Prematuro juzgar revisión de casos deportación, dice la Casa Blanca

Univision.com* | Jan 20, 2012 | 4:08 PM
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Puesto en práctica plan piloto en dos ciudades que daría oportunidad a quienes no tienen antecedentes

Más de 1,600 indocumentados fueron indultados por una corte e Denver

WASHINGTON – Un día después de conocerse la petición del gobierno para cancelar unas 1,600 órdenes de deportación, la Casa Blanca dijo el viernes que la recomendación para anular 14% de los 11,682 casos de expulsiones en Denver y Baltimore es un porcentaje que podría aumentar o disminuir porque el programa piloto aún no ha terminado.
La recién designada directora del Consejo de Política Interna, Cecilia Muñoz, dijo en conferencia de prensa en Washington DC que las cifras no son definitivas porque el departamento de seguridad nacional (DHS) aún revisa los antecedentes criminales de inmigrantes no encarcelados por autoridades federales en esas dos ciudades.
"No comenzamos con una idea cierta de qué porcentaje iba a ser (el de deportaciones canceladas). No se puede saber con anticipación, es algo para decidir caso a caso", dijo. "Si esto llegara a ser el resultado en todo el país estamos hablando de 40.000 personas cuyos casos serán cerrados, pero no sabemos si eso será así".
The Associated Press dijo que el porcentaje de casos puede variar sustancialmente en diferentes ciudades, a medida que la revisión de casos comienza a realizarse a lo largo del territorio estadounidense durante los próximos meses.
Reporte exclusivo
Un funcionario de DHS compartió el jueves con The Associated Press los resultados preliminares tras revisar casos en Denver y Baltimore, un programa piloto que forma parte de una promesa del presidente Barack Obama de enfocar los esfuerzos de deportación en personas que, además de encontrarse sin permiso en la nación, fueran delincuentes y representaran una amenaza a la seguridad nacional o pública.
Muñoz también indicó que las personas cuya deportación ha sido cancelada tienen la posibilidad de obtener un permiso de trabajo, pero "no hay garantías".
El legislador demócrata Luis Gutiérrez, quien ha cabildeado intensamente para que la Casa Blanca ejerza mayor discrecionalidad sobre las personas a ser deportadas, expresó su beneplácito por la ejecución del plan piloto, pero señaló la necesidad de tener más "claridad sobre qué pasa a un individuo una vez que su caso es cerrado, porque tienen que ser capaces de trabajar y mantener a su familia".
"Si la primera revisión muestra que casi una de cada seis personas que estamos deportando es una persona con vínculos comunitarios y familiares, y una historia larga en Estados Unidos, obviamente necesitamos incrementar el proceso de sacarlos de la lista de deportación", agregó.
Récord de deportaciones
Desde que asumió el poder el 20 de enero de 2009, la Administración Obama ha roto todos los récords de deportaciones registradas en Estados Unidos.
En el año fiscal 2010 la cifra sobrepasó los 392 mil expulsados y durante el año fiscal 2011 el número de deportados sobrepasó los 397 mil.
El gobierno de Obama asegura que la mayoría de los deportados tenían antecedentes criminales serios, pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellos el Foro Nacional de Inmigración (NIF) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) sostienen que entre seis y siete de cada 10 extranjeros expulsados por el gobierno no tenían antecedentes criminales serios que los convirtiera en un peligro para la seguridad nacional de estados Unidos.
Durante una conferencia telefónica organizada por la organización proinmigrante America's Voice, activistas se mostraron el viernes a favor de que el programa piloto haya comenzado, pero expresaron su preocupación por la lentitud en el avance de la revisión, por el incremento en el riesgo de estafas debido a la falta de información pública, y por la inexistencia de una solución jurídica definitiva para las personas cuyas deportaciones fueron canceladas.
Rechazo republicano
Críticos de la revisión y política de discrecionalidad han dicho que el presidente Obama está eludiendo al Congreso para cambiar las políticas de inmigración.
En noviembre del año pasado el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, controlado por republicanos, aprobó una medida que obligó al DHS a entregar una lista con los nombres de unos 300 mil casos de deportación que quedaron pendientes el 18 de agosto cuando el gobierno anunció que revisaría su política sobre el tema.
El Subcomité para Política Migratoria de la Cámara de Representantes decidió emitir una orden de forzoso cumplimiento para que el DHS entregue el listado de los miles de inmigrantes con antecedentes criminales o sin autorización para residir en el país que fueron detenidos pero cuya deportación no se gestionó, por el cambio de política anunciada por el DHS.
Los siete miembros republicanos del subcomité del Comité Judicial, liderados por Lamar Smith, votaron a favor de emitir la orden, mientras que los cuatro demócratas votaron en contra.
El anuncio de agosto
El 18 de agosto del año pasado el gobierno anunció su intención de aplazar, por tiempo indefinido, la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.
El gobierno también advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.
De inmediato la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió a la población indocumentada que la medida adoptada por el gobierno -y que afecta la política de deportaciones- no se trataba de una “amnistía", y recomendó estar atentos a posibles estafas por parte de tramitadores o notarios que realizan gestiones no autorizadas.
Posibles beneficiados
John Morton, director de la Oficina de Aduanas y Control Frinterizo (ICE), la agencia encargada de ejecutar las deportaciones, dijo en agosto que el gobierno aplazaría por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.
El gobierno también advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.
Pero AILA apuntó que no existe una manera "segura" de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.
Consulte un abogado
AILA añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración, y que por nada se pongan en contacto con las autoridades de inmigración, porque "pueden ser arrestados y puestos en proceso de deportación".
"Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos", subrayó AILA.
En el caso de los notarios o tramitadores migratorios, AILA dijo que se debe "tener cuidado" y advirtió que el anuncio en el cambio de política sobre deportaciones se pueden generar situaciones de estafas y diversos otros tipos de fraudes notariales que afectan severamente a la comunidad inmigrante de Estados Unidos.
En Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de indocumentados, según datos del DHS y del Pew Hispanic Center (un grupo de Washington que estudia los movimientos migratorios). Unos 300 mil de ellos, que tienen órdenes de deportación reunirían los requisitos para que una corte de inmigración revise sus casos.
No se trata de una "amnistía"
El anuncio del 18 de agosto "no se trata de un programa de amnistía, no otorga estatus legal de permanencia a ningún indocumentado y los extranjeros sin papeles no deben inscribirse en las oficinas del servicio de inmigración para calificar a algún tipo de beneficio", dijo AILA.
La Asociación reiteró además que el anuncio del ICE de agosto no proporciona ninguna vía para que los indocumentados presenten una solicitud de autorización de empleo (permiso de trabajo) ni tampoco representa una nueva forma para quedarse legalmente en Estados Unidos.
La medida solamente aplica o afecta a aquellos casos que ya están en el sistema (de las cortes de inmigración), tienen una orden de deportación, carecen de antecedentes criminales, no representan una amenaza para la seguridad nacional y que por el elevado número de casos existentes (unos 300 mil) obstruyen los procesos.
En cuanto a solicitudes para presentar un caso, AILA dijo que "no hay no hay ningún formulario" y tampoco “ninguna cuota que pagar”, y que el gobierno irá dando a conocer las formas en cómo se deberá proceder.
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