Aumentaron deportaciones de inmigrantes que violaron leyes de tránsito

Univision.com* | Jul 23, 2011 | 12:49 PM

En 2009 y 2010 Obama rompió récord de expulsiones y temen que 2011 no sea la excepción

La deportación de extranjeros sin papeles en Estados Unidos y que violaron normas de tránsito o que fueron sorprendidos manejando en estado de ebriedad aumentaron durante el año fiscal 2010. Y las cifras ayudaron al gobierno del presidente Barack Obama a establecer un récord de inmigrantes expulsados, de acuerdo con información obtenida por The Associated Press.
Estados Unidos deportó más de 392 mil inmigrantes indocumentados en el año fiscal 2010, de las cuales la mitad –según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)- se trataba de delincuentes, un término que es rechazado por organizaciones de derechos civiles.
Basado en datos proporcionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de los inmigrantes expulsados el año pasado, 27,635 fueron arrestadas por conducir en estado de ebriedad, cifra que superó el doble de los 10,851 casos de personas deportadas por el mismo tipo de delito durante el año fiscal 2009.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA), había advertido en marzo que el número de inmigrantes deportados y que no han cometido faltas que no constituyen una amenaza grave para la seguridad nacional de Estados Unidos, había crecido de manera "alarmante".
"Entre seis y siete de cada 10 deportados en los últimos dos años no tenía delitos graves", reiteró a Univision.com Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de CHIRLA. "Y el número de expulsados durante los dos primeros años del gobierno del presidente Obama se acercó al millón de personas".
Cabrera dijo además que a la lista de fallas del ICE "hay que agregar a todas aquellas personas que fueron arrestadas por andar mareadas (con unas copas de más), inmigrantes detenidos y expulsados de Estados Unidos por una falta que no amerita, bajo ningún punto de vista, una deportación. Y en muchos casos no sabemos, no tenemos la certeza si fueron hallados culpables de algún tipo de delito criminal por un juez competente. Ese dato no lo tenemos".
Cifras alarmantes
De acuerdo con reportes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el gobierno federal deportó un récord de poco más de 392 mil inmigrantes indocumentados en el último año fiscal (del 1 de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2010), y de ellos 195 mil tenía antecedentes penales.
La cifra superó al anterior récord logrado durante el año fiscal 2009, que ascendió a poco más de de 389 mil inmigrantes deportados.
La cantidad de personas con cargos penales expulsadas aumentó en 81 mil en el año fiscal 2010, según las cifras de ICE.
"Este gobierno se ha centrado en velar por el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración de una manera sensata y eficaz, que le da prioridad a la seguridad pública y nacional", dijo la jefa de la seguridad de Estados Unidos, Janet Napolitano, cuando el DHS dio a conocer la cifra de expulsados.
"Esta estrategia ha producido resultados históricos, y se ha deportado a más delincuentes extranjeros condenados que nunca antes. Y se han emitido más sanciones pecuniarias que durante todo el gobierno anterior (George W. Bush 2001-2009) contra empleadores que infringen las leyes de inmigración", afirmó.
Un caso entre muchos
Cada vez que alguien toca la puerta de su casa en Santa Ana, California, Dolores da un brinco y siente que el corazón "me estalla dentro de mi pecho", dice con la voz entrecortada. "Pienso que es inmigración que viene a llevarse a mi esposo, para deportarlo como si se tratara de un criminal".
Dolores es ciudadana estadounidense y pidió mantener su identidad y la de su esposo en el anonimato "para evitar más problemas", dijo. "A él lo arrestaron en julio del año pasado por conducir el vehículo con unas copas. Venía de celebrar una victoria de la selección mexicana en el Mundial de Sudáfrica. Festejó como lo hicieron millones de fanáticos en todo el mundo".
"La policía de Santa Ana participa en el programa 287(g). Cuando lo detuvo y vio que no tenía papeles, se lo entregaron al servicio de inmigración. Y a los pocos días lo expulsaron, sin darle la oportunidad de tener su día en corte, de defenderse, de ejercer sus derechos garantizados por la Constitución", explicó, molesta. "El caso del arresto quedó abierto y fue citado a la corte. Y como no se presentó porque lo habían deportado, lo declararon fugitivo de la justicia".
'Debido proceso' en duda
"Mi esposo no se pudo defender. A las personas las pueden deportar si cometen errores, pero deben dar a todos el derecho a defenderse. Y cuando concluya el proceso, entonces pueden expulsarlos. Pero no pueden hacerlo de la manera en que lo están haciendo. Mi esposo no es criminal. Lo declararon fugitivo cuando no pudo defenderse porque lo habían deportado", subrayó Dolores.
El esposo de Dolores regresó tres meses después a Estados Unidos y se presentó a la Corte para aclarar su caso de detención por manejo en estado de ebriedad. El juez anuló el proceso, pero quedó detenido por el servicio de inmigración.
"Batallé con ellos y logramos sacarlo bajo fianza. Lo tengo conmigo y sigo bregando para que se quede. Y cuando veo la televisión y escucho las cifras que dan las autoridades, que el 50 por ciento de los que deportan son criminales, pienso en mi esposo. No les están permitiendo defenderse adecuadamente en las cortes, están violando sus derechos", dijo Dolores.
A mediados de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en las cárceles de ICE los inmigrantes sin papeles son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".
El programa 287(g) citado por Dolores fue activado por el Departamento de Justicia tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y otorga poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para que sus agentes arresten a inmigrantes indocumentados.
Más detalles
El año pasado 13,028 personas fueron deportadas luego de ser detenidas por violaciones menores de tránsito, reportó The Associated Press. La cifra representa casi tres veces más que los 4,527 casos de expulsiones ocurridas durante el año fiscal 2008 por el mismo tipo o clase de delito o falta.
El año fiscal 2008 fue el último de la administración republicana de Bush.
ICE reportó además que en los últimos 30 meses fueron deportados más de 31 mil extranjeros no convictos y más de 33 mil convictos con al menos dos delitos o faltas menores.
Para la agencia federal de inmigración el término "no convicto" significa que el inmigrante no fue hallado culpable de un delito, pero no quiere decir que el inmigrante no haya sido arrestado antes, ni que no haya reingresado al país ilegalmente o que no tenga orden de deportación, escribió AP.
Pero CHIRLA no comparte los datos de ICE y asegura que a la cifra de expulsiones con faltas que no representan una amenaza grave para la seguridad nacional de Estados Unidos, "habría que agregar otras 200 mil, de las cuales nadie habla".
"Pensamos que se trata de una maquinaria publicitaria del gobierno", dijo Cabrera. "Mientras ICE justifica su trabajo, el tren de las deportaciones puesto en marcha por el gobierno del presidente Obama no se detiene. Al contrario, está aumentando su velocidad y creemos que este 2011 también romperá récord, como lo hizo en los dos años anteriores".
Promesa de cambios
A mediados de junio John Morton, director de ICE, anunció cambios en la política de inmigración que regula el controvertido programa 'Comunidades Seguras' y aseguró que los esfuerzos estarán concentrados en individuos que hayan cometido delitos graves.
Morton dijo que los cambios se originaron en preocupaciones de las autoridades locales y de comunidades, quienes han expresado desacuerdos con el programa.
Y añadió que se creará un comité asesor para que plantee ideas a fin de reformar el programa, y reiteró que el objetivo es concentrarse en quienes hayan cometido delitos graves y no en aquellos con faltas simples.
Morton anunció además la creación de una comisión que informará de sus conclusiones a Napolitano en un plazo de 45 días, y que simultáneamente la oficina de derechos y libertades civiles del DHS ampliará sus funciones de supervisión y recopilación de datos del programa Comunidades Seguras, una de las principales herramientas con que cuenta el gobierno para deportar a extranjeros que hayan cometido faltas.
Programa en el banquillo
Las nuevas políticas instan a los agentes de policía que participan en 'Comunidades Seguras' a evitar que las víctimas y testigos de delitos terminen enfrentando procesos de inmigración que pueden llevar a su deportación.
Los críticos han dicho que 'Comunidades Seguras' desalienta a los inmigrantes de denunciar delitos.
'Comunidades Seguras' sufrió duros golpes en el primer semestre de 2011. Los estados de Massachusetts, Illinois y Nueva York se retiraron del plan y argumentaron que no cumple con los objetivos delineados por el DHS. Y también que el número de quejas por violación de derechos de individuos afectados había crecido de manera alarmante.
La misma opinión han externado legisladores de ambas cámaras del Congreso, quienes le piden al gobierno que actúe para cambiar su política migratoria basado en las deportaciones de inmigrantes.
"Las organizaciones que defendemos los derechos de los inmigrantes también hicimos el mismo pedido", dijo Cabrera. "Estamos esperando una respuesta del Presidente", concluyó.
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