Grupo de religiosos mexicanos detenidos en Arizona al borde de la deportación

Cacería policíaca

PHOENIX - Un grupo de nueve religiosos mexicanos enfrenta la deportación tras ser detenido en Arizona cuando se dirigía a un retiro espiritual, lo que ha causado preocupación en la comunidad hispana, reportó la Agencia Española de Noticias (Efe).

"En Arizona estamos sufriendo una verdadera cacería de indocumentados, no puede ser que ahora ni siquiera un grupo personas puedan planear participar en un retiro espiritual", dijo Magdalena Schwartz, activista y directora de la Alianza de Lideres Religiosos del Valle.

El pasado viernes por la noche, los religiosos viajaban en una camioneta de la iglesia cristiana Alpha Omega, con dirección a la ciudad de Payson, cuando fueron detenidos por agentes locales.

"El pastor de la iglesia que viajaba en otro auto me dijo que fueron detenidos por un oficial del Departamento de Seguridad Pública (DPS) supuestamente porque la luz de la placa de la camioneta no funcionaba, lo que es mentira", dijo Schwartz.

Papeles migratorios

Agregó que los agentes pidieron documentos que acrediten su estadía legal en el país y al comprobar que los religiosos no los tenían llamaron a Inmigración.

En opinión de la líder religiosa, los miembros de la iglesia cristiana fueron detenidos solamente por su apariencia, ya que ni siquiera recibieron alguna multa por infracción de tránsito.

Los detenidos se encuentran ahora en el centro de detenciones de inmigración de Florence, donde esperan la oportunidad de hablar con un juez de inmigración.

La Sección 287(g)

El papel como agentes del servicio de inmigración que ejercen policías locales (municipales y estatales) en más de 30 estados, obedece a la puesta en vigor, entre 2003 y 2004, de un plan de seguridad adoptado en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Una sección de la ley de inmigración aprobada por el Congreso en 1996 y que se conoce como 287(g), faculta al servicio de inmigración hacer acuerdos con las policías locales para controlar la inmigración indocumentada en casos de emergencia.

Tras una lluvia de críticas a mediados de julio el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) replanteó el reglamento de arrestos y lo enfocó en la búsqueda, detención y deportación de extranjeros con antecedentes criminales, entre ellos unos 540 mil con orden de deportación vigente.

Pero con una importante diferencia: esta vez se procederá bajo un solo reglamento en los 50 estados del país.

¿Debería el gobierno federal suspender el programa 287(g) hasta que el Congreso debata y apruebe la reforma migratoria? Comente aquí.