Denuncian que continúa maltrato a inmigrantes detenidos en Estados Unidos

Univision.com* | Mar 24, 2012 | 8:23 AM

Informe pone en entredicho sistema que defiende la Administración Obama

Los derechos de inmigrantes detenidos en cárceles del servicio de inmigración de Estados Unidos no están siendo garantizados, a pesar de las promesas por mejoras en este campo hechas por el gobierno del presidente Barack Obama, denunciaron el viernes organizaciones que defienden los derechos de los sin papeles.
Estudiantes de Derecho de la Universidad de Nueva York y una coalición de grupos defensores de los inmigrantes presentaron un estudio que revela que el actual sistema de detención de extranjeros no autorizados para permanecer en el país está plagado de violaciones a las pautas federales sobre la manera de tratar a los apresados, reportó The Associated Press.
El informe, entre otros señalamientos, argumenta que el centro de detención más grande de Nueva Jersey comete violaciones en el trato que reciben las personas llevadas ahí por encontrarse sin permiso en la nación.
Agrega que a pesar del énfasis del gobierno de Obama en reformar el sistema de detención civil, instalaciones como el centro de detención en el condado de Essex no cumplen con varias normas nacionales de detención para inmigrantes, emitidas en 2008 y 2011 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que cubren temas que van desde el acceso a abogados hasta recreación y salud.
"Creemos que esta es sólo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo", dijo Alina Das, codirectora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, quien trabajó en el informe. "Estamos muy preocupados por las condiciones en Nueva Jersey".
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Cientos de quejas
Los autores del informe precisaron que habían recibido más de 200 quejas de detenidos del centro de detención de Essex (recientemente ampliado) y cercanías, operado por la firma privada Delaney Hall.
Los denunciantes argumentaron  que las instalaciones no cumplen plenamente con las normas del ICE.
El informe, elaborado por estudiantes de Derecho de la Universidad de Nueva York y organizaciones que defienden  los derechos de los inmigrantes, documenta problemas que involucran desde el acceso a la asistencia jurídica y servicios religiosos hasta atención médica adecuada, alimentos y otros servicios básicos para los detenidos.
La preocupación, dijo Das, es que las autoridades federales de inmigración han promocionado el nuevo acuerdo entre el ICE y el condado de Essex para ampliar el espacio de detención en el área metropolitana de Nueva York, así como una nueva construcción inaugurada este mes en Karnes City, Texas, como unas instalaciones reformadas y más humanas.
"Lo que sea que Delaney Hall es, no se trata de un centro de detención modelo", dijo Das.
Informe de la OEA de 2011
No es la primera vez que el sistema de detención de inmigrantes indocumentados del gobierno federal se encuentra en la mirilla. En marzo de 2011 la política migratoria de Obama recibió un severo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se denunciaron las criticas condiciones en las que viven inmigrantes detenidos en cárceles de ICE, y el deterioro del debido proceso a los extranjeros durante el proceso de encarcelamiento y deportación de Estados Unidos.
Si bien el documento señala que la administración de Obama mejoró el trato a los inmigrantes indocumentados –en comparación con lo actuado por la administración republicana de George W. Bush (2001-2009)-, la CIDH (perteneciente a la Organización de Estados Americanos) denunció que el avance no fue lo suficiente, y que éstos (los extranjeros sin papeles de estadía legal) siguen sujetos a vejaciones.
El extenso informe de la CIDH fue elaborado tras varias visitas a seis centros de detención de inmigrantes (Southwest Key Unaccompanied Minor Shelter, Florence Service Processing Center y Pinal County Jail, de Arizona, y T. Don Hutto Family Residential Center, Willacy Detention Facility e International Education Services Unaccompanied Minor Shelter, de Texas) y entrevistas con funcionarios, expertos, detenidos y familiares.
La Comisión dio cuenta de condiciones precarias de inmigrantes detenidos, falta de acceso a abogados y capturas discriminatorias basadas en la raza.
Tratados como criminales
La CIDH apuntó que Estados Unidos tiene el patrón de someter a detención a los inmigrantes sin papeles, una situación que, subrayó, debería ser una excepción en casos de estricta necesidad. Agregó que las personas detenidas por las autoridades federales de inmigración reciben un trato como si estuvieran "imputadas por delitos penales, cuando en realidad no se trata" de esa situación.
Añadió que es "preocupante la ausencia de un sistema de detención auténticamente civil, con las condiciones generales compatibles con la dignidad y el trato humano".
Desde principios de su gestión, que arrancó el 20 de enero de 2009, la Administración de Obama ha reiterado que su política es la de enfocarse en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados que representen un peligro para la sociedad. Este grupo lo integran principalmente extranjeros con orden de deportación vigente o que hayan cometido delitos criminales.
Durante el año fiscal 2011 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportó a más de 397 mil extranjeros –la cifra más alta en la historia- y de ellos más de 200 mil no tenía antecedentes criminales, según las autoridades federales.
Informe preliminar
A finales de 2009 la CIDH había emitido un informe premilitar con conclusiones similares a las denunciadas en marzo del año pasado: que en las cárceles de ICE los inmigrantes sin papeles son mantenidos en "condiciones inaceptables" y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".
La mayoría de las cárceles auditadas por la Comisión fueron creadas o reformadas bajo la administración del ex presidente George W. Bush (2001-2009).
"La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó la OEA.
En el informe premilitar, la Comisión determinó que dos tercios de los inmigrantes detenidos por el ICE se encuentran confinados en recintos carcelarios estatales y municipales y no en sitios especializados, una situación que calificó de lamentable.
En cuanto a los indocumentados homosexuales, transexuales o enfermos mentales, la Comisión reveló que éstos son mantenidos incomunicados con el alegato de protegerlos por su vulnerabilidad, pero en realidad esa es "una manera de castigar a las víctimas", denunció.
Otro delicado aspecto visto y constatado por los expertos de la OEA en 2009 fue la falta de acceso a abogados de los menores detenidos.
En su gran mayoría, los menores deben defenderse por sí mismos, resaltó la CIDH con honda preocupación.
Dijo además que la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) no hace las preguntas pertinentes cuando detiene a menores indocumentados para determinar si son víctimas de tráfico de personas o califican para solicitar asilo en Estados Unidos.
Política de deportaciones
La denuncia contenida en el informe entregado por estudiantes de Derecho de la Universidad de Nueva York y respaldado por una coalición de grupos defensores de los inmigrantes aparece en momentos que el DHS revisa miles de casos de deportaciones en cumplimiento a una orden ejecutiva emitida el 18 de agosto del año pasado.
En esa fecha, el gobierno anunció su intención de aplazar, por tiempo indefinido, la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.
El gobierno también advirtió que la medida era discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió a la población indocumentada que la medida adoptada por el gobierno -y que afecta la política de deportaciones- no se trataba de una “amnistía", y recomendó estar atentos a posibles estafas por parte de tramitadores o notarios que realizan gestiones no autorizadas.
Posibles beneficiados
John Morton, director de ICE, dijo en agosto que el gobierno aplazaría por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.
El gobierno también advirtió que la medida era discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.
AILA apuntó que no existe una manera "segura" de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.
Añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración, y que por nada se pongan en contacto con las autoridades de inmigración, porque "pueden ser arrestados y puestos en proceso de deportación".
No es una "amnistía"
El anuncio del 18 de agosto "no se trata de un programa de amnistía, no otorga estatus legal de permanencia a ningún indocumentado y los extranjeros sin papeles no deben inscribirse en las oficinas del servicio de inmigración para calificar a algún tipo de beneficio", dijo AILA.
La Asociación reiteró además que el anuncio del ICE de agosto no proporciona ninguna vía para que los indocumentados presenten una solicitud de autorización de empleo (permiso de trabajo) ni tampoco representa una nueva forma para quedarse legalmente en Estados Unidos.
La medida solamente aplica o afecta a aquellos casos que ya están en el sistema (de las cortes de inmigración), tienen una orden de deportación, carecen de antecedentes criminales, no representan una amenaza para la seguridad nacional y que por el elevado número de casos existentes obstruyen los procesos.
A finales de febrero el gobierno anunció que de los primeros 150 mil casos revisados, unos 1,500 fueron cancelados y se les permitió quedarse en el país.
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes indican que los beneficiarios de la orden ejecutiva permanecen en un limbo migratorio porque no reciben autorización de estadía legal, no pueden tramitar una licencia de manejar y tampoco un permiso de trabajo emitido por el servicio de inmigración.
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