Corte Suprema de Justicia analizará la ley migratoria SB 1070 de Arizona en abril

Univision.com* | Feb 03, 2012 | 8:43 PM

Fallo final impactará en leyes similares vigentes en otros cinco estados de Estados Unidos

Tal y como había sido previsto a mediados de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anunció que analizará el 25 de abril los argumentos a favor y en contra de la ley antiinmigrante SB 1070 de Arizona.
Fuentes judiciales indicaron el viernes que el máximo tribunal revisará en una audiencia la solicitud de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, para que sea cancelada la suspensión temporal impuesta el 29 de julio de 2010 por la jueza federal Susan Bolton, quien dejó en suspenso las partes más polémicas de la legislación, entre ellas la portación obligatoria de documentos de identidad y poderes extraordinarios a las policías locales para detener a indocumentados si tiene duda razonable que se trata de indocumentados.
Bolton emitió el fallo argumentando que continuaría analizando los méritos de una demanda interpuesta contra la ley SB 1070 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El gobierno del presidente Barack Obama argumenta que la ley migratoria de Arizona viola la Cláusula de Supremacía de la ley federal en la materia, y que también viola la Cláusula de Comercio al lesionar las relaciones de Estados Unidos con México.
En abril del año pasado la Corte Federal de Apelaciones en San Francisco rechazó eliminar la suspensión impuesta por Bolton, al considerar como probable que proceda la demanda del gobierno federal y que se demuestre que el estatuto es anticonstitucional.
Tras ese fallo, Brewer decidió acudir a la Suprema Corte de Justicia, que aceptó el caso, el cual se analizará el 25 de abril próximo.
El anuncio de diciembre
A mediados de diciembre la Corte Suprema anunció que examinaría la polémica y controversial ley SB 1070, que criminalizó por primera vez la inmigración ilegal en un Estado y cuyas partes más controversiales se encuentran suspendidas.
La Corte dijo que emitiría una sentencia durante la actual sesión judicial, que termina en junio.
La ley migratoria SB 1070 fue promulgada el 23 de abril de 2010 y rápidamente provocó polémica porque exigía, por primera vez en la historia de Estados Unidos, que la policía estatal detuviera a las personas sospechosas de no tener los papeles en regla.
El gobierno federal rápidamente apeló la norma, que fue luego fue imitada por Carolina del Sur, Georgia, Utah y Alabama. Este último Estado aprobó una ley aún más dura que niega el acceso al agua y electricidad a aquellas personas que no puedan certificar que se encuentran legalmente en él.
La HB 56 de Alabama, inspirada en la SB 1070, también obliga a las escuelas públicas a verificar el estado migratorio de alumnos nuevos y sus padres, aunque esta parte de la legislación se encuentra temporalmente bloqueada por una corte federal.
Los asuntos migratorios son prerrogativa federal en Estados Unidos, pero los defensores de esas leyes -entre ellos el gobierno de Obama- argumentan que los Estados tienen derecho a detener a los indocumentados en su territorio para luego traspasarlos a las agencias encargadas de su deportación.
Crecen las preocupaciones
La proliferación de normas de control de la migración en todo el país amenaza con provocar una explosión de casos de deportación y un caos legislativo, advierten los expertos.
La juez Elena Kagan, el último magistrado en integrar la Corte tras prestar juramento en agosto del año pasado, decidió en diciembre abstenerse a la hora de aceptar a trámite esta ley SB 1070, según un comunicado de la Corte.
Kagan, una jueza de tendencia progresista, fue abogada del gobierno federal ante la Corte hasta su nominación por parte del presidente Barack Obama.
Su autorecusación hace presagiar que podría abstenerse también a la hora de debatir el fondo de la ley en los próximos meses, lo que deja a los progresistas en minoría en el seno de la Corte.
Entre las medidas a ser revisadas se incluye una que promulgada el año pasado que otorga poderes extraordinarios a las policías para interrogara individuos detenidos bajo cualquier otra ley vigente en el estado sobre su estatus migratorio.
Suspensión temporal
Además de bloquear el poder extraordinario a las policías para detener a individuos si tiene duda razonable que se trata de indocumentados, la jueza federal Susan Bolton ordenó el año pasado la suspensión temporal de una parte de la ley que obliga a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que hacia ilegal que los trabajadores indocumentados solicitaran trabajo en lugares públicos.
Bolton declaró que esas partes deben ser dejadas en suspenso hasta que los tribunales resuelvan los problemas que conllevan.
La ley de Arizona fue promulgada el 23 de abril por la gobernadora Brewer y desató una fuerte polémica nacional, incendiando además un clima antiinmigrante en momentos en que el país entraba en un proceso electoral que culminó el primer martes de noviembre con la renovación de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Ley complementaria
El 30 de abril, una semana después de promulgada, Brewer firmó una segunda ley para agregar enmiendas al plan original, una de ellas para quitarle a las policías el derecho de detener individuos por sospecha razonable de estar indocumentados en el estado, y permitirles solo requerir documentos si son detenidos bajo cualquier otra ley vigente en Arizona.
Con estos cambios Brewer eliminó la posibilidad de que las policías usaran el perfil racial como motivo para detener a un individuo.
Pero mantuvo que las personas sí pueden identificarse ante la policía con una licencia de conducir del Estado de Arizona, con una licencia de conducir válida de cualquier otro estado, con una identificación como miembro de una tribu reconocida en el Estado o cualquier otro documento de identificación válido.
Además de Arizona, los estados de Utah, Indiana, Georgia, Carolina del Sur y Alabama han promulgado leyes estatales antinmigrantes que podrían verse afectadas por la futura determinación de la Suprema Corte de Justicia sobre la SB 1070.
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