Empresarios y México cargan contra la ley migratoria de Arizona

Univision.com* | Mar 27, 2012 | 9:04 AM

Presentaron recurso ante la Corte Suprema de Justicia conocido como 'Amicus Curiae'

La Cámara de Comercio Hispana de Arizona y el gobierno de México presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para apoyar una demanda interpuesta por el gobierno del Presidente Barack Obama contra la polémica ley migratoria SB1070, que entre otras recomendaciones criminalizó la estadía indocumentada en Estados Unidos.
Por medio de recursos conocidos como "Amicus Curiae", ambas instancias buscan que el máximo tribunal de justicia, que aceptó revisar la ley migratoria de Arizona y emitirá un fallo en abril, anule la medida en base a los argumentos esgrimidos por el Departamento de Justicia en 2010.
Los empresarios de Arizona señalan que la SB1070 ha dañado la economía local, mientras que la Cancillería mexicana dijo en un comunicado que "la ley SB1070 incide negativamente en las relaciones bilaterales e impide la colaboración bilateral efectiva, al pretender crear un esquema migratorio distinto al previsto en la legislación federal".
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Amigos de la Corte
El documentado enviado por los empresarios, que incluye al grupo Empleadores de Arizona por una Reforma Migratoria (AZEIR), American Subcontractors Association of Arizona y Hill & Usher, indica que los firmantes apoyan la demanda presentada por el Departamento de Justicia en contra de la completa implementación de la SB1070 que será discutida el próximo mes por el Supremo.
"Amigos de la corte" es un recurso del sistema judicial de Estados Unidos por el cual una parte no involucrada en el caso hace llegar en forma voluntaria información a la corte que puede ayudar en la evaluación del mismo.
"Nosotros nos oponemos a la implementación de la SB1070 porque daña los negocios de Arizona y su reputación, mientras que no hace nada para cumplir con las necesidades reales que hay en el estado de empleadores", comentó el lunes Sheridan Bailey, presidente de Ironco, miembro de AZEIR durante una conferencia de prensa en Phoenix.
Por su parte, James García, vocero de AZHCC, dijo que la aprobación de la SB1070 el 23 de abril de 2010 le ha costado a Arizona cientos de millones de dólares en pérdidas económicas como resultado de la cancelación de convenciones, el rechazo de compañías de abrir negocios en este estado y la pérdida del turismo.
"Es la responsabilidad del Gobierno federal regular la inmigración, no la responsabilidad del estado, y esta ley es un intento de usurpar esa responsabilidad", indicó.
Aplicación selectiva
A su vez, el Gobierno de México anotó que ciertas secciones de la ley SB1070 “criminalizan la migración y propician su aplicación selectiva, lo que afectaría los derechos fundamentales de los nacionales mexicanos que residen o visitan Arizona”.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos aceptó a mediados de diciembre del año pasado escuchar los argumentos.
“México se mantendrá atento al desarrollo de la audiencia de este caso y continuará haciendo uso de todos los recursos legales a su alcance a fin de salvaguardar los derechos de los mexicanos que viven o visitan Estados Unidos, sin importar su condición migratoria”, añade el comunicado emitido por la Cancillería mexicana.
Asimismo, recordó que previamente se habían presentado escritos similares en apoyo de las demandas de inconstitucionalidad promovidas por organizaciones de la sociedad civil y por el Gobierno de Estados Unidos ante la Corte Federal para el Distrito de Arizona, y ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Añadió que, al escrito, se han sumado los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Los argumentos del gobierno
El 19 de marzo el Departamento de Justicia presentó sus argumentos en contra de la ley SB1070 en la Corte Suprema de Justicia.
En abril, el máximo tribunal de justicia estadounidense celebrará audiencias orales para examinar la medida y emitir un fallo.
En un documento de 56 páginas, el gobierno del presidente Barack Obama cuestionó las secciones 2, 3, 5 y 6 de la polémica legislación, que entre otras medidas criminalizaron la estadía indocumentada (un acto que en el resto del país sigue siendo una falta de carácter civil no criminal) y castiga el pedir empleo sin tener documentos de estadía legal.
Las secciones citadas también otorgan a las policías locales (estatal y municipal) poderes extraordinarios para que los agentes verifiquen el estado migratorio de los individuos detenidos por cualquier otra ley vigente en el estado.
Además, autoriza el arresto de extranjeros que puedan ser deportados sin la emisión de una orden judicial previa.
Efecto dominó
"Bajo la Constitución el gobierno federal tiene plena autoridad de admitir extranjeros en el país, prescribir los términos bajo los cuáles se pueden quedar y si es necesario, deportarlos. Debido a que esas decisiones involucran a ciudadanos de otros países requieren de una consideración importante y delicada", señala el documento presentado por el gobierno federal de Washington.
"La SB 1070 de Arizona busca interponer sus propios juicios. El estado ha adoptado su propia política de inmigración, que se enfoca solamente en el máximo control de seguridad y no presta ninguna atención a los criterios multifacéticos que La Ley de Inmigración da al poder ejecutivo", agrega.
Tras su puesta en vigor, en 2010, en al menos 30 estados se han redactado o debatido leyes similares a la SB1070. Seis de ellos han aprobado medidas similares: Utah, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Texas y Mississippi. Los seis estados fueron demandados por el gobierno, al igual que lo hizo en Arizona.
La ley migratoria de Arizona también obligó a las empresas a verificar el estado migratorio de todos sus trabajadores y negó cualquier tipo de beneficios públicos a los extranjeros sin estado de permanencia legal.
Los defensores
Los promotores de la SB1070, encabezados por el ala ultra conservadora del partido republicano, argumentaron que la medida fue la respuesta a la inacción de Washington de resolver el problema de la inmigración indocumentada.
El gobierno de Obama respondió que la culpa del problema de la inmigración no la tenía Washington, sino los Republicanos que se oponen al cambio del sistema imperante.
La oposición agregó que antes de proceder a cualquier cambio en las leyes migratorias o debatir una reforma, el gobierno federal debe primero asegurar la frontera, garantizar la seguridad nacional y detener el tráfico de indocumentados.
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