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Podrían rodar más cabezas en EEUU por 'Rapido y Furioso'
Los funcionarios adscritos a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos serían despedidos si el gobierno federal acepta las recomendaciones de un panel disciplinario que indaga la operación del programa.
- Getty Images
Se irían si gobierno federal acepta recomendaciones
Cuatro funcionarios del gobierno federal de Estados Unidos, encargados de supervisar "Rápido y Furioso", serían destituidos debido al mal desempeño de este programa de rastreo de armas, apuntó el diario The Wall Street Journal (WSJ).
¿Caerán más cabezas por "Rápido y Furioso"? Opina en nuestros Foros.
Los funcionarios adscritos a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) serían despedidos si el gobierno federal acepta las recomendaciones de un panel disciplinario que indaga la operación del programa, dijeron al diario fuentes no identificadas.
Proceso legal podría durar meses
Los cuatro funcionarios sujetos al despido son gerentes de oficinas de la ATF y supuestamente ya fueron notificados de la recomendación del panel. Asimismo, dos empleados de menor nivel podrían enfrentar medidas disciplinarias, aunque conservarían su puesto.
La decisión del panel formado para deslindar responsabilidades en el caso de "Rápido y Furioso" comenzaría un proceso legal que podría durar meses y los supuestos responsables podrían apelar legalmente las recomendaciones.
Los gerentes son Mark Chait, ex director asistente de operaciones en el terreno; William McMahon, supervisor de operaciones en el Oeste de Estados Unidos; William Newell, ex jefe de la ATF en la ciudad de Phoenix y George Gillet, el segundo a cargo en esta oficina.
Legisladores republicanos han presionado en meses recientes para que la ATF señale responsables para lo que el Departamento de Justicia ha referido como "patrones de serias fallas" en una operación en que se perdió el rastro a miles de armas, vendidas a supuestos contrabandistas.
A los supuestos responsables también podría despojárseles de su estatus de acceso a zonas de seguridad y a información sensible, lo que podría afectar sus prospectos de futuros empleos, puntualizó el diario.
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