La polémica ley migratoria SB1070 de Arizona cumplió un año de vigencia

Univision.com* | Jul 28, 2011 | 7:55 PM

El futuro de los 11 millones de indocumentados permanece incierto

Entre miedos, controversias, el éxodo de unos 100 mil indocumentados, cinco estados que le siguen los pasos y otra veintena que podrían debatir y aprobar medidas similares, la ley SB1070 de Arizona cumple un año de haber entrado en vigor.
Entre otras medidas, la legislación criminalizó la estadía indocumentada (un acto que hasta ese entonces en el resto del país constituía una falta de carácter civil no criminal), otorgó a las policías locales poderes extraordinarios para detener a individuos si tenía duda razonable que se trataba de indocumentados y obligó a los empleados públicos a denunciar a los extranjeros sin papeles a las autoridades de inmigración.
La SB1070 fue promulgada el 23 de abril de 2010. Una semana más tarde, la asamblea estatal aprobó enmiendas contenidas en la ley HB2162 para suavizar el texto, pero el segundo paso no impidió que Arizona abriera un polémico capítulo en la historia de la inmigración moderna de Estados Unidos.
Guerra declarada
Desde antes de ser promulgada, el gobierno del Presidente Barack Obama advirtió a Arizona que acudiría a las Cortes bajo el argumento que la SB1070 ponía en duda los derechos civiles y violaba la Constitución, y que la ejecución de la ley de inmigración es un asunto que compete exclusivamente al gobierno federal.
El 28 de julio, un día antes que entrara en vigor, la jueza federal Susan Bolton suspendió partes de las controversiales medidas de la SB1070, entre ellas la obligación de los habitantes del estado a portar documentos de identidad en todo momento y que trabajadores indocumentados solicitaran trabajo en lugares públicos.
Nueve meses más tarde, la Novena Corte Federal de Circuito ratificó el fallo de Bolton, dictamen que fue celebrado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). "Envía un mensaje muy claro a Arizona y a todos los estados que quisieran inspirarse (en este ejemplo): es inconstitucional", dijo el abogado Omar Jadwat.
A su vez Eliseo Medina, vice-presidente del Sindicato de Empleados y Servicios (SEIU), refirió que el segundo dictamen contra la SB1070 constituyó "un llamado para que Arizona revoque su ley de inmigración" y un "tirón de orejas" para el resto de estados que insisten en aprobar una ley similar.
El efecto dominó
Pese a las advertencias y dictámenes a favor de los demandantes de la ley migratoria de Arizona, entre febrero y junio de 2011 seis estados (Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur, Texas y Utah) aprobaron leyes similares. Y un séptimo, Wisconsin, busco apoyo para forzar un debate.
Otros 16 estados debatieron planes parecidos, pero los esfuerzos fracasaron. Eso no significa que los promotores de este tipo de iniciativas vuelvan a intentarlo en la siguiente legislatura o período de sesiones, señalaron activistas.
Los estados de esta lista son: California, Colorado, Florida, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Mississippi, Nebraska Nevada, New Hampshire, Oklahoma Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming.
El National Immigration Forum (NIF) advirtió a mediados de junio que en 28 estados ya concluyeron las sesiones legislativas correspondientes al período 2010-2011, pero nada garantiza que en la agenda 2011-2012 no se van a incluir nuevos proyectos contra los indocumentados.
Los estados son: Alaska, Arkansas, Arizona, Carolina del Sur, Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Maryland, Nuevo México, Montana, Mississippi, Montana, Nebraska, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia y Wyoming.
No atacan el problema
Según Wade Henderson, presidente de la Conferencia para el Liderazgo en Derechos Humanos y Civiles, la clave del rechazo al debate sobre este tipo de legislaciones está en que esas leyes "no afrontan los verdaderos problemas del país", ya que "no ayudan a la sanidad ni la educación, no hacen las calles más seguras y empeoran la crisis de déficit público".
El jefe de Policía de Salt Lake City (Utah), Chris Burbank, citó por su parte un estudio según el cual los ciudadanos "tienen menos probabilidades de denunciar un crimen si creen que los policías actúan con un sesgo marcado", deportó la Agencia Española de Noticias (Efe).
"Eso es lo que consiguen estas leyes: generar desconfianza hacia la autoridad, y a la larga, permitir que el crimen florezca. Y ese no es sólo un problema de los inmigrantes", dijo el jefe policíaco.
"No necesitamos 50 mini-sistemas migratorios, sino una sola reforma migratoria federal", afirmó Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Legal Nacional para la Inmigración.
La reforma migratoria
Las organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes urgen al presidente Obama para que intervenga y frene legislaciones como las de Arizona, y que invierta un mayor capital político para que el Congreso apruebe una reforma migratoria que incluya una vía de legalización que legalice la estadía de los indocumentados.
De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Pew Hispanic Center (un grupo de Washington que estudia los movimientos migratorios), en Estados Unidos viven 11 millones de extranjeros sin estatus de permanencia legal.
Los promotores de la ley de Arizona –y de leyes similares en otros estados- argumentan que la iniciativa fue presentada tras la inacción del Congreso por aprobar la reforma migratoria que, estiman, debe primero garantizar la seguridad nacional y detener el flujo de la inmigración ilegal. Una vez conseguido estos objetivos, recién entonces podría ser revisada la posibilidad de legalizar a los millones de extranjeros que carecen de un estado legal de permanencia en el país.
Obama, en cambio, favorece una reforma que, además de incluir fuertes componentes de seguridad, abra las puertas a la legalización de indocumentados que no tienen antecedentes criminales, pagan impuestos, hablan inglés y llevan tiempo en el país.
Para que la reforma sea aprobada hacen falta 218 votos en la Cámara de Representantes (sobre 435) y 60 en el Senado (sobre 100). Los republicanos controlan la Cámara y los demócratas sólo cuentan con 51 asientos en el Senado.
Mientras no exista un acuerdo bipartidista previo que garantice el éxito de la reforma migratoria en el Congreso de Estados Unidos, los estados “seguirán viendo leyes como la SB1070”, estimó el National Immigration Forum (NIF).
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