Controversia y renuncias en grupo asesor de Comunidades Seguras

Univision.com* | Sep 15, 2011 | 6:52 PM
WASHINGTON – El ex jefe de la policía de Sacramento, Arturo Venegas, Jr., y otros integrantes, renunciaron al grupo especial de trabajo que presentó recomendaciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para mejorar el controversial programa Comunidades Seguras. Los renunciantes argumentaron, entre otras cosas, que dichas recomendaciones no hacen lo suficiente para enmendar la quebrantada relación entre la policía y los inmigrantes, minada por el mismo programa, lo que atenta contra la seguridad en general.
Las recomendaciones que se presentarían al DHS tampoco solucionan los problemas de fondo del programa, especialmente la potencial deportación de personas sin ningún historial criminal o con delitos menores, explicó Venegas, director del Law Enforcement Engagement Initiative (LEEI), grupo policial que promueve una reforma migratoria integral.
En junio pasado y ante la creciente presión de grupos pro inmigrantes y de derechos civiles, jefes de policía e incluso gobernadores, la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció que establecería un grupo especial de trabajo para revisar el programa y que fijaría nuevas guías sobre su implementación, particularmente en lo referente a la discreción fiscal en el procesamiento de los casos.
La idea es concentrarse realmente en deportar a lo “peor de lo peor” y no a quienes no tengan ningún historial criminal o sólo hayan cometido faltas menores, como por ejemplo, de tránsito. El programa federal
Comunidades Seguras, iniciado en el 2008, opera en 1,331 jurisdicciones locales de 42 estados. El plan es extenderlo a todo el país en 2013, pero los críticos, incluyendo gobernadores y jefes de policía, afirman que Comunidades Seguras mina la relación entre la policía y la comunidad atentando al final contra la seguridad de todos.
El programa ha sido uno de los motores del incremento en la cifra de deportaciones y se calcula que hasta 60% de las personas deportadas bajo Comunidades Seguras no han cometido ningún delito o sólo han cometido delitos menores.
El programa coteja las huellas dactilares de personas arrestadas por policías locales o estatales con los bancos de datos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y con los bancos de datos del DHS que registran violaciones migratorias.
Venegas explicó a America’s Voice que dimitió porque “las recomendaciones hechas por la junta no arreglan nada (…) La gente que no merece ser deportada va a seguir siendo deportada  y lo sabemos”.
Que lo cancelen
Venegas consideró que lo mejor es que el programa deje de implementarse porque las recomendaciones que se formularon son insuficientes en arreglar los problemas de fondo: de un lado, que Comunidades Seguras ha creado una fisura en la relación entre los inmigrantes y la policía que perciben como agentes migratorios. Eso supone que menos personas reporten si son víctimas o testigos de delitos y eso, a su vez, incide en un alza en la criminalidad y la inseguridad en las comunidades.
De otro lado, que las personas que no han cometido delitos o que han metido faltas menores todavía enfrentan el riesgo de ser deportadas.
Asimismo, agregó, el reporte hace caso omiso al derecho de los estados de determinar la implementación de programas federales de inmigración a nivel local, “pero el reporte no dice nada de eso tampoco”.
A buen entendedor
Algunos críticos consideran que el DHS estableció el grupo especial de trabajo para acallar las quejas contra Comunidades Seguras y que la intención es seguir adelante con su nacionalización pese a todas sus fallas y las consecuencias que pueda tener.
Venegas ofreció el siguiente ejemplo: “Es como si tuvieras un virus en tu computadora que está destruyendo todo, pero de todos modos unes esa computadora a las otras que hay en tu casa. ¿Por qué hacerlo, si sabes que vas a contaminar al resto?
Por su parte, Chris Newman, director legal de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), afirmó que “el reporte del grupo especial de trabajo sólo generará más controversia” en torno al programa “cuando se cuestione por qué ni siquiera pudieron lograr consenso”.
Para Newman, en lugar de ignorar las fallas del programa, “la administración debe eliminarlo”.
“Queda claro que el DHS empleó la el grupo especial de trabajo como un truco para encubrir el colosal fracaso (del programa), pero no funcionó”, afirmó Newman.
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