Llevan a la Suprema Corte caso de minorías raciales en educación

Alegan preferencia de minorías en universidades

 

WASHINGTON.- La Suprema Corte de Estados Unidos accedió a escuchar un caso sobre programas de preferencias a las minorías raciales y étnicas del país para que accedan a la educación superior.

La demanda fue presentada en 2008 por la estudiante Abigail Fisher, quien alega que por ser blanca se le negó admisión en la Universidad de Texas en Austin, que aplica los programas denominados de “acción afirmativa” para lograr una mayor diversidad racial en las aulas.

Fisher, quien apeló su caso al máximo tribunal tras perder ante otras cortes, alega que el centro de estudios violó sus derechos constitucionales porque consideró a otros estudiantes menos calificados de minorías debido al programa de preferencias raciales.

Edward Blum, director del Proyecto para una Representación Justa y que apoya a Fisher, elogió la decisión de los magistrados ya que a muchos estudiantes se les negó “injustamente” la admisión a la universidad por las preferencias raciales.

En 2003, en la escuela de leyes de la Universidad de Michigan, los jueces decidieron que las universidades pueden considerar la raza para asegurar la diversidad académica pero restringieron la inscripción automática de las minorías.

Una decisión de la Suprema Corte a favor de Fisher podría impactar no sólo en la presencia de las minorías en las universidades sino en las prácticas de contratación de más minorías en las empresas y entidades federales.

Además, la Suprema Corte adoptó otras importantes decisiones, por ejemplo, el máximo tribunal decidió por seis votos a favor y tres en contra que una pareja japonesa que administró un restaurante en California puede ser deportada por declaración falsa de impuestos que representó una pérdida de más de $10 mil para el gobierno federal.

También dictaminó por seis votos a favor y tres en contra que los investigadores no están obligados a leer sus “derechos Miranda” a los internos en interrogatorios en la cárcel sobre crímenes no relacionados a su encarcelamiento.

Los derechos Miranda indican que previamente al interrogatorio las autoridades deben informar al detenido su derecho a permanecer en silencio, que lo que diga puede ser usado en su contra ante la corte y que tiene derecho a un abogado privado o defensor público.