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Arpaio en el banquillo de la justicia
El alguacil del Condado Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, enfrenta una nueva demanda, esta vez por supuesto uso inapropiado de $80 millones.
La Junta de Supervisores de Maricopa entregó a la fiscalìa de Arizona pruebas de que el denominado sheriff más duro de Estados Unidos malgastó fondos del presupuesto en viajes lujosos para sus agentes en actividades dirigidas a la captura de indocumentados.
Los dineros mal usados estaban destinados exclusivamente para la reparación de cárceles. Las acusaciones también fueron enviadas a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Además de la acusación de uso indebido de fondos, Arpaio enfrenta una acusación del gobierno de Washington por obstrucción de justicia en un caso por abuso de poder y violación de derechos de inmigrantes en Estados Unidos.
Los procedimientos policíacos de Arpaio contra la poblaciòn indocumentada son objetados no sólo en Arizona, sino en el resto del país. Organizaciones pro inmigrantes han pedido al gobierno que intervenga y frene su política tildada de antiinmigrante.
Arpaio asegura tener la autorización legal en Arizona para actuar contra la inmigración indocumentada y que seguirá adelante con sus procedimientos a pesar de las advertencias del gobierno federal de Washington.
Activistas nacionales aseveran que las políticas de Arpaio son son contrarias a la ley federal de inmigración aprobadas por el Congreso y lo acusan de abuso de poder y de poner en situación de riesgo los derechos civiles.
En los últimos cuatro años Arpaio y su oficina han sido responsable de la deportación de más de 23 mil inmigrantes indocumentados arrestados y entregados a la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE).
La "cárcel de las carpas" es el recinto carcelario más cuestionado por organizaciones nacionales defensoras de los derechos de los inmigrantes. Los reos, la mayoría enviados a ese lugar por no tener papeles de estadía legal, usan trajes de rayas y ropa interior de color rosa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la "cárcel de las carpas" por el trato dado a los internos y porque Arpaio se ha negado a permitir que observadores revisen sus instalaciones y hablen con los reclusos.
Casi la mitad de los pobladores de Mericopa, Arizona, no está de acuerdo con la política migratoria que ejecuta Arpaio. Muchos respaldan una reforma migratoria y piensan que la mayoría de los indocumentados merece una oportunidad para legalizar sus permanencias en Estados Unidos.
Pero esa opinión no afecta al sherff. Arpaio ha sido reelegido fácilmente en tres ocasiones como alguacil por los votantes del condado Maricopa, quienes favorecen su postura en contra de la inmigración indocumentada.
Pese a las criticas los juicios, Arpaio no se rinde. Recientemente anunció que planea formar un nuevo grupo de voluntarios armados para asistir a su oficina en operativos en contra de la inmigración indocumentada en áreas apartadas dentro del condado que son utilizadas como rutas por traficantes de humanos.
Para Arpaio, el problema de la inmigración indocumentada en Estados Unidos es responsabilidad del Congreso federal por no haber aprobado un cambio a las leyes migratorias, un cambio que debe basarse sólo en política de seguridad para sellar la frontera con México.
La demanda del gobierno federal contra Arpaio se fundamenta en la Ley de Derechos Civiles de 1964, que recuerda al condado de Maricopa, a la Jefatura de Policía del condado y al mismo alguacil que reciben asistencia financiera del gobierno federal. La ley federal prohíbe la discriminación en los programas que reciban fondos federales. El año pasado Maricopa recibió $113 millones de dólares en fondos federales, esto es alrededor del 5 por ciento del presupuesto del condado.
En concreto, Arpaio est'a siendo procesado por acusaciones de allanamientos y confiscaciones inconstitucionales, y por el uso obligatorio de inglés en las cárceles del condado, que perjudica a quienes tienen pocos conocimientos de ese idioma.
Pese a todos los llamados, procesos y acusaciones, Arpaio no se detiene. La "cárcel de las carpas" sigue recibiendo inquilinos, la mayoría inmigrantes cuyo único delito es no contar con papeles de estadía legal en Arizona.
Los inmigrantes presos en la cárcel de Maricopa no tienen posibilidades de salir libres. Después de cumplir la sentencia, son entregados al ICE para ser deportados de Estados Unidos.
Tanto para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como para organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes, las actuaciones de Arpaio han puesto en situación de riesgo los derechos de cientos de miles de inmigrantes en estado de Arizona, donde de acuerdo con datos oficiales viven más de 400 mil indocumentados y muchos de ellos huyen por temor a ser arrestados, encarcelados y deportados del país.
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