Jueza federal bloquea la ley migratoria de Indiana

Univision.com* | Jun 25, 2011 | 11:05 AM

La medida se inspiró en la polémica ley SB 1070 de Arizona

INDIANAPOLIS – Al igual que sucedió con la polémica ley SB 1070 de Arizona, una jueza federal bloqueó el viernes las martes más controvertidas de la nueva ley migratoria de Indiana.
La jueza federal de distrito, Sarah Evans Barker, accedió a una petición de una orden que bloqueara provisiones de la ley, reportó The Associated Press.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), mediante su rama en Indiana, y el National Immigration Law Center, demandaron en mayo al estado. Argumentaron que la ley da a la policía poderes amplios para realizar detenciones de inmigrantes que no han cometido delitos.
"Estamos complacidos con que la corte reconoció que Indiana no puede hacer políticas de inmigración, y estamos contentos porque se reivindicaron los derechos constitucionales de los residentes de Indiana", dijo Ken Falk, un abogado de ACLU de Indiana.
La oficina del secretario de Justicia del estado argumentó que esos temores resultaban exagerados, pero Barker había señalado que le preocupaba la forma en que los agentes harían que se cumpliera la nueva ley.
Reacción del gobierno
"La determinación de hoy puede ser vista como una recusación del fracaso del gobierno federal para promulgar y aplicar una política de inmigración", dijo el viernes en un comunicado el secretario estatal de Justicia, Greg Zoeller. "Subraya el reto de Indiana y de legisladores de otros estados que han tratado de responder al fracaso de Washington".
La ACLU ha señalado que la redacción de la ley permitiría el arresto de cualquier persona contra quien hubiera una nota de acción presentada por autoridades de inmigración, un trámite que afecta virtualmente a cualquiera que solicite estar en Estados Unidos por cualquier razón.
Barker había señalado que puede tomar hasta dos semanas el tener respuesta de funcionarios federales de inmigración sobre casos específicos, tiempo que una persona arrestada bajo la ley estatal podría pasar en una cárcel en espera que funcionarios de inmigración actualizaran el procedimiento en su caso.
La otra parte bloqueada de la ley fue una medida que prohibiría a los indocumentados el uso de cédulas expedidas por consulados extranjeros como prueba de su identidad.
La ACLU calcula que el consulado mexicano en Indianápolis ha emitido aproximadamente 70 mil de esas tarjetas de identificación, y señaló que esas medidas interferirían con los tratados internacionales que permiten su expedición.
La embajada de México acreditada en Estados Unidos dijo a Univision.com que entre 2001 y 2010 sus consulados han extendido 8.3 millones de matriculas, se aceptan en 265 condados, 437 concejos la consideran un documento válido de identificación, 1,426 departamentos de policía y alguaciles la permiten, la aceptan 276 instituciones financieras y en 43 estados al menos una entidad la acepta.
Lista de iniciativas
La ley de Indiana, promulgada por el gobernador Mitch Daniels el pasado 10 de mayo, forma parte de un paquete de al menos 80 proyectos aprobados por la legislatura estatal.
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y de derechos civiles no están rechazando todas las provisiones de la ley amplia, que despojará también de ciertas deducciones fiscales a los patrones que contraten a indocumentados. El principal punto de controversia es el poder de las autoridades para realizar arrestos.
La nueva ley permite que la policía detenga a inmigrantes bajo ciertas condiciones, como si enfrentan una orden de expulsión emitida por un tribunal de inmigración. Sin embargo, la demanda presentada el mes pasado señala que algunas de las condiciones son demasiado amplias, pueden aplicarse a discreción a miles de inmigrantes y violan el requisito constitucional de una causa probable.
Por ejemplo, la ACLU señaló en la demanda que la redacción de la ley permitiría la detención de cualquiera a quien se ha emitido una notificación de las autoridades migratorias, un trámite que afecta prácticamente a toda persona que solicita estar en Estados Unidos por cualquier motivo.
"El estatuto autoriza a la policía de Indiana para arrestar a personas pese al hecho de que no exista causa probable de que esas personas hayan cometido delitos", señalaron los grupos en un informe presentado este mes.
La ley migratoria de Indiana, además de otorgar poderes extraordinarios a las policías para detener a inmigrantes que no lleven consigo documentos de identificación, convertiría en un delito el uso de credenciales de identificación expedidas por consulados extranjeros, como por ejemplo la Matrícula Consular Mexicana.
Otros detalles
Entre las legislaciones aprobadas por la legislatura de Indiana, una niega a los indocumentados el derecho de pagar las mismas cuotas que los residentes legales del estado en las universidades apoyadas por Indiana. Otra, revoca algunos créditos fiscales a empresas que contratan a indocumentados. El Senado de Indiana también aprobó una propuesta que otorga multas severas y retira licencias a compañías que contraten a inmigrantes sin papeles que demuestren su estadía legal en Estados Unidos.
Otra de las leyes emitidas, la SB 590, permite a los agentes de policía locales (estatal y municipal) pedir documentos de residencia a personas que sean detenidas por infracciones menores, como de tránsito, si el oficial tiene una “sospecha razonable” de que el detenido es indocumentado.
Otra ley obliga que documentos oficiales sean impresos sólo en idioma inglés y que no se use otro idioma ni en reuniones públicas o sitios de Internet oficiales.
La ley migratoria de Indiana también obliga a las empresas a participar en el programa federal conocido como "E-verify" para verificar el estatus legal de sus empleados. Y establece que el fiscal general del estado investigue las quejas presentadas contra las empresas e imponga acciones contra quienes violen los nuevos reglamentos.
El fiscal general de Indiana también autorizaría que la policía estatal ofrezca capacitación a la policía local para combatir la inmigración ilegal en "zonas problemáticas" del estado.
La Cámara de Comercio de Indiana, al igual que grupos defensores de los derechos de los indocumentados, se opone a las medidas e insisten en que el combate a la inmigración ilegal es tarea del gobierno federal.
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