto de ley antiinmigrante que no beneficia a nadie, sino por el contrario dañará los derechos de miles de personas".

Vargas agregó que de aprobarse la ley SB 1070, Arizona "distraerá los recursos de la fuerza pública para ir detrás de personas que no son criminales o hayan dejado su billetera en la casa" y agregó que además de la vigilia "líderes religiosos entregarán el martes a la gobernadora Brewer 50 mil firmas de rechazo a la ley y que fueron recolectadas por la internet".

Efecto dominó

Una de las mayores preocupaciones del Foro es que en caso que la gobernadora promulgue la ley se genere un efecto dominó y otros estados procedan a debatir este tipo de legislaciones.

A mediados de 2006, cuando el Senado federal canceló el debate de la reforma migratoria, en Estados Unidos de desató una ola antiinmigrante que causó la presentación de más de 1,400 iniciativas de ley en municipalidades de al menos 30 estados, de las cuales unas 140 se convirtieron en ley, pero muchas fueron detenidas por jueces que argumentaron que el control de la inmigración legal e indocumentada es una tarea que compete solo al gobierno federal.

"Hay temor de que ocurra algo similar", dijo Vargas. "Por eso es importante mantener esta lucha, para garantizar el respeto a los derechos constitucionales".

Kat Rodríguez, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de Tucson, dijo a Univision.com que el miego es generalizado en esa región de Arizona "porque nadie sabe qué va a suceder, cómo van a interpretar la ley en caso sea propulgada, a quién le pedirá papeles la policía, sobre la base de qué reglamento actuará... Hay muchas preguntas y mucho temor en la comunidad inmigrante".

La activista agregó que en Tucson "llevaremos a cabo una vigilia frente al edificio federal este martes" y que actividades similares se realizarán en todo el estado fronterizo con México. "Estamos luchando para que esta ley no entre en vigencia".

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