Gobierno comenzará a revisar 300 mil casos de deportación

Univision.com* | Oct 19, 2011 | 7:25 PM
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Detenciones y deportaciones de indocumentados afectan de manera desproporcionada a hispanos según un nuevo estudios.

Abogados reiteran que antes de dar un paso, los inmigrantes deben buscar ayuda legal

La jefa de la seguridad de Estados Unidos, Janet Napolitano, dijo el miércoles que las autoridades iniciarán en breve la revisión de unos 300 mil casos de deportación. La medida es parte de los cambios a la política de expulsiones que fueron anunciados el 18 de agosto tras fuerte presión ejercida por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, religiosos, sindicatos, abogados y legisladores.
Napolitano, quien dirige el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reiteró que el gobierno priorizará en la expulsión de extranjeros con antecedentes criminales.
Agregó que el DHS pondrá en funcionamiento un programa piloto en dos o tres semanas, que será breve y que fue diseñado específicamente para revisar 300 mil casos.
Del anuncio ocurre un día después de que el director de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), John Morton, confirmó que el gobierno del presidente Barack Obama deportó durante el año fiscal 2011 a poco más de 397 mil indocumentados, cifra que establece un nuevo récord.
Política severa
Morton aseguró que más del 51% de los expulsados tenía antecedentes criminales.
Durante el año fiscal 2010 el gobierno de Obama deportó a poco más de 392 mil extranjeros con antecedentes criminales, y en 2009 la cifra alcanzó los 387 mil, cifra más alta que las alcanzadas en cualquiera de los ocho años de la administración republicana de George W. Bush (2001-2009).
Organizaciones nacionales a favor de los inmigrantes, entre ellas la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHILA) y el Foro Nacional de Inmigración (NIF), reiteraron que entre seis y siete de cada 10 expulsados por el ICE en el último año no tenía antecedentes criminales que representaran una amenaza seria para la seguridad nacional.
Napolitano dijo que el gobierno quería que "esto se mueva lo más rápido posible".
El anuncio de agosto
El 18 de agosto el gobierno anunció su intención de aplazar, por tiempo indefinido, la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.
El gobierno también advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.
De inmediato la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió a la población indocumentada que la medida adoptada por el gobierno -y que afecta la política de deportaciones- no se trataba de una “amnistía", y recomendó estar atentos a posibles estafas por parte de tramitadores o notarios que realizan gestiones no autorizadas.
Posibles beneficiados
Morton, director de la agencia encargada de ejecutar las deportaciones, dijo en agosto que el gobierno aplazaría por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.
El gobierno también advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.
Pero AILA apuntó que no existe una manera "segura" de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.
Consulte un abogado
AILA añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración, y que por nada se pongan en contacto con las autoridades de inmigración, porque "pueden ser arrestados y puestos en proceso de deportación".
"Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos", subrayó AILA.
En el caso de los notarios o tramitadores migratorios, AILA dijo que se debe "tener cuidado" y advirtió que el anuncio en el cambio de política sobre deportaciones se pueden generar situaciones de estafas y diversos otros tipos de fraudes notariales que afectan severamente a la comunidad inmigrante de Estados Unidos.
En Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de indocumentados, según datos del DHS y del Pew Hispanic Center (un grupo de Washington que estudia los movimientos migratorios). Unos 300 mil de ellos, que tienen órdenes de deportación reunirían los requisitos para que una corte de inmigración revise sus casos.
No es una "amnistía"
El anuncio del 18 de agosto "no se trata de un programa de amnistía, no otorga estatus legal de permanencia a ningún indocumentado y los extranjeros sin papeles no deben inscribirse en las oficinas del servicio de inmigración para calificar a algún tipo de beneficio", dijo AILA.
La Asociación reiteró además que el anuncio del ICE de agosto no proporciona ninguna vía para que los indocumentados presenten una solicitud de autorización de empleo (permiso de trabajo) ni tampoco representa una nueva forma para quedarse legalmente en Estados Unidos.
La medida solamente aplica o afecta a aquellos casos que ya están en el sistema (de las cortes de inmigración), tienen una orden de deportación, carecen de antecedentes criminales, no representan una amenaza para la seguridad nacional y que por el elevado número de casos existentes (unos 300 mil) obstruyen los procesos.
En cuanto a solicitudes para presentar un caso, AILA dijo que "no hay no hay ningún formulario" y tampoco “ninguna cuota que pagar”, y que el gobierno irá dando a conocer las formas en cómo se deberá proceder.
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